Desde que la OTAN falsificó deliberadamente el expediente libio para arrogarse el derecho de destruir Libia y asesinó a su Guía para sumirla en el caos, Saif al-Islam Kadhafi es la única personalidad capaz de unir rápidamente las diferentes tribus. Después de su reciente liberación, Saif al-Islam redactó este memorándum donde hace un balance de la situación jurídica de su país.
El objetivo de este memorándum es pasar revista a todo lo que el pueblo libio ha sufrido durante los últimos 6 años. Estos crímenes fueron cometidos en nombre del intervencionismo humanitario, de la protección de los civiles, de la introducción de la democracia y de la prosperidad. Las fuerzas de la OTAN, con ayuda de varios Estados árabes y de algunos libios, atacaron Libia con todos los medios a su disposición. Las justificaciones presentadas eran tan falsas como los pretextos para la invasión contra Irak en 2003. Fue la destrucción sistemática de un país soberano y de una nación pacífica. Esta nota trata de presentar esos crímenes a la comunidad internacional, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a las ONGs para que apoyen a Libia y a su pueblo en sus innumerables esfuerzos por reconstruir este pequeño país.
Libia en la encrucijada: al principio
La agonía de Libia comenzó el 15 de febrero de 2011, cuando cierto número de ciudadanos se reunieron en calma para protestar contra el incidente ocurrido en la cárcel de Abu Salim. La manifestación fue rápidamente manipulada por elementos de grupos yihadistas, como el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL). Esos elementos atacaron puestos de la policía y cuarteles del ejército en Derna, Benghazi, Misurata y Al-Zawiya para robar el armamento y utilizarlo en su guerra planificada contra el pueblo libio y su legítimo gobierno. Esas acciones gozaron de acompañamiento de la máquina de propaganda de las televisoras Al-Jazeera, Al-Arabiya, BBC y France24, entre otras que exhortaban al pueblo libio a enfrentarse a la policía, que trataba de proteger los edificios gubernamentales y la propiedad privada ante los ataques y saqueos.
Escenas de horror pudieron verse en las calles y en edificios de las fuerzas de seguridad, donde los manifestantes cometieron crímenes indescriptibles contra la humanidad. Miembros de las fuerzas de seguridad, militares y policías fueron degollados, se les extrajo el corazón y sus cuerpos fueron cortados en pedazos en una exhibición de brutalidad y salvajismo.
Por ejemplo, en el primer día de incidentes, el 16 de febrero de 2011, en la ciudad de Misurata, manifestantes supuestamente pacíficos mataron a un hombre, Musa Al-Ahdab, y quemaron su cuerpo. El mismo día, en Benghazi, un oficial de la policía fue asesinado y desmembrado [1]. Esos actos de barbarie fueron perpetrados por personas armadas que utilizaron tanques, ametralladoras y ametralladoras antiaéreas en las ciudades de Misurata, Benghazi y Al-Zawiya [2]. Esas escenas están bien documentadas y pueden verse en YouTube [3] así como en las redes sociales.
O sea, hubo decenas de víctimas, contrariamente a los reportes sesgados de los medios. Según Al-Jazeera, Al-Arabiya y los grupos de oposición libios, a finales de 2011 el número de muertos se elevaba a 50 000. Sin embargo, en 2012, el gobierno de Abdel Rahim al-Kib anunció que la cantidad de víctimas registradas entre el 17 de febrero de 2011 y el fin de la guerra en octubre de 2011 era 4 700 –incluyendo las personas fallecidas de muerte natural [4]. A pesar de la cantidad muy elevada de víctimas que mencionan las estadísticas, no se comunican sus nombres ni identidades y ninguna familia ha solicitado indemnización al gobierno.
