Desde Bolivia
Periodista argentino, estudió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Vive en Bolivia desde 2007, donde ha trabajado para distintas instituciones de la sociedad civil y como comunicador de organizaciones indígenas campesinas. Entre 2008 y 2018 escribió para el diario Página 12 de Argentina y desde septiembre de 2020 es corresponsal de Sputnik en Bolivia.
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Una marcha indígena que inició con organizaciones de los departamentos de Pando y Beni se dirige hacia La Paz. Aunque el Gobierno logró desmovilizar a una parte de la protesta, los amazónicos continúan con su caminata para exigir la abrogación de la ley 1720, que modifica el régimen de tenencia de tierra para pequeñas propiedades familiares.
Bolivia vivirá un 1 de mayo inesperado, con protestas sociales que presionan al Gobierno de Rodrigo Paz. Este 30 de abril, al menos tres marchas se dirigen hacia la ciudad de La Paz con exigencias al Ejecutivo. Una movilización de maestros ingresará por El Alto; una segunda entrará por el barrio de Villa Fátima, protagonizada por choferes descontentos con la provisión y calidad de combustible, y una tercera marcha indígena se encuentra a 100 kilómetros de la Casa Grande del Pueblo, en reclamo por la ley 1720, que modifica el régimen de tenencia de tierras.
Se estima que las movilizaciones confluyan en la ciudad de El Alto, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), donde se prevé la realización de un cabildo que tomará decisiones sobre el futuro político del país. Los obreros dialogan con el Gobierno sobre un pliego petitorio que incluía la demanda de un aumento salarial del 20%, propuesta descartada por Paz y las cámaras empresariales.
En el caso de la marcha indígena campesina, partió el pasado 6 de abril del municipio de Porvenir, en el departamento amazónico de Pando. Los participantes exigen la abrogación de la ley 1720, que habilita a las pequeñas propiedades agrarias (de hasta 500 hectáreas) a declararse como medianas propiedades, para de este modo acceder a créditos y financiamiento bancario dejando la tierra como prenda.
Pero la Constitución vigente desde 2009 establece que las pequeñas propiedades agrarias son un bien familiar, inembargable e intransferible. Por ello, las organizaciones campesinas indígenas sostenían que la ley 1720 quebranta este fundamento constitucional.
Lo anterior, argumentan debido a que si un campesino solicita un crédito y no puede pagarlo, el banco se quedaría con su propiedad para venderla posiblemente a otro terrateniente, el cual de esta manera engrosaría sus dominios.
En Bolivia, por un referéndum también de 2009, se definió que la máxima cantidad de tierra que puede poseer una persona es 5.000 hectáreas. Pero la Fundación Tierra informó a Sputnik que grandes agroindustriales del oriente boliviano encontraron diversos recovecos legales para amasar cantidades superiores.
En ese contexto, salieron cientos de indígenas y campesinos a la carretera, con destino a la Casa Grande del Pueblo, para exigir la atención del presidente Paz. Durante el transcurso, se sumaron más personas hasta alcanzar las 3.000. En varias oportunidades se reunieron con representantes del Gobierno, pero el diálogo no tuvo resultados.
El presidente Paz sostiene que la ley 1720 da la opción a las familias campesinas de pasarse a las medianas propiedades, pero no es una obligación. Los indígenas movilizados indicaron a Sputnik que de todos modos se avasalla el espíritu de la Constitución, la cual define a la tierra como un bien familiar para el desarrollo cultural y para garantizar la seguridad alimentaria. Con la nueva normativa consideran que pasaría a considerarla como un mero bien mercantil.
El pasado 26 de abril la marcha llegó al municipio de Caranavi, ya a 170 kilómetros de la sede de Gobierno. Allí se reunieron con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz, quien logró convencer a los marchistas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), quienes el 28 de abril abandonaron la movilización y volvieron a sus hogares. Aunque no se conocieron los términos del acuerdo, se habrían dado las garantías necesarias sobre las tierras de las familias pandinas.
Desde el 27 de abril, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) inició el bloqueo indefinido de carreteras en el norte del departamento de La Paz, que justamente comprende a la zona por donde transita la marcha.
