lunes, 2 de noviembre de 2026

Irán advierte a EEUU mientras debate posible cambio de su doctrina nuclear


Irán endurece su discurso ante la posibilidad de una nueva guerra, mientras condiciona cualquier negociación con Washington al cumplimiento de sus exigencias políticas y económicas.


Por Xavier Villar

En una entrevista con Al Jazeera, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, abordó los últimos esfuerzos diplomáticos, la carta transmitida por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, las propuestas planteadas por los mediadores regionales, las condiciones de Irán respecto al estrecho de Ormuz y la preparación militar del país ante la posibilidad de una nueva confrontación.

Subrayó que no hay previstas conversaciones con representantes estadounidenses y que las afirmaciones en sentido contrario no se ajustan a la realidad.

Añadió que Irán no considera necesario negociar actualmente con Estados Unidos y que sus condiciones están claras. No obstante, señaló que los contactos con Catar y Pakistán, en calidad de mediadores, continúan.

“Nuestras condiciones incluyen el levantamiento de las sanciones impuestas tras el memorando de Islamabad y la reducción de las fuerzas estadounidenses en la región. Exigimos que se restablezcan las exenciones a las sanciones sobre el petróleo y que se liberen todos nuestros fondos congelados, incluidos los que se encuentran en Qatar. La apertura del estrecho de Ormuz bajo nuestras condiciones allanaría el camino para reanudar las negociaciones con Washington sobre las cuestiones pendientes”, declaró Araqchi a Al Jazeera.

El ministro de Exteriores subrayó además que Teherán busca poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Señaló que los esfuerzos para acabar con el conflicto no deben limitarse a un solo frente mientras los combates continúan en otras partes de la región.

Dicho esto, resulta evidente que un nuevo fracaso en las negociaciones podría desencadenar una escalada bélica mucho mayor que la anterior. Y por el momento, a pesar de los contactos diplomáticos, el clima predominante en Irán es de tensión creciente.

Teherán se está preparando para responder con contundencia a un ataque estadounidense-israelí que, según diversas evaluaciones, podría ser especialmente devastador. Además, parece que Irán busca ampliar su lista de objetivos para incluir instalaciones que no fueron atacadas en campañas anteriores, entre ellas infraestructuras de comunicaciones y otros activos estratégicos en los países del Golfo Pérsico.

Esto implica que la próxima campaña, si llega a producirse, podría ser mucho más extensa y prolongada de lo que espera Washington, cuyo deseo principal es una operación militar intensa pero breve.

En este sentido, Araqchi afirmó que Irán no descarta que se produzca otra guerra: “No descartamos ninguna posibilidad en lo que respecta al estallido de una guerra y estamos preparados para todos los escenarios”, declaró.

Explicó que Irán ha aprovechado el periodo transcurrido desde la anterior confrontación para reforzar sus capacidades militares, modernizar su equipamiento, corregir vulnerabilidades y probar nuevos sistemas de armamento.

Mohsen Rezai, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, confirmó en la televisión estatal iraní la existencia de la carta de Vance, aunque reconoció que aún no le ha respondido. Señaló también que existe un debate público sobre la doctrina nuclear del país, pero que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

“Ahora está sobre la mesa la cuestión de si, en caso de que vuelva a producirse una guerra, queremos mantener la misma doctrina que teníamos hasta ahora. No se ha tomado oficialmente ninguna decisión al respecto”, señaló.

En otra parte de la entrevista, Rezai afirmó que la reciente guerra ha demostrado que la República Islámica de Irán no depende de una sola persona y que la administración del país no sufrió ninguna interrupción, ni siquiera momentánea. Según él, esto demuestra que, durante los últimos 47 años, las instituciones del Estado-nación se han consolidado plenamente en el país.

Añadió que actualmente existe unidad y consenso entre los responsables de los distintos poderes del Estado. Aunque puede haber diferencias de criterio en cuestiones técnicas y especializadas, sostuvo que hoy existe el mayor grado de cohesión en torno al wali, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

Como han señalado varios analistas iraníes, la retórica sobre la guerra se ha endurecido considerablemente en los últimos dos días. Desde el propio wali hasta Rezai y otros altos cargos, el mensaje ha sido claro: si la guerra se reanuda, Irán responderá con represalias masivas, desproporcionadas y sin restricciones.

Esto sugiere que Teherán considera que, pese a la actividad diplomática de última hora, la posibilidad de una guerra es cada vez mayor. Sus amenazas buscan disuadir una nueva confrontación o, al menos, frenar las opciones militares más ambiciosas que, según parece, Trump está considerando. Y en el fondo, la variable decisiva sigue siendo la que Rezai dejó sobre la mesa: si la guerra vuelve, la doctrina nuclear dejará de ser la de antes.

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El desafío de Irán sacude la maquinaria bélica estadounidense-israelí y pone en entredicho la hegemonía occidental, inspirando al Sur Global.

La negativa de Irán a ceder ante la presión estadounidense pone de manifiesto las divisiones con Israel, desafía la coerción occidental, fortalece la soberanía de Teherán y ofrece al Sur Global un modelo de resistencia geopolítica e independencia.


Por Iqbal Jassat

La reciente confirmación por parte del general de división Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, de que Teherán no ha respondido a la carta del vicepresidente estadounidense JD Vance, marca un momento de profunda claridad estratégica en la diplomacia de Asia Occidental.

Al optar por un silencio calculado en lugar de un marco de concesiones apresuradas, Irán ha demostrado un nivel de resiliencia soberana que reafirma su papel como peso pesado regional, uno que se niega a ceder ante el peso de la presión estadounidense.

Este estancamiento diplomático no solo salvaguarda la soberanía iraní, sino que también asesta un duro golpe al aparato de línea dura en Tel Aviv, dejando al descubierto los claros límites de la influencia israelí sobre la política exterior estadounidense.

Durante años, la doctrina geopolítica de Israel se ha basado en una premisa fundamental: que podía alinear sin problemas el inmenso poder militar y económico de Washington con sus propios objetivos militares regionales.

El objetivo principal de esta estrategia ha sido la neutralización permanente del programa nuclear iraní y de su infraestructura de mando regional mediante una fuerza abrumadora y preventiva.

Tras los intensos ataques armados conjuntos entre Estados Unidos e Israel a principios de este año, la región parecía estar al borde de una guerra a gran escala diseñada para doblegar a Teherán.

Sin embargo, en lugar de ceder ante la presión de un agresivo bloqueo naval y una agresión militar, Irán se mantuvo firme. Esta postura inquebrantable cambió por completo el panorama, obligando a la administración Trump a buscar una salida diplomática a través de los discretos contactos de Vance.

Al buscar un marco para las negociaciones de paz en lugar de exigir la rendición incondicional, la Casa Blanca ha dado a entender que reconoce de forma pragmática que la política de capitulación absoluta contra la República Islámica ha fracasado.

Para Tel Aviv, este cambio representa un profundo revés estratégico. Altera de hecho su estrategia de "máxima escalada", revelando que Estados Unidos es plenamente consciente de los altos costos de una guerra regional prolongada y sin restricciones, y que busca activamente una salida.

Al mismo tiempo, este acontecimiento diplomático abre una brecha notable entre los objetivos políticos de Washington y Tel Aviv. Israel depende en gran medida de una convergencia férrea con la política exterior estadounidense para mantener sus ciclos de disuasión y escalada.

