La cifra, que corresponde a los últimos 8 años, la expuso el alto tribunal en audiencia para hacer seguimiento a la sentencia que declaró estado de cosas inconstitucional.
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La cifra, que corresponde a los últimos 8 años, la expuso el alto tribunal en audiencia para hacer seguimiento a la sentencia que declaró estado de cosas inconstitucional.
Las imágenes que cada semana se conocen en La Guajira de los sepelios en los que se despiden a los niños wayuu muertos por desnutrición, no se han detenido a pesar de los fallos, sentencias y órdenes para que se tomen medidas sobre el tema.
Desde hace ocho años y hasta la fecha, 4.770 menores dejaron sus vidas en hospitales y rancherías, convirtiéndose en escalofriantes cifras que no han sensiblizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo.
Al dar a conocer esta triste realidad, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos afirmó que “esto es una barbarie”.
Lo hizo en la audiencia pública en la que el alto tribunal, junto a la Procuraduría General de la Nación, abordó en Riohacha las “problemáticas estructurales” que se describen en la sentencia T302, a través de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira, donde este año han muerto 39 niños por desnutrición o causas asociadas a esta.
Las razones de estas muertes han sido diversas: la falta de agua, las deficiencias de la atención en salud, falta de alimentos, corrupción, crisis fronteriza e incluso la falta de vías de acceso a las comunidades más dispersas de La Guajira.
Según lo afirmó la Corte Constitucional en esa sentencia, las estadísticas de niños muertos por desnutrición “confirman una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil, y es que los niños y niñas wayuu todos los meses mueren de hambre”.
Agrega en la declaratoria de cosas inconstitucionales, que es una situación que tiene múltiples causas y que a la vez debe ser atendida en al menos tres frentes o ejes temáticos: alimentación, agua y salud.
Dice igualmente que esta división temática, acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus medidas cautelares otorgadas a favor del pueblo wayuu en el 2015, también se refleja en los planes del Gobierno nacional formulados en respuesta a las distintas órdenes judiciales.
“En los tres ejes descritos, la situación actual sigue siendo crítica, y han seguido ocurriendo nuevos hechos. Fundamentalmente, han ocurrido nuevas vulneraciones absolutas y definitivas del derecho a la vida de niños y niñas, a pesar (i) de las distintas órdenes que han proferido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, (ii) de los distintos planes, programas, iniciativas, alianzas y acciones del
Gobierno Nacional, (iii) de la acción constante de los órganos de control y de la Superintendencia Nacional de Salud para llamar la atención sobre las irregularidades que dan lugar a desnutrición y en últimas a la muerte de niños, y (iv) a pesar de los recursos presupuestales asignados para la atención de los niños wayuu y a pesar de la movilización de las comunidades y de la sociedad civil para superar esta situación”, se lee en el documento de la Corte.
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Dos sepelios de niños wayuu en La Guajira que murieron a causa de desnutrición o causas asociadas a esta.
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Acción de las instituciones no ha sido suficiente
La Corte Constitucional pudo constatar esta vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayuu.
Por este motivo observó que en La Guajira se presenta un estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu.
Sin embargo, dice que “la Sala debe reconocer el esfuerzo de las distintas entidades para hacer frente a esta crisis y para buscar alternativas para su superación. Sin embargo, las acciones implementadas por las diferentes entidades estatales tienen deficiencias que afectan el objetivo principal de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las niñas y los niños wayuu”, indica la sentencia.
Explica más adelante que estos planes y programas no tienen una cobertura universal y no cuentan con una sostenibilidad a largo plazo, además de la inexistencia de coordinación entre las diferentes entidades a nivel nacional y territorial.
Ordena por ende que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional constatado
La acción de tutela sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional fue interpuesta por Elson Rafael Rodríguez Beltrán contra la Presidencia de la República, los ministerios de Salud y Protección Social, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Los líderes esperan que la situación cambie
El líder wayuu Gustavo Valbuena de la zona norte extrema de la Alta Guajira, aseguró en su intervención en la audiencia que hace falta algo fundamental en el departamento y es que las entidades no tienen información estadística y por eso cualquier política pública está destinada a fracasar.
“Son necesarios varios aspectos, que haya transparencia en el manejo de recursos públicos, que haya sostenibilidad en las acciones y que haya un diálogo genuino con las comunidades, porque debe ser el estado el que se adecúe a los pueblos indígenas y no al contrario”, explicó.
Dijo además que algunas instituciones no quieren aceptar esta sentencia, porque “son campeonas en eludir las responsabilidades de las órdenes judiciales”.
Ever Epinayu, líder del municipio de Manaure, reconoce que nada de lo ordenado en la sentencia se ha cumplido, pero que el hecho de que la Corte y la Procuraduría lleguen a La Guajira les da una esperanza de que las cosas puedan cambiar.
“Clase política también es responsable”
En la audiencia, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró: “la clase política de La Guajira ha sido insensible a las necesidades de la población infantil, especialmente con los niños y niñas wayuu”.
Al afirmar también que “cada muerte por desnutrición es una tragedia humanitaria que no podemos dejar pasar”, el jefe del Ministerio Público añadió que la clave para solucionar la violación sistemática a los derechos humanos en el departamento está en el diseño y ejecución de planes conjuntos para dar cumplimiento a las órdenes del alto tribunal.
“Creo que se debe tener la capacidad de atacar sectorialmente las diferentes problemáticas, con herramientas efectivas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, partiendo de la base de que la peor forma de corrupción es precisamente la violación de los derechos fundamentales”, manifestó Carrillo.
El procurador anunció que están listos para iniciar las acciones disciplinarias, si se siguen dando estos incumplimientos.
Peticionario no fue invitado a la audiencia pública
Como un acto de discriminación calificó el líder wayuu Javier Rojas el hecho de que no invitaran a la asociación que dirige, Shipia Wayuu, a la audiencia pública en La Guajira para abordar las “problemáticas estructurales” y hacer seguimiento a la sentencia T302 del alto tribunal, que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento.
Rojas, quien fue el peticionario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu, afirma que “la Corte Constitucional nos sigue desconociendo a pesar de que esa declaratoria se deriva del incumplimiento de las medidas cautelares que nosotros solicitamos en el 2015”.
Añadió que este es un largo trabajo que viene haciendo hace varios años, a través del cual se han producido varias sentencias que han protegido el derecho de la comunidad y sin embargo dice que el Estado sigue incumpliéndolas.
“El Estado colombiano en su conjunto siempre me ha desconocido como interlocutor por nuestra fuerte voz que hemos alzado en rechazo a las continuas muertes de los niños wayuu por desnutrición en nuestros territorios”, aseguró.
El líder de Shipia Wayuu asegura que “detrás de esta situación están movimientos, organizaciones y liderazgos que se opusieron cuando solicitamos las medidas cautelares y estábamos buscando apoyos, pero que ahora si quieren darse palmadas en el pecho, porque tienen un objetivo oscuro, ahora si se acuerdan que los niños se mueren y que hay sed en las comunidades”.
Dijo que nadie antes había levantado la voz, ni llevaron el caso a las cortes internacionales a pedir por los wayuu. “Ni senadores, ni representantes, tampoco líderes indígenas, inclusive”, manifestó.
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