Un documento confidencial de 2010 de la petrolera revela que para lograr un acercamiento con el Gobierno de Ecuador, ésta autorizó a una empresa de lobby contactarse con el entonces subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, quien debía enviar directrices al presidente Rafael Correa.
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| Texpet, subsidiaria de la compañía estadounidense Texaco, supuestamente realizó trabajos de remediación en Sucumbíos y Orellana, pero la contaminación ambiental por derramamiento de crudo o aguas de formación continúa. Foto: AFP |
La petrolera estadounidense Chevron, acusada de contaminar el norte de la Amazonía ecuatoriana, buscó infiltrarse en el Gobierno de Rafael Correa para hacerle entender las “bondades” de llegar a un arreglo político en lugar de insistir en procesos judiciales, los cuales se ventilan dentro y fuera de Ecuador.
Chevron, que compró las acciones de Texaco, se valió incluso de funcionarios, políticos y expertos de EE.UU. y de Ecuador para presionar en sus objetivos, según revela un documento confidencial de la misma multinacional que data del 22 de octubre de 2010 (ver facsímil).
De esa manera, la compañía buscaba no cumplir con la sentencia de la justicia ecuatoriana y no ver mermada su imagen internacional al tener que pagar $19.000 millones por daños y perjuicios por la afectación a la flora, fauna, aire, agua y la salud de 30.000 miembros de cinco nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como de campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El documento de 2010 es dirigido por Alec Watson, de la empresa Hill & Company, a Bill Irwin, de Chevron. Watson es director de la consultora internacional Hills & Company, dedicada a proveer información y asesorar a clientes con afán de negocios especialmente en Latinoamérica, Rusia e India. Además ofrece asesoría sobre disputas legales entre clientes, socios, empleados o gobiernos extranjeros.
Watson, por su parte, fue secretario Asistente de Estado de Relaciones Hemisféricas; representante estadounidense ante la ONU; embajador en Perú; encargado de relaciones en Brasil, Colombia y Bolivia y varios países de Europa; director de desarrollo financiero y manejo de relaciones con el Congreso en conflictos económicos internacionales para el Departamento de Estado, de donde tras retirarse pasó a liderar el programa internacional “The Nature Conservancy”.
También trabajó en varias ONG, incluida la presidencia de la Fundación Panamericana de Desarrollo y la Fundación “Chapman Cox”.
Reunión al más alto nivel
En el documento confidencial, Watson comenta que se reunieron con Arturo Valenzuela, en esa época Subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El pretexto para lograr el acercamiento con Correa era la supuesta intención del gobierno estadounidense de mejorar las relaciones con Ecuador. Es por ello que señalan: “El concepto central es que el Gobierno de EE.UU. transmita a Correa que en el interés de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, cree que sería útil retirar el complicado tema de Lago Agrio de la agenda, en vez de dejar que los múltiples procesos legales se prolonguen interminablemente, como parece ser el caso”.
En ese sentido, la empresa consultora, con la venia de Chevron, destacó que el Subsecretario podía expresar a Correa: “El Gobierno de EE.UU. cree que sería mejor para todos si el Gobierno ecuatoriano entabla discusiones significativas sobre Chevron, incluyendo el juicio de arbitraje desfavorable de $700 millones contra Ecuador (que vendrá pronto); la validez de comunicados que el Gobierno ecuatoriano (en 1998, con Jamil Mahuad) dio a TexPet (subsidiaria Texaco); las Preferencias Arancelarias Andinas (Atpda), programas de desarrollo para la gente del Oriente, etc”.
Para no evidenciar la presión del Gobierno estadounidense, asimismo, se recomendaba aclarar que esas autoridades no estarán involucradas en ninguna de las discusiones ni negociaciones, pero que tratará de abrir las puertas para aquello, y que si el presidente Correa está interesado, para que la iniciativa sea exitosa, deberá nombrar a un representante totalmente autorizado.