Sin embargo, el contenido de la carta de Vance, que según se informa se centra en los intereses nacionales mutuos al tiempo que reconoce la soberanía de Irán, indica que la Casa Blanca está priorizando sus propios límites geopolíticos por encima de las demandas maximalistas de Israel.

Cuando Washington opta por las cartas y los ajustes tácticos en el tono, subraya una realidad que Tel Aviv ha tratado de evitar durante mucho tiempo: los intereses estadounidenses e israelíes en la región no son idénticos.

Además, la campaña de presión impulsada por Israel ha desencadenado una reacción adversa no deseada y sumamente peligrosa dentro de la estructura política de Teherán. En lugar de forzar una capitulación nuclear, la agresión ha provocado un intenso debate interno en Irán sobre la conveniencia de revisar formalmente su doctrina nuclear, vigente desde hace mucho tiempo.

Como señaló el general Rezaei, debido a que el público iraní presenció ataques directos en su territorio, existe una creciente presión interna para abandonar las restricciones anteriores y debatir abiertamente la necesidad de una disuasión nuclear.

Esto resulta directamente contraproducente para los objetivos militares a largo plazo de Israel y su nefasto proyecto regional, empujando a Teherán más cerca de un umbral que de otro modo podría haber evitado.

Por último, la negativa de Irán a considerar las sanciones económicas como una señal de sumisión está debilitando activamente la influencia colectiva de Occidente en la que se apoya Israel.

Al imponer siete condiciones estrictas, entre ellas el levantamiento total del bloqueo naval y la liberación de los activos congelados, antes de que puedan reanudarse las negociaciones formales o reabrirse el estrecho de Ormuz, Irán está dictando las condiciones del acuerdo.

Según se informa, debido a que Estados Unidos ha mostrado disposición a aceptar estas condiciones para restablecer las rutas marítimas vitales, el muro de contención económica construido alrededor de Irán está empezando a desmoronarse.

En definitiva, la firme postura de Teherán ha paralizado el principal mecanismo de escalada de Israel. Al negarse a participar en una negociación con condiciones preestablecidas, Irán ha obligado tanto a Washington como a Tel Aviv a afrontar una realidad cambiante donde la coerción ya no produce resultados automáticos y donde la resiliencia ha demostrado ser capaz de alterar el equilibrio de poder entre las potencias mundiales.

Para las naciones del Sur Global, incluida Sudáfrica, la postura desafiante de Irán ofrece un modelo convincente para desenvolverse en la geopolítica contemporánea. A medida que Sudáfrica se encuentra cada vez más en el punto de mira de la presión diplomática y económica occidental debido a su política exterior independiente, puede inspirarse en la firme postura de Teherán.

Al negarse a ceder ante la intimidación unilateral y, en cambio, afianzar su posición en la soberanía nacional, Sudáfrica puede afirmar de manera similar su derecho a definir sus propias alianzas globales, demostrando que la resiliencia colectiva sigue siendo el escudo definitivo contra los dictados extranjeros.

Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de Media Review Network, Johannesburgo, Sudáfrica.

(Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Press TV).



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Oliver Blanco: el canciller que confirma la traición


Oliver Blanco: el canciller que confirma la traición
Por Eduardo Miguel Álvarez Estévez

La Habana, 2 de noviembre de 2026.- Hay nombramientos que no necesitan explicación. Hablan por sí solos. El de Oliver Blanco como canciller de Venezuela es uno de ellos.

Blanco no es un chavista reciclado. Es un cuadro formado en la oposición más dura. Según EFE, El País y Runrun.es, inició su carrera política a los 19 años como jefe de campaña de Diego Arria en las primarias opositoras de 2012. Poco después ingresó a Acción Democrática, donde fue secretario de organización juvenil y hombre de confianza de Henry Ramos Allup. Entre 2013 y 2019 fue secretario de Organización Juvenil de AD. Y cuando Ramos Allup presidió la Asamblea Nacional en 2016, Blanco fue nombrado director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales del Parlamento. Es decir, fue la voz y la estrategia de comunicación de la misma Asamblea que prometió sacar a Maduro en seis meses.

En febrero de 2026, un mes después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez lo nombró viceministro para Europa y América del Norte. Blanco dijo entonces que "no milita en el partido de Gobierno". No lo dijo como una crítica. Lo dijo como una carta de presentación.
La hoja de ruta que no oculta nada
El nombramiento fue el jueves 29 de octubre. El viernes 30, Blanco ya se reunía con John Barrett, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas. En su cuenta de X, escribió: "Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países".
Pero el mensaje más revelador no fue el suyo. Fue el de la embajada estadounidense, que publicó que ambos gobiernos trabajan "juntos para avanzar en el plan de tres fases" de Trump y Rubio: estabilización, recuperación y transición.

Y este lunes, según confirmó el Departamento de Estado, Blanco se reunirá con Marco Rubio en Washington. Será el primer encuentro entre los jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones tras la captura de Maduro.
Lo que esto significa para Cuba
La ausencia de Venezuela en la votación de la ONU contra el bloqueo, que discutimos hace unos días, ya no parece un accidente. Parece una decisión coherente con el nuevo rumbo. Un gobierno que pone a un exasesor de Ramos Allup al frente de su diplomacia y que coordina con Rubio el "plan de tres fases" no va a arriesgar su relación con Trump votando a favor de Cuba.
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Los 32 cubanos que murieron en Caracas defendiendo la Revolución Bolivariana no merecían esto. Los médicos cubanos que sirvieron en Venezuela no merecían esto. Y Cuba, que confió en la palabra de Chávez y de Maduro, hoy tiene que mirar con desconfianza a un gobierno que pone a un opositor a dirigir su cancillería.
Lo que yo sostengo
La traición ya no es una hipótesis. Tiene nombre, apellido y cargo. Oliver Blanco es la cara presentable de una entrega que se consumó el 3 de enero y que hoy se formaliza en los despachos de Caracas y Washington.

Que nadie se engañe. Venezuela ya no es un aliado de Cuba. Es un apéndice de Washington. Y Delcy Rodríguez, con este nombramiento, lo ha confirmado ante el mundo. Ya no hay chavismo que representar.

Patria o Muerte. Venceremos.

La primera salida del canciller: Oliver Blanco y la rendición sin careta
Por Eduardo Miguel Álvarez Estévez


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domingo, 1 de noviembre de 2026

Análisis de AP muestra cómo Irán reconfiguró presencia militar de EEUU en zona

Los daños causados por los ataques iraníes a bases y equipos militares de EE.UU. han obligado a Washington a reconfigurar su presencia en Asia Occidental.

Un análisis publicado el sábado por la agencia estadounidense Associated Press (AP), basado en imágenes satelitales de distintos proveedores, reveló que más de 115 ataques con drones y misiles reivindicados por Irán o por fuerzas del Eje de la Resistencia dañaron o destruyeron estructuras en 26 bases militares y otros emplazamientos que albergan equipos estadounidenses.

Según AP, en una primera fase, Irán concentró sus ataques en hangares de aeronaves y sistemas de detección de amenazas entrantes, allanando el camino para nuevos golpes contra almacenes, instalaciones de alojamiento de tropas y otros objetivos.

