– 01/03/2012POSTED IN: ARTÍCULOS Y OPINIÓN
Hemos defendido el territorio y lo seguiremos haciendo, como un patrimonio natural y social de la nación y de sus comunidades.
Rubén Zamora
La guerra política e ideológica es tan cruel como su expresión armada. Es increíble el grado en que se transforman y trasgreden los valores de la ética política. Ahora, el Supernotario Jorge Enrique Vélez declara que en el Catatumbo las FARC-EP han despojado unas 42 mil hectáreas con el desplazamiento de unas 110 mil personas “donde la violencia y la muerte superan cualquier percepción”.
Nada raro que lo diga en el marco de la campaña de cirugía estética al desprestigiado régimen político por la corrupción y el terrorismo de Estado. Miembros de la unidad nacional desfilan por la picota brevemente, o sus consentidos empresarios, algunos acuden al asilo político, otros como el ex comisionado Luis Carlos Restrepo no dan cara y muchos quedarán, por ahora, en la impunidad.
El 29 de mayo de 1999fue lanzado el paramilitarismo sobre el Catatumbo. Iniciativas de políticos, banqueros, narcotraficantes, empresarios, inversionistas colombianos y de las multinacionales, guiados por la ambición y el odio a una comunidad que ha resistidoy luchado, defendiendo su propia perspectiva, discordante radicalmente, del desarrollismo expoliador neoliberal.
Desde cuando en 1983 las FARC-EP surgimos en el Catatumbo, no habíamos encontrado un reto tan grande como ese. Enfrentamos una guerra por la defensa del territorio para sus naturales dueños, las comunidades campesinas e indígenas. El Supernotario omite la verdad de este nefasto acontecimiento.
Ninguna fuerza ilegal podría movilizar el equivalente a una brigada del Ejército desde Urabá,sin contar con la aprobación y custodia de altos mandos de las fuerzas militares y de policía. Mancuso y sus asesinos en masa lo hicieron limpiamente.
Sólo un objetivo podría merecer tan elevado costo, consolidar un territorio para los inversionistas y un acumulado político a los intereses de los partidos y las instituciones del Estado. Robaron tierras, ganado, vehículos, viviendas y otros bienes. Desalojaron y quemaron pueblos, masacraron, violaron mujeres, torturaron, desaparecieron a miles de víctimas, establecieron la disciplina social del terror, eligieron concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, parlamentarios y Presidente de la República. Cumplida la misión fueron recibidos como héroes por los voceros del gobierno en el marco del mal llamado proceso de justicia y paz.
El capítulo de la parapolítica en Norte de Santander sigue pendiente. Juan Manuel Corzo Román ha esquivado un paso fugaz por la Picota. La lista es larga y la encabezan Benítez Maldonado, Guillermo Mora Jaramillo, Carlos Barriga, Efraín Torrado, Ciro Rodríguez, Manuel Salvador Alcina, Luis Alberto Gómez y selectos empresarios de la región.
De aquellos episodios no dieron cuentas los altoparlantes de la guerra que derraman infamias contra las FARC-EP, sospechosa conducta que no se da por ignorancia política. Saben que no hemos quitado un metro de tierra al campesinado, pero se hace eco de una perversa campaña para liquidar la legitimidad de la insurgencia.
Hemos defendido el territorio y lo seguiremos haciendo, como un patrimonio natural y social de la nación y de sus comunidades. Ellas han sido víctimas de la miseria, la marginalidad, la política anti-social del Estado y de la guerra. Explotados de siempre por comerciantes inescrupulosos, incluidos los capos del narcotráfico que trafican sin dificultad cargamentos de cocaína en una de las zonasmás militarizada del país, por ríos y carreteras, hasta tomar rutas aéreas o marítimas a los centros internacionales de consumo.
Por la ruta sangrienta del paramilitarismo llegaron Carlos Murgas,propietario de un emporio económico Las Flores, y la USAID. El primero, maneja el negocio de la industria palmicultora y los segundos, como instrumentos de guerra política e ideológica y espías de las autoridades norteamericanas.
Reproducen el modelo monoproductor que impusieron a sangre y fuego en Urabá y Sur de Bolívar, donde mediante el terror robaron decenas de miles de hectáreas a campesinos, negritudes e indígenas. Tierras legalizadas por INCODER y las oficinas de notariado y registro que hoy representa el doctor Jorge Enrique Vélez.
De las 20 mil hectáreas sembradas con palma en el Catatumbo, miles fueron usurpadas violentamente por el paramilitarismo o adquiridas por menos precio a los desplazados por la violencia paramilitar.
La insurgencia en el Catatumbo hace parte de la resistencia que se opone al despojo y al desangre de la región. Las inversiones del capital privado, en ninguna parte del país o el mundo han resuelto alguna crisis, en contrario la agravan. Mientras la producción petrolera este mes de marzo, asciende a un millón de barriles, las ambulancia de los municipios petroleros como Tibú no tienen ni combustible para movilizarse, y los ajustes de estos insumos se establecen por las reglas del mercado internacional. Se carecen de agua potable y de otros servicios básicos. Las 50 toneladas de oro y 80 millones de toneladas de carbón explotados en 2011, han engrosado las cuentas bancarias de los inversionistas, depreciado el dólar afectando las exportaciones, enriquecido funcionarios corruptos, destruido al medio ambiente y significado una miserable vida para los trabajadores al tiempo que el saqueo a la nación.
Se nos atribuye la defensa del narcotráfico, propaganda falaz del ladrón que grita cojan el ladrón para esconder el delito. El capital del narcotráfico forma parte del mismo sistema económico y político que los colombianos hemos de cambiar para dar apertura a la sociedad que no ha sido posible porque la barbarie no tiene otro lenguaje que el de la guerra para las más esclarecidas ideas políticas que se le oponen.
El capital financiero y los inversores extranjeros, quieren hacer del Catatumbo otra fuente de acumulación y de producción de capitales. Como ocurre en otras regiones en el marco de la confianza inversionista, la prosperidad democrática y la cohesión social.
De ahí se desprende el plan de consolidación, guerra artera contra la resistencia, con el complemento de judicialización, precarias inversiones, asistencialismo, operaciones sicológicas, miserias para la población que forman parte de lo que Uribe llamó cohesión social.
Las falsas y sospechosas declaraciones del Supernotario Jorge Enrique Vélez, parecieran ser profecía a cumplirse con una campaña de extinción de dominio a 42 mil hectáreas de campesinos e indígenas bajo la argucia de un testaferrato de las FARC-EP. Lo que no pudieron alcanzar con la guerra y los desplazamientos. La única tierra que reclamamos para nosotros, es el espacio en que se requiere sepultar a las guerrilleras y guerrilleros que mueren en combate enfrentando el terrorismo oficial en defensa de los derechos conculcados a nuestro pueblo.
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