Señalaba que ha notado que desde la perspectiva del Gobierno de EE.UU. un acercamiento con Correa demostrará el continuo interés de mejorar las relaciones y podría resultar en una resolución del tema Chevron.
Destacaba que la reunión con funcionarios del Departamento de Estado fue originalmente planeada para el 10 de septiembre (2010), pero cambiaron de fecha hasta determinar el enfoque, pues querían atraer la atención del Gobierno de EE.UU. a las importantes revelaciones del proceso de descubrimiento referente a las escenas omitidas en la película “Crudo”.
“El acercamiento que estamos proponiendo a Correa sería separado, paralelo a los procedimientos legales que deberán seguir, incluyendo los descubrimientos de ‘Crudo’ que pueden llegar a ser más complicados para los demandantes y el Gobierno ecuatoriano. Chevron debe seguir tomando medidas legales para asegurar que se pueda defender de su aplicación en los EE.UU. o en otro lugar, de cualquier decisión adversa de las cortes ecuatorianas”, añade.
Las medidas sutiles para que los funcionarios del Gobierno estadounidense se acerquen a su similar de Ecuador las toman considerando que Chevron ya había buscado, en siete ocasiones anteriores, acercarse a la administración de Correa, pero siempre fueron rechazados.
Según Watson, tras la reunión Valenzuela le respondió que estaba muy interesado y simpatizaba con la propuesta, pero “la desconfianza de Correa hacia otros fuera de su círculo es más fuerte que nunca. Está resguardado por un grupo pequeño de asesores, incluyendo el canciller Patiño, y es poco probable que simpatice con cualquier propuesta por el momento. Valenzuela precisó que es imposible contactarse directamente con Correa ahora... Entonces, cualquier acción con nuestra propuesta probablemente tendrá que esperar hasta el próximo año”.
Por ello, Valenzuela y sus colegas se plantearon algunas interrogantes, entre ellas, ¿cómo Correa podría gestionar políticamente un acuerdo con Chevron en vista del proceso judicial de Lago Agrio, la presión política y toda la retórica negativa? Y Watson contestó: “Entiendo que esto es difícil, pero Correa está en la mejor posición para resolver esto, si él quiere una solución negociada”.
“Podemos hacer referencia a las decisiones de ex fiscales generales en cuanto a que los acuerdos de liberación son legales y vinculantes. Señalé que Chevron entiende que todo acuerdo debe ser presentado como victoria para Correa, quien mostrará que ha obtenido de Chevron beneficios para la gente del Oriente y asistencia para que Petroecuador fomente esfuerzos de limpieza. El subsecretario vio que con los $700 millones del juicio de arbitraje desfavorable para Ecuador y la financiación para el desarrollo citado por Edward Scott en nuestra reunión previa, más los posibles esfuerzos de remediación ambiental, el paquete de Chevron sería muy atractivo para el Gobierno de Ecuador”, anota el documento confidencial.
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El denominado “Registros de Privilegio” presentado por la multinacional al juez de Nueva York enumera a ex funcionarios, expertos y abogados que contrató para enfrentar el caso Lago Agrio, como el ex ministro de Mahuad, Vladimiro Álvarez, quien emitió un informe para desprestigiar a la justicia local
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| Texpet dice haber cumplido con el contrato de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas, pero María Aguinda, indígena enjuiciada por Chevron en EE.UU., ha venido mostrando la realidad. Foto: AFP |
Un “Registros de Privilegio” de Chevron, presentado ante el juez de Nueva York en un juicio entablado contra los afectados indígenas y colonos que denunciaron la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, revela nombres de abogados, expertos, articulistas de medios de comunicación y ex funcionarios de gobiernos como el de Jamil Mahuad.
Las personas naturales y jurídicas que colaboraban desde Ecuador con la transnacional estadounidense para no pagar la indemnización por daños y perjuicios, a la vez asesoraban directa e indirectamente en lo que debía hacer la compañía.