El análisis señala que los daños sufridos por Estados Unidos han reconfigurado significativamente su presencia en Asia Occidental, obligando a Washington a trasladar numerosos activos militares fuera de los países ribereños del Golfo Pérsico. Entre ellos figuran aeronaves, sistemas de defensa antiaérea, equipos de comunicaciones y otros recursos esenciales para el funcionamiento de sus bases militares.




Defensa de EEUU queda sumida en incertidumbre
El informe destaca que los daños sufridos plantean interrogantes sobre la capacidad de las defensas estadounidenses en la región, en un momento en que el presidente Donald Trump contempla la posibilidad de lanzar nuevos ataques tras las elecciones de mitad de mandato del próximo martes, mientras Teherán promete una represalia contundente “sin limitaciones geográficas”, tal como ha ordenado el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.


AP determinó que, del 1 de abril al 30 de junio, los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios y otras estructuras en bases de Estados Unidos.

De hecho, el análisis precisa que Irán priorizó los ataques contra la columna vertebral del sistema de defensa antiaérea estadounidense, al apuntar a radares clave de alerta temprana cuya reparación o sustitución resulta difícil y costosa.


Un radar fue alcanzado en Jordania y se dijo que quedó destruido. Era uno de apenas 13 que posee EE.UU. en todo el mundo, según el fabricante Raytheon. Documentos presupuestarios, citados por AP, muestran que cada uno cuesta alrededor de 500 millones de dólares.

Golpear esas instalaciones probablemente tenía como objetivo “interrumpir y degradar la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para responder a nuevos ataques”, señaló un experto consultado por el medio estadounidense.

Tras destacar los daños infligidos por Irán a aeronaves de reabastecimiento, sistemas de comunicaciones, depósitos de combustible e instalaciones de alojamiento de tropas en varias bases estadounidenses durante la reciente guerra, el informe advierte de que un nuevo conflicto “podría anticipar una nueva realidad para las fuerzas de Estados Unidos” en la región.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron dos guerras de agresión contra Irán: la primera, en junio de 2025 que duró 12 días, mientras que la segunda comenzó el 28 de febrero de 2026 y se prolongó durante 40 días. En ambos casos, la resistencia iraní y sus operaciones de represalia obligaron a los agresores a aceptar un alto el fuego. Sin embargo, en julio, Washington reanudó los ataques aéreos e impuso un bloqueo naval a Irán, en violación del memorando de entendimiento firmado en Islamabad el 17 de junio.


En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes atacaron objetivos estratégicos estadounidenses en Asia Occidental y declararon cerrado el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, lo que disparó los precios mundiales de la energía.



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Cómo multimillonarios e intereses corporativos influyen en elecciones y políticas de EEUU


Los multimillonarios y los intereses corporativos condicionan las elecciones y las políticas de EE.UU. mediante la financiación de campañas y el lobby empresarial.

Por Ali Zeraatpisheh

El creciente papel de los multimillonarios influyentes en las elecciones estadounidenses ha concentrado enormes recursos financieros en manos de un reducido número de personas, capaces de ayudar a los candidatos a financiar sus campañas, moldear la publicidad política y respaldar a organizaciones que buscan influir en las políticas federales.

Elon Musk, Miriam Adelson, Richard y Elizabeth Uihlein, George Soros, Michael Bloomberg y Jeff Yass figuran entre los grandes donantes políticos cuyas contribuciones merecen un análisis detenido.

Hasta el 23 de octubre de 2026, los 50 principales donantes y organizaciones habían aportado aproximadamente 2770 millones de dólares al ciclo electoral de mitad de mandato, según The Washington Post.

Los contribuyentes alineados con el Partido Republicano representaron 1670 millones de dólares, frente a los 832 millones aportados por los vinculados al Partido Demócrata. Otros 264 millones procedieron de grupos bipartidistas y organizaciones con intereses especiales.

Musk había aportado 446 millones de dólares, principalmente a grupos políticos afines al Partido Republicano, entre ellos America PAC, Senate Leadership Fund y Congressional Leadership Fund.

Richard y Elizabeth Uihlein, el matrimonio propietario de la empresa de suministros de embalaje Uline, habían contribuido conjuntamente con 150 millones de dólares, mientras que los financieros Jeff y Janine Yass habían donado aproximadamente 110 millones a causas políticas y candidatos.

Entre los mayores donantes vinculados al Partido Demócrata figuraban George Soros, cuyas contribuciones alcanzaron los 102 millones de dólares, y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que había aportado 84,2 millones.

El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y su esposa, Michelle Yee, habían contribuido con aproximadamente 41,2 millones de dólares, mientras que los inversores de capital riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz habían destinado unos 92,2 millones a grupos políticos, incluidas organizaciones que respaldan los intereses de los sectores de las criptomonedas y la inteligencia artificial.

Otros destacados contribuyentes fueron la multimillonaria del sector de los casinos Miriam Adelson, que había donado 67,6 millones de dólares, y el gestor de fondos de cobertura Ken Griffin, cuyas contribuciones alcanzaron los 32,6 millones.

El multimillonario Elon Musk hace un gesto durante un mitin para celebrar la investidura de Donald Trump, Washington D. C., Estados Unidos, 20 de enero de 2025.

¿Cómo financian las grandes petroleras, Wall Street y las farmacéuticas la influencia política?

La industria del petróleo y el gas ofrece un claro ejemplo de gasto político sostenido. Según estimaciones de OpenSecrets, el sector destinó aproximadamente 3100 millones de dólares a actividades de presión (lobbying) ante el Gobierno federal entre 1998 y 2025, frente a los cerca de 486,8 millones gastados por los grupos ecologistas durante un periodo comparable.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) figuran entre los principales participantes en estas actividades de presión, que abarcan disputas sobre las perforaciones, las normas de emisiones y el desarrollo de los combustibles fósiles.

Este gasto se ha mantenido de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. En agosto, ConocoPhillips aportó 1,5 millones de dólares a cada uno de los supercomités de acción política (super PAC) Senate Leadership Fund y Congressional Leadership Fund, ambos alineados con el Partido Republicano, mientras que Chevron donó 750 000 dólares al primero.

Wall Street también ha intensificado sus esfuerzos para influir en la formulación de políticas federales. Un análisis de Reuters publicado en febrero de 2026 reveló que 38 grandes bancos estadounidenses, junto con siete de las principales asociaciones del sector, gastaron 86,8 millones de dólares en actividades de presión ante la Casa Blanca, las agencias federales y los legisladores durante 2025.

Estas actividades se intensificaron en medio de las disputas sobre la regulación financiera y la competencia de las empresas de criptomonedas, mientras los bancos buscaban proteger su posición en un sector financiero en rápida transformación.

Las compañías farmacéuticas afrontan una batalla política diferente, pero igualmente trascendental: el coste de los medicamentos con receta.

Un informe publicado por la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos documentó que Johnson & Johnson, Merck y Bristol Myers Squibb gastaron conjuntamente 351,6 millones de dólares en actividades de presión ante el Gobierno federal y 34,1 millones en contribuciones a campañas electorales entre 2004 y 2023.

El gasto de estas compañías coincidió con años de debates en el Congreso sobre los precios de los medicamentos y la regulación sanitaria.