La campaña de propaganda y las mentiras que acompañaban las acusaciones contra los militares no se limitaban a la exageración del número de víctimas. Incluso afirmaban que el gobierno utilizaba aviones de guerra contra los civiles, que ordenaba violaciones masivas de mujeres por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad [5] con uso de Viagra encontrado en los blindados [6], que utilizaba mercenarios africanos y argelinos y que los pilotos de sus aviones desertaban hacia Malta [7]. Hasta el día de hoy, no se ha probado ninguna de esas imputaciones, que no tienen nada que ver con la verdad. Las investigaciones de la ONU, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch [8] no han logrado verificar ni uno de los 8 000 casos de secuestro que la oposición libia denunció en aquel momento. En realidad, se trata de acusaciones fabricadas y sin ninguna credibilidad.
Idénticamente, la acusación de que se usaron aviones de guerra Mirage de la base aérea de Al-Weathy, en el extremo oeste de Libia, para atacar a los civiles de Benghazi carece de toda lógica ya que su consumo de carburante impedía a esos aviones alcanzar esa ciudad y volver a esa base. Es en efecto imposible para ese tipo de aviones atacar blancos a 1 500 kilómetros de su base y volver sin reabastecerse y había alrededor de Benghazi bases aéreas que el gobierno libio hubiese podido utilizar de ser necesario. El Viagra supuestamente hallado en los tanques es una manipulación similar. Libia disponía de un ejército joven, profesional y moral, que no pensaba en cometer ese tipo de crímenes ni necesitaba Viagra para activar su deseo sexual. Esas historias inventadas son simplemente mentiras comparables a la de los 7 minutos que supuestamente necesitaban las armas iraquíes de destrucción masiva para acabar con Occidente. Hoy en día, las mentiras sobre Irak y Libia sólo dan risa a los pueblos de esos dos países, así como a los de Estados Unidos y Europa (Informe de Amnistía Internacional [9]).
La Corte Penal Internacional (CPI)
La CPI (Corte Penal Internacional) [10] emitió en 2011 una orden de arresto contra Muammar el-Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi [11] y Abdullah Senussi, acusados de crimen contra la humanidad. A pesar de la gravedad del crimen, la CPI no hizo ningún tipo de investigación en el terreno sino que elaboró sus conclusiones e identificó a los autores en sólo 2 semanas, a contar desde el momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU, puso el caso en sus manos. Nunca se presentó el calendario concedido al fiscal, quien de todas maneras no tenía el tiempo necesario para precisar las penas a las que se exponían los supuestos culpables. El coordinador du Consejo Nacional de Transición libio con la CPI, Ahmed al-Jehani, declaró al respecto que «el caso CPI vs Libia es puramente político ya que los miembros de la OTAN pidieron al Consejo Nacional de Transición (CNT) que hiciera él mismo la lista de funcionarios que serían acusados de crímenes contra la humanidad». El CNT designó a Al-Jehani para preparar esa lista, con una decena de nombres, pero la CPI aceptó sólo 3. Al-Jehani agregó además que todas las acusaciones eran fabricadas y reafirmó su punto de vista durante un encuentro con Saif al-Islam, asegurándole a este último que la justicia libia no podría declararlo culpable. Al-Jehani agregó que, con su equipo, él mismo había fabricado todo ese caso porque sabían que era un caso perdido de antemano y que siguieron adelante para implicar a Saif al-Islam en escándalos financieros y de corrupción.
Al-Jehani justificó sus inventos y mentiras afirmando que son [desde el punto de vista religioso] lícitos durante las guerras (declaración de Al-Jehani documentada el 1º de enero de 2012 y ante el tribunal de Zintan).