DATOS
En 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, la compañía estadounidense Texaco perforó un total de 342 pozos, 549 piscinas y registró 9 derrames de crudo. Del total de piscinas, debía proceder a la remediación ambiental de 225, pero solo lo hizo en 158.
Eso se desprende de una parte del informe de auditoría especial realizado entre los años 1997 y 2000 por la Contraloría General.
Dos eran los objetivos del examen especial: Primero, determinar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de “Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Alcance de Reparación Ambiental”; y verificar que la compañía contratista haya cumplido con las compensaciones socioeconómicas.
Pese a esa y otras anomalías detectadas por esa auditoría, ninguna autoridad de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas de los gobiernos de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio ha exigido a la compañía cumplir, al menos, con la remediación del número de piscinas constantes en el RAP.
La auditoría señala que en la reparación ambiental de la región amazónica por parte de Texpet laboraron compañías que no fueron calificadas previamente por la Dirección Ambiental Hidrocarburífera, la Dirección de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Protección Ambiental.
A causa de ello existen pozos y piscinas que requieren ser remediados nuevamente, de forma técnica, y que serán mostrados hoy por el presidente ecuatoriano, en la visita que efectuará a Sucumbíos.
Ante la afectación al ecosistema y la salud humana, 30 mil indígenas, campesinos y colonos entablaron la respectiva acción legal contra la petrolera, la cual tuvo presencia en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según los respectivos estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema; además 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas fueron arrojados a los suelos y ríos y 235 mil millones de pies cúbicos de gas fueron quemados al aire.
Pese a las pruebas y estudios, la compañía estadounidense acusa al Gobierno ecuatoriano de, supuestamente, manipular la justicia para obtener un fallo favorableLa empresa señala que dichos datos son confidenciales y prueban el “esfuerzo de buena fe de Chevron” para identificar a los autores y destinatarios en relación con la disputa de Lago Agrio u otros asuntos. EL TELÉGRAFO accedió al documento, del 17 de agosto de 2011, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, de la Corte Distrital de EE.UU.
Algunos funcionarios del régimen de Mahuad, el 30 de septiembre de 1998 suscribieron el acta final con la que se avalaba que, supuestamente, Texaco (cuyos derechos y obligaciones Chevron adquirió el 9 de octubre de 2001) había cumplido con todo lo estipulado en el contrato para la “ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”, suscrito el 4 de mayo de 1995, en el régimen de Sixto Durán Ballén.
“El acta final, que se firmó con el gobierno de Mahuad fue dolosa, era mentira, era el entreguismo de los gobiernos ecuatorianos a la transnacional”, destacó el mandatario, Rafael Correa en el Enlace Ciudadano del 31 de agosto pasado.
Para los afectados y para Correa, Texaco nunca reparó en la Amazonía los daños causados en los 26 años de explotación petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El acta final fue suscrita por el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; el presidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el gerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; el vicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de esa compañía en Ecuador, a la que se denominó Texpet.
Pese a que el informe de Contraloría y los estudios de la realidad que viven los afectados confirman que Texpet solo hizo ciertas remediaciones de manera antitécnica, funcionarios de Mahuad procedieron con su rúbrica a “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobierno de Ecuador, de Petroecuador y de sus filiales”.
Nueve tipos de colaboradores
El documento “Registro de Privilegios” de Chevron (ver facsímil), desglosa a las empresas y expertos contratados por la transnacional para enfrentar el litigio en Lago Agrio (1993) y la demanda que interpusieron en contra de los denunciantes en los tribunales de Nueva York (2003). En el documento confidencial consta una clasificación:
1.- Abogados Externos: son juristas y personal que trabaja a nombre de los abogados por Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, en relación con las disputas legales entabladas por los 30.000 afectados en Lago Agrio (Sucumbíos y Orellana). Aquí constan bufetes de abogados ecuatorianos y extranjeros (vea el listado en formato pdf).
2.- Abogados Internos: actúan con capacidad legal y personal a nombre de los abogados internos de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, en relación con las controversias legales de Lago Agrio.