Los interculturales se solidarizan con esta movilización y reclaman por la mala calidad del combustible, que en los últimos meses arruinó miles de motores de vehículos de toda Bolivia. Además, dieron un paso más allá: exigen la renuncia del Gobierno porque lo consideran incapacitado para resolver las problemáticas actuales.
Por las carreteras de Yungas
En la marcha quedaron solamente los indígenas, agrupados fundamentalmente en la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB). Al anochecer del día 28, dejaron Caranavi para caminar 35 kilómetros hasta la comunidad de El Choro. A pesar de que las filas quedaron reducidas, no dejaba de sonar la tamborita para amenizar el recorrido, entre los imponentes paisajes boscosos de las Yungas paceñas.
En El Choro dialogaron con Sputnik, mientras unos armaban carpas, otros se hacían atender los pies lastimados por el suelo pedregoso, algunos más reunían alimentos de las donaciones que llegan para las ollas comunitarias.
Víctor Yba Palacios, presidente de la CPEMB, dijo a este medio: "Estamos contentos porque estamos ya acercándonos a la sede de Gobierno. Estos días han sido muy duros, son varios kilómetros que estamos recorriendo. Se nota el cansancio, se nota el cambio del clima. Pero bueno, agradecemos la acogida que nos brindan los hermanos de La Paz".
Yba, del pueblo Mojeño, explicó que ya tuvieron cinco reuniones con el Gobierno, pero ninguna con resultados: "La única solución es que baje el presidente Paz para dar solución a todas las demandas territoriales y de la CPEMB".
Y evaluó que la ley 1720 "perfora el carácter colectivo, inembargable e inalienable de los territorios. Estamos en la carretera porque ese no es un regalo, nos ha costado sufrimiento. Le agradecemos a nuestros ancestros porque gracias a ellos tenemos territorios, tenemos nuestra casa grande, tenemos toda la biodiversidad que gozamos en las comunidades"
"Que el Gobierno nos escuche"
Carmelo Áñez Racua es cacique de la comunidad Bella Selva en el departamento amazónico de Beni. "Esperamos que el Gobierno nos escuche en el reclamo que tenemos. Porque esto no es por una causa política. Esta es una decisión que viene de las bases, desde abajo, para llegar a La Paz y sentarnos con el Gobierno central. Ya hemos estado con ministros en diálogo para que se respete nuestra Madre Tierra", comentó en entrevista con Sputnik.
El cacique es descendiente de Bruno Racua, declarado Héroe Nacional en 2003 por su desempeño en la Guerra del Acre, que enfrentó a Bolivia con Brasil entre 1899 y 1903. En la batalla de Bahía, en 1902, el ancestro de Áñez causó graves daños a las tropas brasileñas, al quemar numerosas provisiones con flechas incendiarias.
Bertha Bejarano es una histórica líder de los pueblos indígenas, a quienes actualmente representa en la Asamblea Legislativa Departamental beniana. Lideró la VIII y la IX marcha indígena, en 2011 y en 2012, en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por donde el Gobierno nacional pretendía tender una carretera.
En 2011 estuvo entre las familias indígenas reprimidas por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) en la población beniana de Chaparina, con la intención de desarticular esa movilización. Pero se logró el efecto contrario: la VIII marcha llegó a La Paz con gran apoyo de la población y hasta ahora logró su cometido.
La marcha actual (la X) ya pasó por la Amazonía, ahora le toca la región de Yungas y pocos kilómetros más adelante entrará a las gélidas cumbres del Altiplano. "Ahora nos toca lo más difícil, porque hay que subir a lo más alto de La Paz. Siempre nos afecta el clima, porque no estamos adecuados a esa temperatura. Hay hermanos que están mal, están rengos, con ampollas. En las marchas pues siempre se sufre", dijo a Sputnik.
Y agregó: "Es difícil para nosotros, pero es la única manera de decirle al Gobierno nacional que respete derechos indígenas y nuestras leyes". Se prevé que este 30 de abril la marcha pernoctará en la población de Yolosita, ya a 97 kilómetros de su destino.