La CPI adoptó un doble rasero sobre la guerra contra Libia y la intervención de la OTAN. Implicó a personalidades políticas libias en crímenes inventados mientras que ignoró y no condenó el bárbaro linchamiento perpetrado contra Muammar el-Kadhafi [12] y contra su hijo Moatassem por las milicias que la OTAN respaldaba [13]. Después del linchamiento, la única reacción de la CPI fue abandonar las acciones legales contra Muammar el-Kadhafi. Sin embargo, la CPI tenía en este último caso [el linchamiento] algo muy sólido ya que los medios de difusión habían documentado bien el asesinato, la CPI no necesitaba ninguna prueba adicional para poder llevar los responsables a los tribunales. La CPI podría fácilmente arrestar a los autores, que desempeñan responsabilidades políticas y diplomáticas en varias capitales europeas. La CPI asumió una posición similar contra Abdullah Senussi, después de que el [nuevo] gobierno libio lo secuestrara en Mauritania [14]. La CPI se limitó a dejar de exigir su extradición. Ni siquiera dio seguimiento a la violación de los derechos de Senussi ni al trato inhumano que sufrió en la cárcel de la milicia, a pesar de que lo habían detenido elementos, bien conocidos como yihadistas, del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL). El director de la prisión era precisamente el jefe del GICL, Abdelhakim Belhadj.
La CIA y los gobiernos occidentales conocen muy bien a Belhadj. La CIA lo arrestó, después de su fuga de Kandahar, lo interrogó y lo extraditó a Libia en 2002, acusándolo de terrorismo [15]. En 2009, Belhadj y otros miembros del GICL fueron liberados en el marco de una amnistía general [16]. La carrera de Belhadj como terrorista habla por sí sola. En 1994-1997, ordenó masacrar a 225 personas. En 1997, ordenó el asesinato de los turistas alemanes Steven Baker y su esposa Manuela Spiatzier. A pesar de ello, asumió un puesto de alto rango en Libia [después del linchamiento de Kadhafi]. Fue ministro de Defensa, responsable de la seguridad en Trípoli y director general de las cárceles libias, o sea era directamente responsable de la celda de Abdullah Senussi. A pesar de que se le informó el historial de Belhadj, la CPI expresó su seguridad de que Senussi estaba en buenas manos y apoyó su juicio en Libia.
La OTAN y los Estados del Golfo optaron por ignorar las actividades terroristas de Belhadj y lo reconocieron como líder político y militar así como hombre de negocios. Hoy posee el canal de televisión más grande del norte de África, la mayor compañía aérea de Libia y una fábrica de cemento, tiene propiedades en España y Turquía y un aeropuerto privado en Trípoli. Ese aeropuerto ha sido utilizado para enviar terroristas de Libia a Siria. En 2010, esos terroristas recibieron 160 000 millones de dólares para su financiamiento.
Belhadj y otros más son responsables del uso indebido de los activos de Libia y de haber puesto fin al plan de desarrollo de Libia, por un valor de 200 000 millones de dólares, según el Banco Mundial. Belhadj es un ejemplo de la vida suntuosa de los señores de la guerra, mientras que los libios de a pie se ven sumidos en una extrema pobreza.
Las violaciones de los derechos humanos por parte de las milicias
Los comandantes de las milicias y los señores de la guerra han perpetrado odiosos crímenes contra la humanidad, han destruido ciudades e infraestructuras vitales durante los 6 últimos años:
personas han sido quemadas, cocinadas vivas y sometidas a las peores formas de tortura; presos políticos, agentes de seguridad y soldados [del gobierno anterior] fueron arrojados en la fundición de Misurata; sobre todo, las milicias han organizado un tráfico de órganos humanos extraídos a los presos en las cárceles. En el contexto cada vez más complejo del escenario político libio, Daesh [el Emirato Islámico] agregó nuevas atrocidades, masacrando gente, crucificándola y mutilando sus órganos genitales.
Una limpieza racial y étnica sin precedente, un genocidio, se cometió contra 5 localidades libias y su pueblo. El 55% de los libios han sido obligados a huir de su país hacia los Estados vecinos. Además, cientos de casas fueron incendiadas en Bani Walid [17] y en otras 5 localidades de Warshafana, [18], la ciudad de Sirte fue arrasada [19], zonas residenciales pobladas fueron bombardeadas en Benghazi [20] y en Derna. Hasta la cosmopolita Trípoli sufrió una purificación étnica y racial, sobre todo en las zonas fieles a Muammar el-Kadhafi.