Las contribuciones políticas de la industria farmacéutica han continuado durante el actual ciclo electoral. La Pharmaceutical Reform Alliance, que promueve cambios en las políticas de fijación de precios de los medicamentos, informó de que las compañías farmacéuticas, sus comités políticos afiliados y las asociaciones comerciales aportaron cerca de 17 millones de dólares a las campañas electorales al Congreso entre 2023 y junio de 2026. De esa cantidad, unos 9 millones se destinaron a los republicanos y 7 millones a los demócratas.

Directivos de empresas farmacéuticas comparecen ante una comisión del Senado de EE.UU., donde los legisladores los interrogan sobre los precios de los medicamentos con receta. La audiencia sometió a los representantes de Merck, Johnson & Johnson y Bristol Myers Squibb a un escrutinio sobre el coste de los fármacos y las prácticas de fijación de precios del sector. Washington D. C., Estados Unidos, 8 de febrero de 2024.

¿Quién financia a los políticos que deciden las guerras y el gasto en armamento de Estados Unidos?

La guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán ha puesto de manifiesto los intereses financieros que están en juego en la política militar, ya que la agresión no provocada e ilegal ha agotado las reservas estadounidenses de armamento y ha generado presiones para aumentar el gasto en misiles, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares.

El 19 de marzo de 2026, la revista TIME informó de que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, había confirmado una solicitud del Pentágono de 200 000 millones de dólares en fondos adicionales, mientras que el presidente Donald Trump había pedido un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares para 2027.

Lockheed Martin es una de las empresas que podrían beneficiarse de la demanda de reposición de armamento.

La compañía fabrica los sistemas de defensa aérea Patriot y los interceptores del sistema de defensa antimisiles de gran altitud THAAD, ambos utilizados para interceptar misiles entrantes.

El Pentágono ya había alcanzado acuerdos para aumentar la producción anual de interceptores Patriot de 600 a 2.000 unidades y la de interceptores THAAD de 96 a 400, aunque ampliar la capacidad de fabricación llevará tiempo.

Cada interceptor THAAD cuesta aproximadamente 12,7 millones de dólares, mientras que cada interceptor Patriot PAC-3 tiene un precio de unos 3,7 millones.

RTX, empresa matriz de Raytheon, también podría beneficiarse de la demanda de armamento utilizado en la guerra contra Irán.

Raytheon fabrica misiles de crucero Tomahawk y sistemas Patriot, y en febrero firmó acuerdos con el Pentágono para aumentar la producción de misiles Tomahawk y varios tipos de interceptores.

General Dynamics, Boeing y Northrop Grumman también figuran entre los principales proveedores de equipos y tecnologías militares vinculados al gasto de defensa estadounidense.

Estas empresas también destinan grandes sumas de dinero a influir en el proceso político que determina los presupuestos militares. La organización Project On Government Oversight informó en julio de que seis grandes contratistas —Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman y Huntington Ingalls Industries— gastaron conjuntamente 21,2 millones de dólares en actividades de presión política durante el primer trimestre de 2026.

Sus grupos de presión estaban presionando al Congreso en relación con la legislación militar, mientras la Administración buscaba aprobar un presupuesto militar récord de 1,5 billones de dólares.

Las contribuciones a las campañas electorales también han llegado a los legisladores responsables del gasto militar. En mayo, Defense News informó de que la industria militar había donado cerca de 5 millones de dólares a miembros del Congreso durante los primeros meses de 2026, mediante comités de acción política (PAC) y contribuciones individuales.

El representante Ken Calvert, presidente de la Subcomisión de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes, había recaudado aproximadamente 200 000 dólares procedentes de PAC y particulares vinculados a empresas armamentísticas.

Por su parte, el representante Adam Smith, principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, recibió cerca de 130 000 dólares de PAC del sector y directivos empresariales durante el primer trimestre.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, se reúnen con directivos de importantes contratistas militares, entre ellos Lockheed Martin y RTX, para acelerar la producción de armamento después de que la agresión contra Irán agotara las reservas de misiles defensivos. Washington D. C., Estados Unidos, 6 de marzo de 2026.

¿Cómo utiliza el sector de las grandes tecnológicas su dinero para influir en las leyes que aprueba el Congreso?

La industria de las criptomonedas ofrece un ejemplo concreto de cómo el gasto político puede estar vinculado a una agenda legislativa.

En octubre de 2026, Reuters informó de que las empresas de criptomonedas y los grupos políticos afiliados habían gastado aproximadamente 176 millones de dólares en más de 100 contiendas electorales de mitad de mandato.

El mayor supercomité de acción política (super PAC) del sector, Fairshake, y sus organizaciones afiliadas representaron unos 150,8 millones de dólares, con importantes aportaciones de Coinbase, Ripple y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.

La industria ya ha conseguido un importante resultado legislativo. En 2025, el Congreso aprobó la Ley GENIUS, que estableció un marco federal para las monedas estables (stablecoins), un tipo de criptomoneda diseñado para mantener un valor estable.

El sector también busca la aprobación de la Ley CLARITY, que modificaría la regulación de los mercados de criptomonedas.

Las empresas de inteligencia artificial también persiguen sus propias prioridades legislativas. Una investigación publicada en marzo de 2026 por Sludge informó de que Innovative Future Collective, una organización entre cuyos asesores figuran grupos de presión empresariales, había patrocinado viajes para miembros del personal del Congreso con el fin de visitar compañías tecnológicas, entre ellas Meta y Amazon.

La investigación vinculó estas actividades con una campaña del sector a favor de una legislación federal que impediría a los estados imponer sus propias medidas de protección en materia de inteligencia artificial.

Las donaciones empresariales a proyectos presidenciales también han suscitado interrogantes sobre el acceso a la Administración.

Un análisis publicado en junio de 2026 por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington identificó a Meta, Amazon, Coinbase y Google entre las empresas que contribuyeron a varios proyectos vinculados a Trump.

La organización constató que 13 de los 15 mayores donantes corporativos se habían reunido con Trump o lo habían acompañado en actos o viajes.

El alcance del problema queda patente en la magnitud del gasto empresarial. Public Citizen informó en agosto de 2026 de que las contribuciones empresariales declaradas para financiar el gasto electoral federal habían alcanzado los 646 millones de dólares, incluidos 206 millones procedentes de compañías de criptomonedas y 62 millones de las grandes tecnológicas y empresas con intereses en inteligencia artificial y centros de datos. La organización advirtió de que la financiación no declarada podría elevar aún más la cifra real.

Estas cifras plantean una pregunta inquietante para la democracia estadounidense, cada vez más deteriorada: cuando los sectores empresariales pueden gastar cientos de millones de dólares para respaldar a sus aliados políticos, atacar a sus adversarios e impulsar leyes favorables a sus intereses, ¿cuánta influencia les queda a los ciudadanos, que solo disponen de un voto?


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lunes, 26 de octubre de 2026

Quién es André Janones, el arquitecto de la remontada imposible de Lula en Brasil

El 'Ejército de Lula' que organizó fue fundamental para el triunfo del líder brasileño.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (der) y el diputado y estratega digital André Janones, Sao Paulo, 25 de octubre de 2026.Nicolas Hernandez / Gettyimages.ru

El diputado André Janones se convirtió en la figura clave que allanó el camino para que, contra todos los pronósticos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganara el 25 de octubre una histórica reelección que le abre el cuarto mandato no consecutivo en el país sudamericano.

Desde que Lula perdió el pasado 4 de octubre la primera vuelta frente al senador conservador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), Janones se puso al hombro la campaña del izquierdista en las plataformas digitales, un territorio en el que, hasta ahora, predominaba la derecha.