3.- Chevron, otros internos: es cualquier director, funcionario, empleado o contratista de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada.
4.- Abogados de interés común: son abogados, personal, agentes o representantes trabajando a nombre de Ricardo Reis Veiga o Rodrigo Pérez Pallares para los procesos penales que se sigan en su contra en Ecuador, incluyendo bufetes o personal trabajando bajo su dirección.
5.- Representantes: consultores o expertos de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, incluyendo a los traductores, compañías que gestionan documentos, consultoras de relaciones públicas, procesadoras de datos, testimonios de expertos en materias distintas al caso Chevron-Aguinda Salazar, expertos y consultoras que no dan testimonio, y empresas de seguridad.
6.- Investigador: son empresas o investigadores individuales contratados por los Abogados Externos en anticipación a litigaciones o en preparación de juicios relacionados a la controversia de Lago Agrio.
7.- Experto designado: son abogados que actúan como expertos designados al caso Chevron versus María Aguinda Salazar y los afectados de Orellana y Sucumbíos. Entre los expertos designados consta Vladimiro Álvarez Grau (exministro de Gobierno).
8.- Experto designado retirado: Son personas que actúan a favor de Chevron en el juicio contra María Aguinda Salazar. Entre ellos está el analista Walter Spurrier.
9.- Tercero calificado: Se refiere a quienes han recibido o proporcionado documentos o comunicación que es sujeto de jurisprudencia u otra protección, en donde la revelación de tal información fue efectuada con expectativa razonable para que aquello no se transmita a la parte adversa...
“Fantasía de mentiras”
El 17 de marzo de 2011, el abogado de los 30.000 afectados, Pablo Fajardo, advirtió ante la prensa que Chevron había iniciado en EE.UU. una campaña de desprestigio en contra de los demandantes y del Ecuador, la cual “ha tenido éxito en base a una fantasía de mentiras que han sido puestas ante el juez Lewis Kaplan”. Dijo aquello refiriéndose a un informe emitido por Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno de Mahuad y quien actualmente es consultor jurídico de un consorcio y articulista de un diario privado.
A decir de los afectados, el juez de Nueva York resolvió este caso de acuerdo con su criterio, el cual “está realmente equivocado”, porque se basó en el informe en donde Álvarez califica al sistema jurídico ecuatoriano como corrupto. “El juez Kaplan lo utiliza para llegar a la conclusión de que Chevron está diciendo la verdad”, destacó Fajardo.
El informe de un ex ministro de Mahuad ha servido en EE.UU. para desprestigiar a la justicia ecuatoriana
En dicho informe, Álvarez hace un análisis del sistema jurídico ecuatoriano, determinándose que “todos los jueces de Ecuador emiten criterios políticos, que son jueces corruptos, no son jueces probos, que el sistema no garantiza un trámite judicial correspondiente y adecuado”.
Según lo ha destacado Fajardo en reiteradas ocasiones ante la prensa nacional y extranjera, la intención de Chevron al presentar informes como el de Álvarez es bloquear la ejecución de la sentencia a nivel internacional. “Si bien Chevron sabe que no tiene bienes en Ecuador, teme que podamos (los afectados) recurrir a cortes extranjeras para ejecutar la sentencia”, dictaminada por la justicia ecuatoriana, que le conminó a pagar $19.000 millones por daños y perjuicios ambientales y a la salud de los habitantes de cinco nacionalidades indígenas: cofanes, sionas, secoyas, waoranis y kichwas, así como a campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Chevron, según reveló ayer EL TELÉGRAFO, intentó en 2010 cercar al Gobierno de Rafael Correa negociando con altos funcionarios de EE.UU., enjuició a los representantes de los afectados, por el presunto delito de fraude, en el Distrito Sur de Nueva York. En dicho juicio se presentaron los “registros de privilegio” de corporación Chevron, como parte de la primera serie de peticiones de los también demandados Hugo Camacho Naranjo y Javier Piaguaje.