Además de perpetrar violaciones sistemáticas de los derechos humanos, las milicias y sus jefes destruyeron las infraestructuras esenciales [21]. En julio de 2014, incendiaron el aeropuerto de Trípoli y quemaron la flota aérea así como los tanques de petróleo 24 y 25 [22] [23] [24] [25].
A pesar de las acciones destructivas de las milicias y de la brutal tortura, la comunidad internacional y los órganos de la ONU han ignorado esos crímenes y no han llevado a esos señores de la guerra ante los tribunales [26].
Las atrocidades de la OTAN y de las milicias libias contra civiles y personalidades públicas
Los civiles fueron blanco de los aviones de la OTAN en diversas ciudades, como Zleitan, Sirte, Surman, Trípoli y Bani Walid. En el sur de Zleitan, exactamente en Majeer [27], 84 familias, principalmente mujeres y niños, fueron asesinadas mientras dormían durante los ataques aéreos de la OTAN [28]. Los medios de difusión mostraron los cuerpos de niños hallados entre los escombros y el cadáver cortado en dos de una mujer, Minsyah Khleifa Heblow. Otras personas más murieron en esa terrible escena. En otro caso, la familia de Khaled K. Al-Hamedi pereció en ataques aéreos de la OTAN dirigidos específicamente contra su casa, donde mataron a sus hijos [29]. Además, la familia Al-Jafarh pereció en Bani Walid [30] cuando la OTAN atacó su casa durante el sagrado mes del Ramadán. Tampoco deben pasarse por alto el bombardeo, bien documentado, contra la caravana de Muammar el-Kadhafi en Sirte y el asesinato del más joven de sus hijos, Saif al-Arab, en su casa de Trípoli [31].
Las violaciones de los derechos humanos, los homicidios y torturas sistemáticos contra los civiles libios prosiguieron después de que las milicias tomaran el control de Libia. Las víctimas eran civiles que no habían participado en la guerra. Eran en su mayoría personas de edad avanzada y no podían portar armas. El popular actor Yussef Al-Gharyani fue detenido y torturado por las milicias de Al-Zawiya.
Las milicias de Misurata también detuvieron y torturaron al ex muftí de Libia, que tenía entonces 80 años, Al-Sheikh Al-Madani Al-Sharif [32], porque no había aprobado ni respaldado la intervención de la OTAN [33]. El célebre cantante Mohammed Hassan fue violado y puesto bajo prisión domiciliaria [34]. Otros, como el economista Abd-al-Hafid Mahmud al-Zulaytini, fueron juzgados y condenados a largas penas de reclusión con otras personas condenadas a muerte y a diversas penas de cárcel. Es absurdo que esas personalidades hayan sido juzgadas por tráfico de droga, tráfico de personas y violación, además de otras 17 acusaciones [35]. La pregunta que se plantea es saber cómo habrían podido esas personas unirse y conspirar juntas para cometer tales crímenes durante 9 meses.
Después de que la OTAN pusiera a sus milicias en el poder, se cometieron crímenes horribles contra ciudadanos libios y extranjeros. Un copto fue asesinado en el batallón de Misurata [36], más coptos fueron asesinados en Sirte [37], numerosos trabajadores cristianos etíopes fueron masacrados [38], el profesor estadounidense de inglés Roni Smith fue asesinado en Benghazi [39], el personal de Cruz Roja en Misurata fue masacrado en 2014 [40], hubo un atentado con bomba contra la embajada de Francia en Trípoli [41] y el embajador de Estados Unidos fue asesinado en Benghazi en 2011 [42].
Human Rights Watch denunció todos los crímenes anteriormente mencionados y, en ciertos casos, la OTAN reconoció su responsabilidad. Pero la CPI optó por ignorarlos y no investigó ninguno, a pesar de que diferentes organismos nacionales e internacionales exigieron la apertura de investigaciones transparentes. La CPI ha fracasado en lo tocante a la guerra en Libia. No ha emitido ni una sola orden de arresto contra los jefes de las milicias y de las fuerzas de la OTAN. Parece que la política deliberada de la CPI consiste en ignorar esos crímenes bien documentados y concentrarse sólo en la acusación y juicio contra Saif al-Islam.