Así, este abogado de 42 años, militante del partido Red de Sostenibilidad (REDE) y diputado reelecto por Mina Gerais, creó un canal de WhatsApp llamado 'Ejército de Lula' que trabajó a diario y de manera incansable para reforzar la militancia digital, instalar publicaciones, divulgar mensajes, etiquetas, fotografías, videos y hasta memes en apoyo a Lula.

Fonsi Loaiza

@FonsiLoaiza

Después de perder la primera vuelta, André Janones abrió el canal de WhatsApp 'Ejército de Lula', que pasó de 50.000 a 10 millones de afiliados, para contrarrestar los bulos y la desinformación de la extrema derecha de Bolsonaro.


En tiempo récord, a este canal se sumaron más de 10 millones de personas que, en un escenario que parecía totalmente adverso, no se daban por vencidos y cumplían las "misiones" digitales que proponía Janones. El impacto fue advertido por la campaña de Bolsonaro, que pidió la suspensión del canal.

Aunque el canal estuvo fuera del aire durante 48 horas por decisión del juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, un fallo posterior dictaminó que el funcionamiento de la comunidad no podía volver a ser suspendido o restringido mediante la decisión individual de un magistrado, sino únicamente por el pleno de la corte.

Optimismo

En paralelo, Lula no paró de denunciar que las plataformas digitales operaban los algoritmos en favor de Bolsonaro y que ello representaba una ilegal intervención extranjera en los comicios, ya que se trata de empresas manejadas, en su mayoría, por tecnomagnates estadounidenses.

Como parte de la estrategia integral de campaña, Janones también convocó a los simpatizantes de Lula a rescatar los colores de la bandera brasileña, que habían sido monopolizados por la campaña del bolsonarismo. Así, en un par de semanas, interminables mareas de personas vestidas con la camiseta verde-amarilla recorrieron las calles e inundaron con fotografías las redes. El mensaje era de alegría, optimismo y esperanza, no de desazón, a pesar de la derrota en primera vuelta.

André Janones

@AndreJanonesMG

Traducido del portugués
¡AHORA ES OFICIAL! ¡EL EJÉRCITO DE LULA SE QUEDA!

 ¡EXPLOTAAAAA!


El diputado también fue el artífice de un acto inusual: que Lula usara celular, algo a lo que se había resistido durante décadas. Por eso, el domingo en la noche, en su primer discurso después de que se confirmara su triunfo, el mandatario reelecto aseguró que usará el teléfono para comunicarse de manera más seguida con los ciudadanos. Del mismo modo, agradeció en varias ocasiones el trabajo del "comandante" de su ejército digital.

La proeza fue cumplida, incluso después de la emergencia de salud que sufrió Janones, quien el 18 de octubre tuvo que ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Vila Nova Star, en Sao Paulo, debido a una arritmia cardiaca que padeció después de acompañar a Lula a uno de los debates presidenciales contra Bolsonaro.

"Corremos por usted"

El agotamiento extremo y la alta tensión le pasaron factura, pero se recuperó y en la última semana previa a la segunda vuelta, el parlamentario intensificó la innovadora estrategia que logró que los discursos y las propuestas de Lula se impusieran en la conversación digital.


Janones resumió, en una entrevista con El Destape, la premisa que le planteó a Lula en el decisivo tramo de la campaña para el balotaje: "Usted no tiene que aprender a usar redes sociales; usted ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Usted ya hizo lo que tenía que hacer; nosotros correremos por usted en las redes sociales".

Y así lo hicieron. El resultado fue una reelección que consolida a Lula como el político más importante de América Latina del siglo XXI y que, a sus 80 años y luego de su séptima campaña electoral, le permitirá gobernar Brasil hasta el 2031.
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Lula da Silva                                                                                                                                                   


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sábado, 24 de octubre de 2026

Los términos secretos del acuerdo petrolero de Trump con Venezuela

Alejandro Betancourt, un magnate energético venezolano de 46 años, es la figura clave en un histórico acuerdo petrolero con la administración Trump. Líderes de la oposición venezolana y demócratas del Congreso estadounidense han criticado el acuerdo porque Betancourt ha sido objeto de investigaciones por presunta corrupción. Antonio Heredia/El Mundo

Por Cate Brown , Aaron C. Davis y Sebastian Rotella
20 de octubre de 2026, 21:53

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Aspectos destacados del informe
Cortafuegos corporativo: El acuerdo petrolero está diseñado para impedir que futuros presidentes estadounidenses y líderes venezolanos modifiquen o desmantelen la empresa.

Inversores ocultos: Algunos de los socios de la administración Trump podrían permanecer en el anonimato, ocultos tras una empresa matriz con sede en Barbados.

A largo plazo : Podrían pasar muchos años antes de que la empresa produzca suficiente petróleo como para representar una cuota estadísticamente significativa para Estados Unidos.

Estos fragmentos destacados fueron redactados por los reporteros y editores que trabajaron en esta noticia.

A finales de agosto, el presidente Donald Trump anunció lo que denominó el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Desde entonces, el texto completo del acuerdo —que otorga a Estados Unidos un acceso ilimitado a las reservas petroleras de Venezuela— ha sido uno de los secretos mejor guardados en Washington, D.C.

ProPublica ha revisado una copia del acuerdo de asociación estratégica de 18 páginas firmado por Estados Unidos por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Defensa Pete Hegseth. El documento revela términos cuidadosamente elaborados que favorecen los intereses estadounidenses en todo momento y consolidan el poder de un pequeño grupo de personas elegidas a dedo por la administración Trump para gobernar y beneficiarse del acuerdo. El papel del gobierno venezolano y los posibles beneficios para su pueblo están prácticamente ausentes del texto.

Uno de los aspectos más criticados del anuncio de Trump ha sido la elección de su socio: Alejandro Betancourt, un oligarca venezolano que viaja por todo el mundo y que ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero en tres países.

La administración Trump adquirirá una participación del 35% en la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners, mediante la compra de acciones de una empresa matriz registrada en Barbados. El documento del acuerdo ofrece poca información sobre los propietarios e inversores de la empresa matriz, quienes podrían obtener enormes beneficios de esta operación.

El acuerdo también salvaguarda la posición de Betancourt como director ejecutivo de NABEP y estipula que el gobierno estadounidense colaborará con la empresa matriz para nombrar un poderoso consejo de administración de siete miembros que gobernará la iniciativa durante un período inicial de 15 años. Según fuentes con conocimiento de cómo se gestó el acuerdo, estos aspectos se diseñaron para impedir que futuros líderes estadounidenses y venezolanos desmantelaran la empresa.

Orlando Alvarado, cuyo nombre no fue revelado por la administración Trump como parte del acuerdo, lo firmó en nombre de la empresa matriz, junto con Betancourt, Hegseth y Rubio. Alvarado ha ocupado altos cargos en varias empresas de Betancourt, incluyendo el de director financiero de una compañía energética que se vio envuelta en escándalos hace una década. Según el Miami Herald , los fiscales federales identificaron a Alvarado como co-conspirador no imputado en un plan para malversar fondos de la petrolera estatal venezolana.

El portavoz de NABEP, Terry Wade, declaró que "ni el Sr. Betancourt ni el Sr. Alvarado han sido acusados ​​jamás de ningún delito en ningún país, y cualquier acusación en su contra carece de fundamento".