Cofanes, sionas, secoyas, waoranis y kichwas sienten la afectación en su salud por la contaminación
Dentro de este caso, la semana pasada Chevron pidió al juez de Nueva York que los ecuatorianos y sus abogados no sean escuchados por un jurado respecto a la contaminación ambiental ni sobre los intentos de soborno y otras presiones ejercidas por la petrolera en el juicio. Ello implicaría que, aunque el juicio en Nueva York está relacionado con el litigio ambiental de Ecuador, no se considerarían estudios, pruebas, resultados de muestras o imágenes (fotos o videos) relacionados con la contaminación y el juicio ecuatoriano; ni con los procedimientos antitécnicos de remediación de TexPet, subsidiaria de Texaco.
Según le dijo Fajardo a EL TELÉGRAFO, con ese pedido Chevron demuestra que tiene miedo de que el jurado y la opinión pública conozcan el crimen real y los actos de corrupción que cometió en Ecuador. Por eso trata de impedir que hablen de temas vinculados con el daño provocado en la selva amazónica: además de los sobornos a los exjueces Alberto Guerra y Diego Borja; los fraudes en las inspecciones judiciales; extorsiones a laboratorios, entre otros.
Cambio de discurso
Rodrigo Pérez Pallares, que pertenece al grupo de Abogados de Interés Común de Chevron, trató de que el caso se ventilara en el país y no ante la justicia estadounidense cuando la petrolera tenía injerencia en la justicia ecuatoriana.
Según documentos, el 4 de abril de 2000 Pérez Pallares sostenía: “En mis declaraciones juramentadas anteriores describí varios juicios y procesos administrativos que han sido presentados contra TexPet en
Ecuador y en ninguno de esos procedimientos hubo denuncias sobre injusticia o corrupción en el sistema administrativo o judicial del Ecuador”. Pero, tras la sentencia contra Chevron, él y otros colaboradores tratan de desprestigiar a la justicia.
Hace más de un lustro, en la Fiscalía se abrió una indagación previa contra Pérez Pallares y Reis Veiga a causa de una denuncia de la Contraloría, por el delito de falsificación ideológica, por la falsa remediación que hicieron en la Amazonía.
Pérez Pallares tenía asesores que trabajaban exclusivamente en los procesos penales contra él en Ecuador, entre ellos, Andrés Rivero, quien -según publicó EL TELÉGRAFO del 5 de febrero pasado (bajo el título Tres agentes de Kroll trabajan en Quito al servicio de Chevron)- se vio implicado con Kroll Ontrack, compañía estadounidense que ayudaría a Chevron a “recuperar datos y sumar testigos a su favor en el país.
Afectados denunciaron que personal contratado por Chevron llega a Ecuador para reclutar testigos como Alberto Guerra, ex juez de la Corte Superior de Sucumbíos, quien por un supuesto cobro de $316.000 dice que la sentencia contra la compañía fue redactada clandestinamente fuera de la Corte, por abogados de los demandantes. Asimismo, pretendieron intimidar a Nicolás Zambrano (escuche el audio en la web), ex titular de la Corte de Sucumbíos que sentenció a la petrolera a pagar la indemnización de 19.000 millones. (Ver video Protestas de ecuatorianos en New York contra Chevron
Según lo ha destacado Fajardo en reiteradas ocasiones ante la prensa nacional y extranjera, la intención de Chevron al presentar informes como el de Álvarez es bloquear la ejecución de la sentencia a nivel internacional. “Si bien Chevron sabe que no tiene bienes en Ecuador, teme que podamos (los afectados) recurrir a cortes extranjeras para ejecutar la sentencia”, dictaminada por la justicia ecuatoriana, que le conminó a pagar $19.000 millones por daños y perjuicios ambientales y a la salud de los habitantes de cinco nacionalidades indígenas: cofanes, sionas, secoyas, waoranis y kichwas, así como a campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Chevron, según reveló ayer EL TELÉGRAFO, intentó en 2010 cercar al Gobierno de Rafael Correa negociando con altos funcionarios de EE.UU., enjuició a los representantes de los afectados, por el presunto delito de fraude, en el Distrito Sur de Nueva York. En dicho juicio se presentaron los “registros de privilegio” de corporación Chevron, como parte de la primera serie de peticiones de los también demandados Hugo Camacho Naranjo y Javier Piaguaje.
