El Gobierno de Venezuela denunció ante la comunidad internacional la confiscación en República Dominicana de una aeronave de uso presidencial, y la cual fue ejecutada por autoridades estadounidenses. Según Caracas, esta acción constituye una práctica 'criminal' y de 'piratería'.
"Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que, una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República", detalló el documento publicado por el canciller de este país sudamericano, Yván Gil, en su canal oficial de Telegram.
Se trata de una aeronave Dassault Falcon 900EX que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos y utilizada en beneficio del presidente Nicolás Maduro y sus representantes
La aeronave fue incautada en la República Dominicana y transferida al Distrito Sur de Florida a petición de Washington, que argumenta violaciones cometidas a las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional", afirmó el Gobierno de Caracas.
"Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales", añadió la Cancillería venezolana.
"Este es un ejemplo del supuesto 'orden basado en reglas', el cual, despreciando al derecho internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad", agregó el Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Caracas afirmó, asimismo, que se reserva del derecho de emprender cualquier acción legal "para reparar este daño a la nación, así como los otros daños causados por la política criminal de medidas coercitivas unilaterales".
El país sudamericano sostiene que dicha acción forma parte de una escalada de acciones contra Venezuela desde las elecciones del pasado 28 de julio.
"Venezuela se respeta y continúa defendiendo con firmeza su dignidad y soberanía", concluyó.
Según el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, la aeronave fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para ser utilizada por el presidente Maduro y sus aliados.
"El Departamento continuará persiguiendo a aquellos que violan nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos", añadió Garland.
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