Sergio Pintado
El Gobierno ecuatoriano comenzó a flexibilizar restricciones a dos semanas de comenzar el estado de excepción, tras asegurar que la medida dio sus primeros frutos. En diálogo con Sputnik, el experto Daniel Pontón consideró que "aún es prematuro" saber si las acciones fueron efectivas y subrayó la dificultad para establecer un "objetivo claro".
Dos semanas después de haber declarado el "conflicto armado interno" en el país, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dispuso la flexibilización del toque de queda en algunas circunscripciones en las que la cantidad de homicidios ha disminuido, de acuerdo a datos oficiales.
De hecho, el propio Noboa aseguró que desde la aplicación del estado de excepción "hay menos muertes violentas" y "más tranquilidad" en el país. Según la Policía ecuatoriana, la cantidad de homicidios diarios pasó de 27,5 antes del estado de excepción, a 10,9 tras los primeros días de su aplicación. Además, los uniformados informaron de la detención de 3.052 personas entre el 9 y el 22 de enero, de las cuales 158 fueron imputadas por presunto terrorismo.
"Por el momento estamos viendo una etapa disuasoria normal en un estado de excepción con toque de queda, declaración de conflicto interno y alta presencia de Fuerzas Armadas en el territorio y colaboración con la Policía. Por más que el Gobierno diga que hay una reducción significativa de las muertes violentas, era algo esperado que eso pasara", dijo a Sputnik el sociólogo y experto en seguridad Daniel Pontón.
El analista señaló que los más de 3.000 detenidos reportados por la Policía ecuatoriana "no son todos miembros de bandas criminales", ya que muchos están vinculados con delitos comunes. Además, consideró que el porcentaje de detenidos vinculados con presuntos actos terroristas "es mucho menor" al total.
Para Pontón, la propia naturaleza del problema de seguridad que afronta Ecuador hace difícil prever el impacto real que las primeras semanas de estado de excepción tienen en el combate a los grupos criminales. "Pueden detenerse a ciertos cabecillas, pero el problema es que estas organizaciones operan de una manera muy fragmentada, no están claramente definidas y a veces es muy complicado establecer dónde empieza y dónde termina una organización", argumentó.
El experto ecuatoriano consideró que entre las claves para reducir los índices de homicidio está que las instituciones puedan aportar "una correcta dotación policial para prevenir el delito y evitar que los factores de riesgo se sigan propagando". En ese sentido, enfatizó la importancia de "trabajar en Inteligencia y en la Justicia" para combatir la proliferación de armas y "mejorar los índices de impunidad". Asimismo, enumeró como uno de los factores determinantes uno en el que el Gobierno de Noboa apunta directamente: el control de las cárceles.
De todos modos, el sociólogo se mostró expectante en cuanto a poder valorar los resultados de las políticas aplicadas por el Gobierno ecuatoriano, a tan pocos días de la declaración de emergencia. "Creo que todavía es prematuro poder anticipar resultados a mediano y largo plazo, porque obviamente ahora va a haber un proceso de relajamiento de medidas y habrá que ver qué pasa", sostuvo.
En efecto, los resultados mostrados por el Gobierno de Noboa como positivos llevaron a la relajación de algunas de las medidas. Además de reducir el horario de toque de queda en algunas ciudades o eliminarlo en otras, el Gobierno dispuso el regreso a clases presenciales en escuelas de todo el país, luego de días en que funcionaron de manera virtual.
Pontón opinó que se trata de "una medida adecuada siempre que se tomen las previsiones correctas". El analista recordó que, además de una crisis de seguridad, el país sudamericano atraviesa "una crisis económica y social" que dificultaba que muchas familias ecuatorianas pudieran afrontar para mantener la virtualidad en el tiempo. Algo similar sucedió con el sector turístico, otra de las industrias que más reclamó una apertura producto de las cuantiosas pérdidas que la emergencia generó.
"El estado de guerra siempre va a ser costoso, más cuando no se tiene un objetivo claro. Por más que se diga cuáles son las bandas criminales, su mismo funcionamiento hace que sea complicado tener su aniquilamiento como objetivo claro. Por tanto es una guerra que con el tiempo se va a tender a agotar por la misma dinámica del conflicto", aseveró.
En esa línea, advirtió que el alto costo operativo que tiene el conflicto "hace pensar que no es una guerra sostenible a largo plazo", aun cuando el Gobierno ecuatoriano ha adoptado medidas intentando hacerse de recursos para el combate a las bandas criminales.
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