Cofanes, sionas, secoyas, waoranis y kichwas sienten la afectación en su salud por la contaminación
Dentro de este caso, la semana pasada Chevron pidió al juez de Nueva York que los ecuatorianos y sus abogados no sean escuchados por un jurado respecto a la contaminación ambiental ni sobre los intentos de soborno y otras presiones ejercidas por la petrolera en el juicio. Ello implicaría que, aunque el juicio en Nueva York está relacionado con el litigio ambiental de Ecuador, no se considerarían estudios, pruebas, resultados de muestras o imágenes (fotos o videos) relacionados con la contaminación y el juicio ecuatoriano; ni con los procedimientos antitécnicos de remediación de TexPet, subsidiaria de Texaco.
Según le dijo Fajardo a EL TELÉGRAFO, con ese pedido Chevron demuestra que tiene miedo de que el jurado y la opinión pública conozcan el crimen real y los actos de corrupción que cometió en Ecuador. Por eso trata de impedir que hablen de temas vinculados con el daño provocado en la selva amazónica: además de los sobornos a los exjueces Alberto Guerra y Diego Borja; los fraudes en las inspecciones judiciales; extorsiones a laboratorios, entre otros.
Cambio de discurso
Rodrigo Pérez Pallares, que pertenece al grupo de Abogados de Interés Común de Chevron, trató de que el caso se ventilara en el país y no ante la justicia estadounidense cuando la petrolera tenía injerencia en la justicia ecuatoriana.
Según documentos, el 4 de abril de 2000 Pérez Pallares sostenía: “En mis declaraciones juramentadas anteriores describí varios juicios y procesos administrativos que han sido presentados contra TexPet en
Ecuador y en ninguno de esos procedimientos hubo denuncias sobre injusticia o corrupción en el sistema administrativo o judicial del Ecuador”. Pero, tras la sentencia contra Chevron, él y otros colaboradores tratan de desprestigiar a la justicia.
Hace más de un lustro, en la Fiscalía se abrió una indagación previa contra Pérez Pallares y Reis Veiga a causa de una denuncia de la Contraloría, por el delito de falsificación ideológica, por la falsa remediación que hicieron en la Amazonía.
Pérez Pallares tenía asesores que trabajaban exclusivamente en los procesos penales contra él en Ecuador, entre ellos, Andrés Rivero, quien -según publicó EL TELÉGRAFO del 5 de febrero pasado (bajo el título Tres agentes de Kroll trabajan en Quito al servicio de Chevron)- se vio implicado con Kroll Ontrack, compañía estadounidense que ayudaría a Chevron a “recuperar datos y sumar testigos a su favor en el país.
Afectados denunciaron que personal contratado por Chevron llega a Ecuador para reclutar testigos como Alberto Guerra, ex juez de la Corte Superior de Sucumbíos, quien por un supuesto cobro de $316.000 dice que la sentencia contra la compañía fue redactada clandestinamente fuera de la Corte, por abogados de los demandantes. Asimismo, pretendieron intimidar a Nicolás Zambrano (escuche el audio en la web), ex titular de la Corte de Sucumbíos que sentenció a la petrolera a pagar la indemnización de 19.000 millones. (Ver video Protestas de ecuatorianos en New York contra Chevron
Documental: La verdad sobre Chevron en la Amazonia Ecuatoriana
Escuche la conversación que evidencia la presión del abogado de Chevron, Andrés Rivero, en contra del exjuez y presidente de la Corte de Sucumbíos, Nicolás Zambrano.
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Fuente: http://www.telegrafo.com.ec
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