En cuanto a la familia de Muammar el-Kadhafi, la CPI no puede ser considerada seria, como en el caso de las torturas contra Al-Saadi Kadhafi, sobre el cual el fiscal de la CPI dijo que proseguía la investigación. Lo mismo se aplica al caso de Abdullah Senussi, sobre el cual el fiscal de la CPI afirmaba que ese órgano sigue deliberando sobre su condena a muerte [pronunciada en Libia]. Su predecesor ya había hecho una declaración similar sobre el bombardeo y el asesinato de Muammar el-Kadhafi y de los cientos de personas que conformaban su convoy. La CPI tampoco ha dado muestras de seriedad ante otros crímenes que cometieron las milicias contra miles de libios. Lo único que le interesa [a la CPI] es hacer callar la voz de Saif al-Islam y eliminar toda posibilidad de liderazgo.
Los Estados miembros de la OTAN y los mini Estados del Golfo deberían ser considerados responsables del caos creado en Libia desde 2011. Ellos intervinieron en Libia bajo el pretexto de que Muammar el-Kadhafi estaba masacrando a su propio pueblo. El escenario del dirigente que asesina a su propio pueblo nos trae a la mente lo que Tony Blair decía sobre Irak. Blair declaró en 2016 que [la invasion contra Irak] era «lo correcto y si Saddam se hubiese mantenido en el poder, durante la primavera árabe habría masacrado a los rebeldes» [43]. El resultado fue la destrucción de países, miles de personas desplazadas y el robo de los bienes nacionales. Como resultado de la intervención militar de la OTAN en Libia fueron asesinados miles de libios, entre ellos Muammar el-Kadhafi y sus hijos, y millones de libios pasaron a ser desplazados.
Seis años después, la estabilización de Libia está lejos de concretarse. En pocas palabras, las milicias luchan entre sí, así como las fuerzas militares de los países occidentales que se ponen de parte de milicias diferentes. Francia sigue implicada en el plano militar y en julio de 2016 perdió 3 soldados en Benghazi, abatidos por grupos que respaldaban el levantamiento de 2011. En aquella época, París había calificado el levantamiento de «revolución» que tenía el deber de respaldar. Si aquello era cierto, ¿por qué continúa la guerra actualmente? ¿Y por qué fueron asesinadas 700 personas, principalmente oficiales del ejército? ¿Por qué fueron asesinados en Benghazi los miembros del personal del consulado de Estados Unidos? ¿Por qué persiste Occidente en ignorar la barbarie de Daesh, que sigue degollando gente en Sirte, Misurata y Derna?
Resulta evidente la respuesta a esta última pregunta. Esos criminales recibieron el respaldo de Occidente en 2011 porque combatían al gobierno, según ellos apóstata. ¿Por qué Daesh portaba el mismo uniforme que se había importado para los soldados libios? ¿Quién se los entregó? ¿Por qué los hombres de Daesh recibieron una paga del ministerio libio de Defensa? Las respuestas a esas preguntas hay que buscarlas interrogando a quienes verdaderamente dirigen el país actualmente, o sea Belhadj, Al-Shareef, el Grupo Islámico Combatiente Libio y quienes dirigen junto a ellos, los miembros del Congreso Nacional. El pueblo libio y ciertas ONGs internacionales conocen bien a los actuales gobernantes de Libia. Libia sigue hasta ahora bajo control de los grupos yihadistas y Occidente los respalda a pesar de todos los crímenes que cometen contra Libia y contra el pueblo libio.
