Por Patricia Grogg *
Mauricio Jaramillo, quien encabezó la delegación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia) encargada de las pláticas exploratorias con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, adelantó que los comandantes Iván Márquez y José Santriz también forman parte también del equipo negociador.
Las FARC pedirán al instalarse la mesa, el 8 de octubre en Oslo, el cese del fuego bilateral, dijo Jaramillo, nombre de combate del médico cuya identidad civil puede ser Jaime Alberto Parra.
"Tenemos a Simón Trinidad en la mesa de negociaciones", afirmó, para luego añadir que los nombres de los demás negociadores serán dados a conocer próximamente.
Marco León Calarcá, otro jefe guerrillero presente en la conferencia, precisó que Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC y va a figurar entre los negociadores "independientemente de la molestia" que pueda causar a quien sea.
Trinidad es el nombre de guerra del exbanquero Ricardo Palmera, hijo de un destacado jurista del nororiental departamento del Cesar. Arrestado en 2004 en Quito, fue llevado a Colombia y extraditado el 31 de diciembre de ese año a Estados Unidos, donde fue condenado a 60 años de prisión por conspiración y toma de rehenes. Las acusaciones de narcotráfico que pesaban sobre él finalmente no prosperaron.
Fuentes parlamentarias de Estados Unidos afirman que los gobiernos de ese país y de Colombia ya acordaron la presencia de Trinidad en Oslo, según indicó por Twitter el periodista Gonzalo Guillén, excorresponsal del diario El Nuevo Herald, de Miami.
En los contactos exploratorios para iniciar este proceso de negociaciones no se planteó el tema de una zona de despeje, pero Jaramillo indicó que en la reunión inaugural de la capital noruega se discutirá "inmediatamente" el cese del fuego bilateral.
El jefe insurgente obvió precisar con cuántos efectivos cuentan las FARC actualmente. "Somos muchos, suficientes para adelantar este proceso de confrontación con el Estado", remató.
Al confirmar el martes 4 en Bogotá el inminente inicio de conversaciones de paz con las FARC, el presidente Santos advirtió que las operaciones militares no se detendrían.
"No nos pararemos de la mesa hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano", subrayó, a su vez, el guerrillero Andrés París.
El acuerdo suscrito por las FARC y el gobierno el 26 de agosto en La Habana, que será sede permanente de las conversaciones, establece que la duración del diálogo estará sujeta a "evaluaciones periódicas de los avances".
La agenda de trabajo incluye como primer punto la política de desarrollo agrario integral, asunto considerado determinante para impulsar la integración de las regiones y el avance social y económico equitativo del país. En ese aspecto, abarca el acceso y uso de la tierra y programas de desarrollo con enfoque territorial.
Se estima que el masivo desplazamiento forzado de campesinos profundizó la concentración de la tierra en Colombia, tanto en la guerra de los años 50 como a partir de 1985, cuando comienzan las cuentas de estos abandonos involuntarios.
Cifras conservadoras calculan que, desde 1985, el conflicto armado interno ha expulsado de sus hogares a cerca de 10 por ciento de la población del país.
Entretanto, las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de 48 a 68 por ciento del registro catastral y la participación de la pequeña propiedad cayó de 15 a nueve por ciento. Mientras unos 2,2 millones de minifundistas poseen actualmente menos de tres hectáreas cada uno, 2.428 personas o entidades poseen, en promedio, 18.000 hectáreas cada una y suman 54 por ciento del registro catastral.
La agenda de diálogo también abarca, entre otros asuntos, el desarrollo con acento en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos y sistema de seguridad alimentaria.
"En la agenda están planteados temas fundamentales (…) y aspiramos a que todos estos cambios se lleven a cabo", comentó Jaramillo, quien añadió que el gobierno colombiano ha planteado que sí está en disposición de hacer reformas estructurales. El programa también plantea la participación política con garantías para la oposición.
Los insurgentes insistieron en que la única forma de resolver el conflicto es solucionando sus causas. "La lucha por la paz es la lucha por resolver los problemas que nos tienen en guerra", aseveró Calarcá.
Las FARC nacieron en 1964 y, según Calarcá, desde su origen fue una guerrilla con amplio respaldo popular.
Los representantes del grupo guerrillero negaron tener en su poder a personas secuestradas, refutaron tener vínculos con el narcotráfico y rechazaron "por principio" la extradición. "Es un problema de soberanía y defendemos eso", señaló Ricardo Téllez, otro de los insurgentes que respondieron preguntas periodísticas.
En una declaración distribuida el martes 4, el gobierno cubano de Raúl Castro dijo haber realizado "esfuerzos discretos y constructivos para ayudar a la búsqueda de una solución negociada, respondiendo siempre a una solicitud de las partes involucradas y sin influir en lo más mínimo en sus respectivas posiciones".
Confirmó además haber brindado su colaboración y apoyo para celebrar las conversaciones exploratorias, a la vez que participó como garante en las deliberaciones.
Cuba respalda el diálogo "consciente de la importancia que tiene para el pueblo colombiano y de su trascendencia para América Latina y el Caribe", agregó.
Las conversaciones tienen a Cuba y a Noruega como países garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.
Este es el tercer intento de paz entre el gobierno y las FARC, guerrilla estructurada a la manera de un ejército. El más avanzado tuvo lugar entre 1984 y 1990 y fue iniciado por el entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y terminado violentamente por César Gaviria (1990-1994) en diciembre de 1990.
* Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá)(FIN/2012)
Las FARC pedirán al instalarse la mesa, el 8 de octubre en Oslo, el cese del fuego bilateral, dijo Jaramillo, nombre de combate del médico cuya identidad civil puede ser Jaime Alberto Parra.
"Tenemos a Simón Trinidad en la mesa de negociaciones", afirmó, para luego añadir que los nombres de los demás negociadores serán dados a conocer próximamente.
Marco León Calarcá, otro jefe guerrillero presente en la conferencia, precisó que Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC y va a figurar entre los negociadores "independientemente de la molestia" que pueda causar a quien sea.
Trinidad es el nombre de guerra del exbanquero Ricardo Palmera, hijo de un destacado jurista del nororiental departamento del Cesar. Arrestado en 2004 en Quito, fue llevado a Colombia y extraditado el 31 de diciembre de ese año a Estados Unidos, donde fue condenado a 60 años de prisión por conspiración y toma de rehenes. Las acusaciones de narcotráfico que pesaban sobre él finalmente no prosperaron.
Fuentes parlamentarias de Estados Unidos afirman que los gobiernos de ese país y de Colombia ya acordaron la presencia de Trinidad en Oslo, según indicó por Twitter el periodista Gonzalo Guillén, excorresponsal del diario El Nuevo Herald, de Miami.
En los contactos exploratorios para iniciar este proceso de negociaciones no se planteó el tema de una zona de despeje, pero Jaramillo indicó que en la reunión inaugural de la capital noruega se discutirá "inmediatamente" el cese del fuego bilateral.
El jefe insurgente obvió precisar con cuántos efectivos cuentan las FARC actualmente. "Somos muchos, suficientes para adelantar este proceso de confrontación con el Estado", remató.
Al confirmar el martes 4 en Bogotá el inminente inicio de conversaciones de paz con las FARC, el presidente Santos advirtió que las operaciones militares no se detendrían.
"No nos pararemos de la mesa hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano", subrayó, a su vez, el guerrillero Andrés París.
El acuerdo suscrito por las FARC y el gobierno el 26 de agosto en La Habana, que será sede permanente de las conversaciones, establece que la duración del diálogo estará sujeta a "evaluaciones periódicas de los avances".
La agenda de trabajo incluye como primer punto la política de desarrollo agrario integral, asunto considerado determinante para impulsar la integración de las regiones y el avance social y económico equitativo del país. En ese aspecto, abarca el acceso y uso de la tierra y programas de desarrollo con enfoque territorial.
Se estima que el masivo desplazamiento forzado de campesinos profundizó la concentración de la tierra en Colombia, tanto en la guerra de los años 50 como a partir de 1985, cuando comienzan las cuentas de estos abandonos involuntarios.
Cifras conservadoras calculan que, desde 1985, el conflicto armado interno ha expulsado de sus hogares a cerca de 10 por ciento de la población del país.
Entretanto, las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de 48 a 68 por ciento del registro catastral y la participación de la pequeña propiedad cayó de 15 a nueve por ciento. Mientras unos 2,2 millones de minifundistas poseen actualmente menos de tres hectáreas cada uno, 2.428 personas o entidades poseen, en promedio, 18.000 hectáreas cada una y suman 54 por ciento del registro catastral.
La agenda de diálogo también abarca, entre otros asuntos, el desarrollo con acento en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos y sistema de seguridad alimentaria.
"En la agenda están planteados temas fundamentales (…) y aspiramos a que todos estos cambios se lleven a cabo", comentó Jaramillo, quien añadió que el gobierno colombiano ha planteado que sí está en disposición de hacer reformas estructurales. El programa también plantea la participación política con garantías para la oposición.
Los insurgentes insistieron en que la única forma de resolver el conflicto es solucionando sus causas. "La lucha por la paz es la lucha por resolver los problemas que nos tienen en guerra", aseveró Calarcá.
Las FARC nacieron en 1964 y, según Calarcá, desde su origen fue una guerrilla con amplio respaldo popular.
Los representantes del grupo guerrillero negaron tener en su poder a personas secuestradas, refutaron tener vínculos con el narcotráfico y rechazaron "por principio" la extradición. "Es un problema de soberanía y defendemos eso", señaló Ricardo Téllez, otro de los insurgentes que respondieron preguntas periodísticas.
En una declaración distribuida el martes 4, el gobierno cubano de Raúl Castro dijo haber realizado "esfuerzos discretos y constructivos para ayudar a la búsqueda de una solución negociada, respondiendo siempre a una solicitud de las partes involucradas y sin influir en lo más mínimo en sus respectivas posiciones".
Confirmó además haber brindado su colaboración y apoyo para celebrar las conversaciones exploratorias, a la vez que participó como garante en las deliberaciones.
Cuba respalda el diálogo "consciente de la importancia que tiene para el pueblo colombiano y de su trascendencia para América Latina y el Caribe", agregó.
Las conversaciones tienen a Cuba y a Noruega como países garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.
Este es el tercer intento de paz entre el gobierno y las FARC, guerrilla estructurada a la manera de un ejército. El más avanzado tuvo lugar entre 1984 y 1990 y fue iniciado por el entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y terminado violentamente por César Gaviria (1990-1994) en diciembre de 1990.
* Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá)(FIN/2012)
Fuente:
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