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Cate Brown
Me interesa hablar con personas que entiendan cómo los miembros de la administración Trump, o sus familiares, hacen negocios, tanto en el país como en el extranjero.
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Aspectos clave del plan difieren de las declaraciones públicas de la administración Trump. Trump ha afirmado que el acuerdo garantizará el dominio energético de Estados Unidos durante el próximo siglo. Sin embargo, el texto indica que los derechos de compra estadounidenses expiran en la mitad de ese plazo y que los derechos de explotación subyacentes parecen contravenir las leyes venezolanas que limitan las concesiones petroleras a 25 años.

El acuerdo garantiza a Estados Unidos un importante descuento sobre el valor justo de mercado en el 20% del petróleo de NABEP, tal como afirmó Trump. Sin embargo, no garantiza explícitamente que la empresa de Betancourt esté obligada a pagar a Venezuela los aproximadamente 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos que, según la Casa Blanca, beneficiarían al país .

También existen importantes salvedades relacionadas con el principal argumento de venta de Trump a los estadounidenses: que el acuerdo traerá consigo una avalancha de importaciones de petróleo a bajo coste.

El acuerdo otorga a Estados Unidos el derecho a comprar el 20% del petróleo de NABEP a un precio reducido de 30 dólares por barril, es decir, menos de un tercio del precio al que se ha vendido el petróleo en los últimos meses, según uno de los tres documentos de apoyo revisados ​​por ProPublica.

Pero esta tarifa no contempla el costo de exportar el petróleo venezolano. Gran parte del crudo venezolano es tan denso que no puede circular por los oleoductos a menos que se mezcle previamente con un 20 % o más de diluyentes. Según el acuerdo, el costo potencialmente significativo de importar millones de barriles de estos aditivos no está incluido en el precio.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y la empresa energética NABEP defendieron el acuerdo, afirmando en comunicados que su nueva iniciativa público-privada proporcionará beneficios económicos significativos y duraderos a ambos países que no pueden plasmarse en un documento legal.

“Este acuerdo histórico supone un paso importante hacia la estabilización de la economía venezolana tras años de hiperinflación y prácticamente ninguna inversión nueva, al tiempo que duplica con creces las reservas petrolíferas de Estados Unidos”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Wade hizo hincapié en que NABEP fue elegida por su trayectoria en la expansión de la producción petrolera en Venezuela en los últimos años y que el acuerdo era entre la empresa y el gobierno de Estados Unidos, no con Venezuela.

“Gracias en gran parte al acuerdo”, dijo Wade, “hay un aumento considerable de la confianza en el futuro de la industria petrolera venezolana y, como resultado directo, están llegando al país importantes nuevas inversiones”.

Añadió que gran parte del petróleo de NABEP proviene de yacimientos que requieren pocos o ningún material de mezcla, y que los costos de mezcla no afectarían significativamente el precio de producción. "Nuestra rentabilidad por barril es sólida".

Los detalles del acuerdo, recientemente revelados, probablemente suscitarán más interrogantes sobre si la inusual alianza entre Estados Unidos y un magnate energético extranjero puede aportar beneficios duraderos a ambos países, y qué partes privadas podrían beneficiarse en el proceso. Según exdiplomáticos y miembros del Congreso estadounidense, el acuerdo petrolero de Trump probablemente será objeto de escrutinio tanto en Estados Unidos como en Venezuela, especialmente si los demócratas obtienen la mayoría en una o ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato.

“La primera pregunta en un nuevo Congreso de Estados Unidos será: ¿Por qué Betancourt?”, declaró en una entrevista el exembajador James Story, quien fue el máximo diplomático estadounidense en Caracas entre 2018 y 2023. “¿Por qué obtuvo este acuerdo? ¿Estuvo involucrado en actividades delictivas? Parece razonable celebrar una audiencia en el Congreso para abordar estas cuestiones”.

“La pregunta número uno en un nuevo Congreso de los Estados Unidos será: ¿Por qué Betancourt?”
James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela

En declaraciones públicas, Delcy Rodríguez, quien obtuvo el respaldo del gobierno de Trump para ejercer como presidenta interina de Venezuela, elogió el acuerdo calificándolo de “histórico”. Afirmó que Venezuela conservará la soberanía sobre sus recursos naturales y defendió la elección de Betancourt.

Personas con conocimiento de la toma de decisiones y las negociaciones entre bastidores de la administración Trump con Betancourt hablaron con ProPublica bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo o temían represalias.

Una de las razones por las que los términos exactos del acuerdo han permanecido ocultos hasta ahora es que el contrato firmado está catalogado como un documento gubernamental "sensible". Esta clasificación se utiliza habitualmente para proteger diversos registros federales de la divulgación pública, incluidos aquellos que contienen información personal, detalles sobre operaciones policiales en curso y asuntos amparados por el secreto profesional entre abogado y cliente. El documento también incluye una cláusula de confidencialidad que prohíbe a la empresa de Betancourt revelar la existencia y los términos del acuerdo con el gobierno estadounidense.

Una persona familiarizada con las deliberaciones afirmó que personas cercanas a la administración Trump parecían interesadas en asociarse con la empresa de Betancourt debido a la privacidad y flexibilidad que ofrecía. Esto parecía otorgar a NABEP una ventaja sobre las compañías petroleras que cotizan en bolsa, las cuales estarían obligadas a cumplir con los requisitos de información para los accionistas.

“Por ejemplo”, dijo la persona, “Chevron no podría ceder el 35% de sus acciones al Pentágono”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (izquierda), y la ministra de Petróleo e Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao (derecha), asisten a la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas en septiembre. Juan Barreto/AFP vía Getty Images

El trato

El acuerdo petrolero es delicado en parte debido a la probable resistencia en Venezuela, donde los críticos ya lo han descrito como una apropiación estadounidense de los valiosos recursos naturales del país.

Un análisis de ProPublica demuestra que sus términos favorecen los intereses estadounidenses en casi todos los aspectos e intentan consagrar indefinidamente la impronta de la administración Trump.

El documento estipula que la mayoría de los siete miembros del consejo directivo deben ser ciudadanos estadounidenses en todo momento, y que el gobierno de EE. UU. puede designar a un observador sin derecho a voto para que se una al grupo. Betancourt, quien ejercerá como director ejecutivo, es el único miembro del consejo nombrado en el acuerdo. El consejo inicial establecerá el proceso para la selección de nuevos miembros.

“A lo largo de la evolución del acuerdo, quedó claro que la estructura de gobierno tenía como objetivo garantizar el máximo control por parte de quienes lo negociaban y protegerlos de futuras administraciones que intentaran revertir el acuerdo o ponerlo en tela de juicio”, dijo una persona familiarizada con las negociaciones.

No se exige la participación de ningún gobierno venezolano en la junta directiva.

El acuerdo también ofrece protecciones a largo plazo para Betancourt y los inversores no identificados. Se requiere una mayoría cualificada de cinco votos para destituir a Betancourt como director ejecutivo, cambiar la composición del consejo de administración o realizar cualquier transacción con un accionista que no sea el gobierno de EE. UU., un accionista indirecto, un director, una filial o un familiar directo.

Según el documento, el consejo de administración determinará la remuneración de Betancourt como director ejecutivo. Tal como está estructurado, el acuerdo no parece requerir ninguna divulgación pública sobre la remuneración o la distribución de acciones a los ejecutivos.

