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viernes, 19 de mayo de 2017

¿Es hora de disolver la Organización de Estados Americanos?

Por Carlos Santa María


Definitivamente sí. Y las razones proceden de esta institución misma denominada por analistas serios como Ministerio de Colonias, debido fundamentalmente a su forma vasalla de proceder en América, obedeciendo en la mayoría de decisiones al gobierno estadounidense.
Su origen es la Conferencia Internacional Americana de Bogotá en 1948 con el objetivo de desarrollar la democracia y la libertad continental, a partir de la orientación eficaz de Washington. No obstante, destaca en su historia el silencio ante las dictaduras militares, los golpes suaves, respecto a las desapariciones forzadas y a los asesinatos de periodistas, líderes políticos y sociales, su apoyo al neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares y las guerras económicas, en un proceso intervencionista y golpista. La primera bandera de la extrema derecha en la OEA fue el derecho a la libertad de expresión, enriquecido con un arsenal mediático de comunicación privada donde manipulan la realidad con total impunidad.
Cabe resaltar su posición en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, donde el Comandante Ernesto Guevara denunció a USA por su constante desestabilización de la revolución cubana y los intentos de invadir el país; asimismo, por la política de domesticación de América Latina, posición que condujo a la expulsión de Cuba del organismo y al rompimiento de relaciones diplomáticas con ella de todas las naciones miembros, excepto México.
Este permanente beneficio que obtienen las élites americanas de la OEA se subraya por el mutismo cómplice en el derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, la invasión a Playa Girón en abril de 1961 y el desembarco de marines estadounidenses en República Dominicana en 1965 (1).
Destaca nuevamente la “neutralidad” frente a la invasión inglesa a Las Malvinas (1982), el asesinato del Primer Ministro de Grenada, Maurice Bishop, en 1983, mirando hacia otro lado en los conflictos bélicos de Centroamérica y ante la invasión a Panamá en 1989. La OEA calló al conocer la Operación Cóndor, plan organizado por la CIA para destruir soberanía e instaurar dictaduras afectando a Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde el asesinato, desaparición y mutilación, fueron herramientas de represión que desarticularon la oposición democrática.
Venezuela parece ser en este siglo el principal país a desestabilizar pues la Organización de Estados Americanos no condenó el golpe de estado y caos programado en abril de 2002, ni en el 2014, ni la violencia bachaquera, proponiendo la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA con el fin de aislar a dicha nación avalando la brutal guerra económica que propicia conflicto, escasez, acaparamiento, contrabando, liderazgo violento, paramilitarismo e invasión (2).
Tres hechos son importantes de analizar: uno, en junio de 2009 la Asamblea General de la OEA, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, eliminó la resolución que en 1962 expulsó a Cuba de ese foro, sosteniendo la incompatibilidad del marxismo-leninismo con el Sistema Iberoamericano y que el alineamiento con el bloque comunista quebrantaba la unidad y solidaridad del hemisferio, lo que corrobora la ideología intransigente de Washington. Dos, la OEA fue, es y será un instrumento de dominación imperialista y ninguna reforma podría cambiar su naturaleza, ni su historia, por eso Cuba jamás regresará, ha escrito Fidel Castro.
Tres, América Latina debe apostar por mecanismos regionales de integración donde la complementariedad, el respeto y la solidaridad sean sus principios para las relaciones entre los pueblos. Posiblemente la actitud más digna sería el desacato a todas sus resoluciones por representar a un solo país, Estados Unidos, lo que demostraría a quien está supeditado políticamente en tanto órgano de poder, denunciando persistentemente su atroz historia de “infidelidades” con la verdad, la democracia y la justicia social en América.
Tal vez la Carta Democrática debería aplicarse a países que han sufrido una cruenta represión o guerra civil como México, Colombia, Honduras, Paraguay, entre otros; aplicarla a gobiernos neoliberales que auspician los golpes “suaves” o violentos como Honduras, Paraguay y Brasil; aplicarla a la violación de los derechos económicos como en Perú, Argentina o Chile; aplicarse a las cruentas dictaduras de los setenta, las que nunca fueron excluidas de este órgano.
En lo que concierne a Almagro, reconocido funcionario de ultra derecha que ostenta el cargo de Secretario General, no es necesario hablar ya que su rol persecutor de Venezuela se ha convertido en su principal tarea, obviamente compartiendo las indicaciones entregadas por el Pentágono y llevando al límite la función de dicha organización como instrumento ideológico de las grandes élites dominantes en América Latina. Como ha sido comprobado, no ha sido la OEA un organismo autónomo y soberano que haya realizado fuertes acciones en apoyo a los gobiernos populares. Por el contrario, siguiendo las órdenes del gobierno estadounidense siempre ha atacado a las naciones que han iniciado proyectos de independencia social.
Cabría preguntarse si la postura de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que por unanimidad rechazó la iniciativa de ley Nica Act 2 que impulsa el Congreso de USA para controlar el financiamiento de entidades bancarias multilaterales, sería aceptado por los representantes en la OEA, especialmente bajo el argumento de la Casa Blanca según el cual en esta nación centroamericana no existe democracia y es un país vulnerable ante el lavado de dinero. La respuesta es evidente. 


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