¿No es extraño que los países occidentales, desde Noruega y Canadá por el norte hasta Malta e Italia por el sur, además de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Sudán y Marruecos, se hayan asociado en una agresión militar contra civiles que no eran hostiles a ellos, contra Saif al-Arab, Muammar el-Kadhafi, la familia Khuwaylidi y las 84 víctimas inocentes de Madjer? Sin embargo, esos mismos Estados son pacientes y tolerantes con Daesh en Sirte, en Misurata y en Benghazi, y soportan atentados con bombas contra ciudades francesas y belgas. En realidad, los Estados miembros de la OTAN y sus aliados tendrían que atacar [a los yihadistas] y bombardearlos como hicieron con Libia en 2011.
Finalmente, como complemento a toda esta serie de crímenes, los Estados occidentales designaron como jefe del Estado libio a Abderrahmane Souihli, criminal de guerra, responsable de la destrucción de Bani Walid y del asesinato de sus hijos. Nombraron primer ministro a su sobrino, Ahmed Miitig [44]; a su sobrina, Nihad Miitig, la convirtieron en directora general de Relaciones Exteriores [45]; y después nombraron a su cuñado, Fayez el-Sarraj, como nuevo primer ministro. Además, Abderrahmane Souihli hizo un acuerdo con Abdelhakim Belhadj, el comandante del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), para garantizarse el apoyo de los islamistas en la elección presidencial. Sin embargo, en Libia todos saben que, si hoy mismo hubiera elecciones, esas personas no podrían contar ni siquiera con los votos de sus propios familiares. La popularidad de Belhadj quedó demostrada en las elecciones legislativas, donde obtuvo sólo 50 votos en el distrito de Sauaq Al-Jumah, que cuenta 250 000 habitantes.
Mientras tanto y mientras escribo estas líneas, la población de las ciudades de Libia, incluyendo la capital Trípoli, donde vive una tercera parte de la población libia, sufre escasez de agua, vive en la oscuridad debido a los cortes de electricidad y carece de instalaciones médicas y de lo necesario para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Según la ONU, 65% de los hospitales están cerrados [46], mientras que el dinar libio se ha desplomado y la producción de petróleo ha pasado de 1,9 millones de barriles diarios a 250 000 barriles [47]. Para colmo de sufrimientos del pueblo libio, las principales carreteras están interrumpidas por causa de las operaciones militares y de la proliferación de bandas, además de la campaña de bombardeos que se extiende desde Derna hasta el este de Sirte y el oeste de Benghazi y Ajdabiya. Las noticias cotidianas más frecuentes son los secuestros con pedidos de rescate y el tráfico de armas que florece a través de internet.
En conclusión, resulta que tenemos que agradecer a nuestros hermanos de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos, de Sudán, de Túnez y de la Liga Árabe, a los países de la OTAN, de la Unión Europea y a todos los que convirtieron Libia en un Estado en quiebra. Después de la liberación de los prisioneros islamistas y de todos los demás, Libia se ha convertido en un espacio para albergar las más grandes cárceles privadas. Un país que atraía inversionistas del mundo entero se ha convertido en un Estado exportador de migrantes, entre los que se cuentan sus propios ciudadanos. El 55% de su población ha emigrado y se ha refugiado en todas partes en el extranjero. Un Estado que reunió a los mejores expertos jurídicos y constitucionales del mundo, que fue capaz de forjar una Constitución nueva y moderna, está convertido ahora en una zona gobernada por 1 500 milicias. Y, para terminar, un Estado donde el robo era algo raro e inhabitual ha sido convertido en un lugar donde cuerpos humanos mutilados y en estado de descomposición aparecen cotidianamente en las calles y carreteras, y esto se convierte en cosa rutinaria y banal en todo el país.
Comentario sobre el informe de Herland:
Saif al-Islam Kadhafi y la CPI
Antes del levantamiento, Saif al-Islam era el arquitecto de la nueva Libia. Presentó su nueva visión de una Libia sin prisiones políticas, respetuosa de la Carta de Derechos Humanos, de la distribución de la riqueza, de la prosperidad y la democracia [48]. Emprendió reformas políticas y económicas con las que los presos islámicos radicales fueron liberados y rehabilitados y pudieron implicarse en la sociedad libia. Fuentes locales confirman que cuando se produjo la sublevación violenta en algunas ciudades, Saif al-Islam aportó su ayuda a las personas desplazadas a través del país, liberó a los presos de la insurrección, garantizó la seguridad de los habitantes de Misurata atrapados en los combates y a los pobladores de Benghazi que huían de las zonas de combate.