El acuerdo no especifica qué accionistas, afiliados o familiares han sido autorizados a realizar transacciones con la empresa de Betancourt. Según la legislación corporativa de Barbados, prácticamente no existen mecanismos que obliguen a revelar públicamente dichos intereses.

Sin embargo, el acuerdo exige que la empresa mantenga controles contra el lavado de dinero, se someta a auditorías externas e inspecciones de sus registros por parte del gobierno estadounidense, y proporcione al gobierno estadounidense un presupuesto anual y estados financieros trimestrales no auditados. No está claro si estos informes se harán públicos alguna vez.

Podría pasar algún tiempo antes de que la compañía produzca suficiente petróleo para satisfacer una parte significativa de la demanda estadounidense. La compañía de Betancourt produce actualmente unos 200.000 barriles diarios, lo que equivale aproximadamente a la cantidad que Estados Unidos consume en tres días durante un año.

Según informes recientes , NABEP tiene como objetivo aumentar su producción a 500.000 barriles por día para finales de 2028.

Además de obtener un descuento del 20% en el petróleo de NABEP, Washington también tiene "prioridad absoluta" para comprar toda la producción petrolera restante de la compañía durante los próximos 50 años, incluido un derecho irrevocable a comprar la totalidad de su suministro de petróleo en caso de que Estados Unidos declare una emergencia nacional.

Estados Unidos también recibe el estatus de "nación más favorecida", lo que obliga a la firma de Betancourt a revelar cualquier otro acuerdo comercial que firme y, si estos son favorables, a otorgar a Washington condiciones equivalentes.

Una persona que revisó partes del contrato se sorprendió de los beneficios tangibles para Estados Unidos en comparación con la falta de compromisos vinculantes con Venezuela: “Les di el 20% de mi producción a precio de costo más margen, de acuerdo. Les di toda mi producción si hay una emergencia nacional, de acuerdo. … Entonces, ¿qué obtengo a cambio?”.

Un funcionario estadounidense afirmó que Rodríguez había otorgado a NABEP concesiones petroleras de 100 años para operar en la zona, aunque esta cifra no se menciona en el acuerdo y parece contradecir la legislación venezolana.

En caso de disputa, Venezuela no puede impugnar el acuerdo ante sus propios tribunales. El acuerdo estipula que cualquier conflicto entre la empresa y Estados Unidos debe resolverse conforme a la legislación estadounidense, no a la venezolana. Ambas partes incluso especificaron que cualquier caso civil o arbitraje debe ser presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, donde el Departamento de Justicia de Trump ha recurrido repetidamente en busca de fallos favorables.

En los casos en que no se aplique la ley estadounidense, se aplicará la ley del estado de Texas, según estipula el acuerdo.

Una oficina del Pentágono ha recibido el encargo de ejecutar en el futuro la transacción financiera para capitalizar la participación del 35% del gobierno estadounidense en la empresa conjunta. El documento muestra que Estados Unidos no pagará nada por adelantado, sino que planea adquirir su participación en la compañía de Betancourt pagando 0,01 dólares por acción. Dichos términos expirarán en el 75.º aniversario de la fecha de cierre.

En un comunicado de la Casa Blanca el mes pasado, Trump ensalzó esas acciones, afirmando que podrían valer "cientos de miles de millones", además de los dividendos. Sin embargo, los demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado declararon que, en su opinión, la oficina del Pentágono no tiene la autoridad legal para firmar un acuerdo con una entidad extranjera que opera en un país sujeto a sanciones estadounidenses.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que el Departamento de Defensa lleva a cabo una exhaustiva diligencia debida antes de otorgar asistencia financiera. Wilson declinó hacer comentarios sobre las consideraciones legales o los aspectos técnicos del acuerdo para preservar la integridad del proceso.

Según los documentos de la asociación, varios otros aspectos detallados del funcionamiento de la empresa se encuentran actualmente en negociación entre la administración Trump, Betancourt y la empresa matriz. El acuerdo cita repetidamente un conjunto de "Documentos de Implementación" que definirán la participación accionaria estadounidense y los derechos de los inversores no identificados.

El acuerdo no entrará en vigor en su totalidad hasta que ambas partes hayan cumplido con las condiciones de cierre, lo cual, según indica el convenio, podría ocurrir en cuestión de meses.

El mes pasado, los demócratas del Senado criticaron duramente lo que se sabía del acuerdo petrolero y exigieron detalles en una carta dirigida a Rubio, Hegseth y al secretario de Energía, Chris Wright.

“No está claro por qué el público estadounidense debería apoyar este intento de involucrar a Estados Unidos con una compañía petrolera extranjera relativamente desconocida que carece de la capacidad o la credibilidad para desarrollar yacimientos petrolíferos de la magnitud descrita y cuyos líderes han enfrentado investigaciones penales internacionales”, dijeron cuatro senadores de alto rango en la carta .

Afirmaron que la mayoría de los yacimientos petrolíferos están lejos de estar listos para la producción y que podrían pasar hasta diez años antes de que los mercados petroleros mundiales se vean afectados de manera significativa y el pueblo estadounidense perciba algún beneficio tangible.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda), y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los medios de comunicación sobre Venezuela días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en enero. Al Drago/Bloomberg vía Getty Images

Un socio dispuesto

Casi inmediatamente después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en enero y lo evacuaran de Venezuela por vía aérea, Trump dejó pocas dudas de que su objetivo principal era restablecer el acceso estadounidense a las reservas petrolíferas de Venezuela dos décadas después de que la mayoría de las empresas estadounidenses hubieran sido expulsadas del país.

A principios de la primavera, un grupo poco conocido de funcionarios del sector energético, abogados y lobistas comenzó a elaborar planes para implementar la agenda energética "Estados Unidos Primero" de Trump. Una persona familiarizada con las deliberaciones indicó que los funcionarios estadounidenses habían considerado respaldar la idea de que compañías petroleras estadounidenses que cotizan en bolsa, como Chevron, Exxon y Conoco, se repartieran y rehabilitaran el envejecido sector petrolero venezolano. Otra posible vía era a través de la empresa de Betancourt, la segunda mayor petrolera privada que opera en Venezuela. Trabajar con la empresa estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., nunca fue una opción viable debido a su deuda subyacente y su historial de corrupción, según la misma fuente.

La opción de recurrir a las grandes petroleras multinacionales se estancó rápidamente. En algunos casos, los ejecutivos petroleros se mostraron reacios a volver a adentrarse en la complejidad del mercado venezolano; en otros, las empresas tuvieron dificultades para conseguir algo más que reuniones superficiales en Washington y Caracas, según informes de prensa y fuentes cercanas al acuerdo.

“A NABEP se le dio prioridad”, dijo una persona. “Exxon, Conoco y las demás fueron tratadas como de segunda clase”.

La influencia de Betancourt iba en aumento durante la administración Trump. Según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, había actuado como interlocutor de Washington con el gobierno de Maduro y mantenía vínculos con algunos líderes de la oposición venezolana. También había proporcionado información que ayudó a las fuerzas estadounidenses a incautar petroleros venezolanos y que contribuyó a la estrategia y la planificación previas a la captura de Maduro, informó Reuters .

Además, Betancourt había desarrollado una buena relación con Rodríguez, a quien Trump había respaldado como presidente interino del país. Y Betancourt lo había hecho a pesar de que su influyente hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo había acusado de corrupción en un discurso televisado en 2020, según exfuncionarios estadounidenses e informes de prensa.

Según varias fuentes, los funcionarios estadounidenses también vieron razones prácticas para asociarse con Betancourt. Él y su entonces socio comercial en Estados Unidos, Harry Sargeant, partidario de Trump, parecían ser un caso de éxito excepcional en una industria maltrecha, al operar algunos de los pocos yacimientos petrolíferos activos del país.

“Lo más prometedor es que los yacimientos están produciendo en Venezuela”, dijo un exfuncionario del Departamento de Estado que analizó las actividades de la empresa. “Creo que es particularmente importante invertir en yacimientos que están produciendo. Si el objetivo político es aumentar la producción rápidamente, esto tiene sentido”.

Pero asociarse con Betancourt planteó importantes desafíos.

Para empezar, el multimillonario de 46 años se encontraba bajo arresto domiciliario en su finca de 120 hectáreas en Oxfordshire, Inglaterra, mientras luchaba contra una solicitud de extradición suiza vinculada a una investigación internacional por lavado de dinero. Betancourt podía volar a su residencia londinense, valorada en 46 millones de dólares, en helicóptero privado, pero sus pasaportes venezolano e italiano estaban bloqueados, y las autoridades británicas le habían prohibido conducir en vías públicas, según informaron los medios de comunicación sobre el acuerdo especial de libertad bajo fianza.

Los problemas legales de Betancourt se derivaron de su participación en proyectos energéticos venezolanos problemáticos durante el corrupto gobierno del expresidente Hugo Chávez. Varios de sus socios, conocidos o presuntos, fueron acusados ​​o condenados en una importante investigación estadounidense sobre lavado de dinero conocida como Operación Fuga de Dinero. Betancourt surgió como sospechoso en el caso estadounidense y aún se encuentra bajo investigación por presunto lavado de dinero por parte de las autoridades españolas , según exfuncionarios estadounidenses y europeos e informes de prensa .

La líder más popular de la oposición venezolana en el exilio, María Corina Machado, describió recientemente a Betancourt como alguien involucrado en una "corrupción obscena" que causó un gran sufrimiento al pueblo venezolano, según una entrevista reciente con el New York Times .

Betancourt no ha sido acusado en ningún país. Su abogado ha mantenido la inocencia de su cliente, afirmando que Betancourt ha sido injustamente difamado porque se le asocia con un grupo de jóvenes venezolanos adinerados, algunos de los cuales han sido acusados ​​de irregularidades, según informes de prensa .

Muchos venezolanos ven a Betancourt como una "figura totémica, emblemática y corrupta", dijo Brian Naranjo, ex diplomático estadounidense de alto rango en Venezuela, en una entrevista.

“Él no es realmente un hombre del petróleo”, dijo Naranjo. “El talento que aporta es que es una figura nueva en una larga tradición de empresarios venezolanos que se dedican a influir. Su principal baza son las conexiones y la influencia. Se trata de saber quién es quién, no de saber hacer”.

En una reciente entrevista con medios de comunicación en español, Rubio defendió a Betancourt, elogiando el trabajo de su petrolera en Venezuela y su apoyo a facciones de la oposición venezolana en el exilio.

Rubio restó importancia al escrutinio legal al que se ha enfrentado Betancourt, afirmando que una revisión realizada con las agencias policiales estadounidenses indicaba que "no había investigaciones sobre él en nuestro sistema".

“Su talento reside en que es una figura nueva en una larga tradición de empresarios venezolanos que se dedican a influir en los demás. … Se trata de contactos, no de conocimientos técnicos.”
Brian Naranjo, ex diplomático estadounidense

Aún no está claro cómo Betancourt logró eludir las restricciones de viaje impuestas por las autoridades europeas. Sin embargo, The Washington Post informó que altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau, la exfiscal general Pam Bondi y el entonces subfiscal general Todd Blanche, solicitaron a sus homólogos extranjeros que permitieran a Betancourt viajar libremente y que cerraran las investigaciones en su contra y sobre sus negocios.

El siguiente obstáculo para que la administración Trump pudiera colaborar con Betancourt era encontrar la manera de invertir legalmente. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (CFDI), la agencia de inversiones del gobierno con un presupuesto de 200 mil millones de dólares, fue creada precisamente para eso, pero actualmente la ley estadounidense le prohíbe operar en Venezuela.

En distintos momentos a lo largo del verano, los asesores del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, intervinieron, presionando a los funcionarios de los departamentos de Defensa y de Estado para que consideraran vías de financiación alternativas, según una persona familiarizada con el desarrollo del acuerdo.

En julio, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, dirigida por David Lorch, surgió como una posible solución.

Según fuentes cercanas al acuerdo, Lorch, quien se había incorporado al Pentágono procedente de Cerberus Capital, la firma de capital privado del subsecretario de Defensa Steve Feinberg, acogió con entusiasmo la idea. Lorch y otros funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado viajaron a Caracas en los últimos días de ese mes y llegaron a un acuerdo preliminar. Los detalles se concretarían en Washington, indicaron las fuentes.

Un portavoz del Pentágono dijo que Lorch declinó hacer comentarios.

El 5 de agosto, Betancourt entró en una sala de conferencias tras la fachada art déco de la antigua terminal de autobuses Greyhound en el centro de Washington, que alberga una oficina auxiliar del Pentágono. Los funcionarios del Departamento de Defensa allí reunidos le dieron al multimillonario venezolano un trato de honor, haciendo fila para estrecharle la mano, según fuentes cercanas a la reunión. Sin embargo, algunos de los presentes se quedaron atónitos al descubrir que el gobierno estadounidense se preparaba para hacer negocios con Betancourt, según las mismas fuentes.

Betancourt estuvo acompañado por Jacob Hirshman, director ejecutivo y cofundador de Erebor Bank, el primer banco nuevo creado tras el regreso de Trump a la presidencia, según fuentes cercanas a la reunión. El banco, respaldado por los partidarios de Trump y los inversores Peter Thiel y Palmer Luckey, se ha comprometido a reintegrar a Venezuela a la economía mundial.

Hirshman no respondió a la solicitud de comentarios.

Lorch les dijo al grupo, que incluía a decenas de antiguos socios de Wall Street a quienes había contratado para su oficina, que la alianza con Betancourt era una gran "oportunidad" para cumplir uno de los principales objetivos de la administración Trump: asegurar beneficios para Estados Unidos y Venezuela durante las próximas décadas.

La reunión dio inicio a un mes de llamadas y videoconferencias ininterrumpidas.

Personas familiarizadas con el desarrollo del acuerdo indicaron que Lorch pronto se involucró en la estructuración de aspectos clave, más allá de la financiación, incluyendo cómo se organizaría el consejo de administración durante 15 años y cómo elegiría a sus sucesores. Una fuente afirmó que Lorch hizo hincapié en que la empresa se configurara de forma que el sucesor de Trump no pudiera deshacerla.

El trabajo realizado durante meses en el acuerdo salió a la luz pública el 28 de agosto con un anuncio de Trump en Truth Social.

“¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!”, publicó Trump un viernes por la noche.

Dos días después, Hegseth, Rubio, Betancourt y Alvarado firmaron el acuerdo.

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