También reclamó y apoyó los esfuerzos de paz por solucionar la guerra. Según fuentes locales, pidió a la administración de la universidad de Benghazi que imprimiera 5 000 octavillas y que las distribuyera en el convoy pacífico que partió de Benghazi observando los derechos humanos. Exhortó al ejército a respetar sus reglas de enfrentamiento, prohibiendo el uso de la fuerza contra manifestantes, según el jefe de la Cámara de Operación Conjunta de 2011, Marchal Al-Hadi Embarrish, a quien las milicias de Al-Zintan hicieron prisionero, maltrataron y privaron de atención medica hasta que murió de cáncer en la cárcel, en 2014 [49].
A pesar de los incansables esfuerzos de Saif al-Islam Kadhafi a favor de la paz, los aviones de la OTAN lo tuvieron como blanco en un intento de asesinato que se saldó con la muerte de 29 de sus compañeros y lo dejó con una limitación física permanente [50]. Además, perdió dos dedos y sufrió múltiples heridas. Pero la CPI no ha investigado ese raid aéreo, como tampoco supervisó sus 5 años de cautiverio en condiciones de aislamiento [51]. La CPI ha persistido, eso sí, en exigir su arresto y juicio cuando fue condenado a muerte por un tribunal libio reunido en la cárcel de Al-Hadba bajo la dirección de Khaled Al-Sharif, hombre de Belhaj.
Por esas razones, además de la deshonestidad de la instrucción, lo único que se imponía era rechazar el caso. Era posible hacer valer que había que abandonar el caso en todos sus aspectos, sobre todo después del asesinato del fiscal de Benghazi y de la huida de la mayoría de los funcionarios del ministerio público, quienes eran objeto de inmensas presiones por parte de las milicias. Ante tales circunstancias, los argumentos de la CPI son que la pena de muerte contra Saif al-Islam no se aplicó y que por tanto él debería ser arrestado y encarcelado en la prisión de Al-Hadba.
Pero el ministerio libio de Justicia apeló contra su condena a muerte porque el juicio no había sido justo, ya que el tribunal se hallaba en una cárcel bajo control de Al-Sharif, quien ejerce un poder sobre el tribunal y sus magistrados. Sin embargo, la CPI siguió llamando a un nuevo juicio e ignoró el hecho que Saif al-Islam estaba detenido en la cárcel de Al-Zintan y que el tribunal de Trípoli lo había juzgado a través de un circuito cerrado de televisión. La CPI debería respetar la justicia libia y estar consciente de que una persona no debe ser juzgada 2 veces por un presunto crimen. Pero el objetivo final de Occidente y la CPI es deshacerse de Saif al-Islam Kadhafi, como hicieron antes con su padre, Muammar el-Kadhafi, y con sus hermanos.
Es hora de que la CPI abandone su doble rasero y se ponga del lado del pueblo libio en su objetivo primordial de salvar el país de esas milicias y de construir una Libia nueva, donde reinen los derechos humanos, la prosperidad, el desarrollo y prevalezca el derecho. También exigimos a la CPI que abandone su apelación tendiente a que Saif al-Islam sea extraditado y juzgado en La Haya.
La CPI debería reconocer y respetar la ley de amnistía general del ministerio libio de Justicia. Saif al-Islam Kadhafi debería poder asumir su papel en la lucha por una nueva Libia democrática. En este sentido y después de que los Estados occidentales han comenzado a ver su propio error, estos últimos deberían trabajar con los libios sinceros y las ONGs para llevar a esas milicias y a sus jefes ante los tribunales, por el bien de la paz y de la reconciliación.
Saif al Islam Gadafi
http://www.voltairenet.org/article198665.html
