No se trata de un fenómeno aislado ni de un solo país, sino de una infraestructura amplia, extendida geográficamente y sostenida por mecanismos de financiación complejos.
La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, anunció este lunes que está investigando más de 120 biolaboratorios en el extranjero financiados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses durante décadas. De ellos, 40 se encuentran en Ucrania y podrían correr "el riesgo de estar comprometidos" debido al conflicto armado en curso con Rusia, según estimaciones de la oficina encabezada por Gabbard.
La investigación estadounidense tiene lugar después de años de advertencias desde Rusia sobre actividades ilícitas en laboratorios ucranianos financiados por los países de la OTAN. Desde 2022 Moscú ha proporcionado pruebas de esta actividad en diferentes plataformas internacionales, entre ellas la ONU, pero ni EE.UU., ni Ucrania, ni otras partes implicadas reaccionaron a los llamados rusos a investigar el funcionamiento de esos biolaboratorios.
Advertencias de Rusia
Rusia intentó llamar la atención de la comunidad internacional sobre este problema en reiteradas ocasiones, advirtiendo de la existencia en Ucrania del:
Proyecto UP-4, cuyo objetivo era investigar la posibilidad de transmisión de infecciones particularmente peligrosas a través de aves migratorias
Proyecto P-781, en el marco del cual se investigó el uso de murciélagos como agentes de armas biológicas
Las Fuerzas Armadas de Rusia consiguieron también documentos que confirman numerosos casos de entrega de muestras biológicas de ciudadanos ucranianos al extranjero. "Con gran probabilidad se puede hablar de que una de las tareas de EE.UU. y sus aliados es la creación de bioagentes, capaces de afectar de manera selectiva a diversos grupos étnicos", indicó el teniente general Ígor Kirílov, exjefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Además, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, subrayó ya en 2022 que los proyectos de investigación biológica desarrollados durante años en una serie de laboratorios ucranianos conjuntamente con Estados Unidos violan la Convención sobre armas biológicas, y que los documentos capturados en el curso de la operación militar rusa en Ucrania son solo la cima del iceberg.
Rusia no había recibido ninguna explicación sobre la actividad de los laboratorios biológicos estadounidenses en el territorio de Ucrania, declaró hace tres años el ministro adjunto ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov.
¿Qué está investigando exactamente Gabbard?
El punto de partida de esta investigación, según explicó la alta funcionaria en comentarios para el New York Post, no es una acusación genérica, sino una revisión con objetivos concretos:
Identificar dónde están los laboratorios financiados con fondos estadounidenses
Determinar qué patógenos contienen
Clarificar qué 'investigación' se está realizando en ellos
Poner fin a la peligrosa investigación de ganancia de función que amenaza la salud y el bienestar del pueblo estadounidense y del mundo
¿Qué alcance tendría la red de laboratorios?
Según Gabbard, los más de 120 laboratorios financiados por EE.UU. se ubican en más de 30 países.
Varios de ellos recibieron fondos mediante un programa del Departamento de Defensa de EE.UU. ligado a la etapa posterior a la Guerra Fría y orientado a deshacerse de armas de destrucción masiva o reducir ese tipo de riesgos.
El caso de Ucrania
La presencia de 40 de los laboratorios en cuestión en Ucrania supone en una carga singular para el caso, sobre todo porque el Gobierno estadounidense negó públicamente su relación con instalaciones biológicas en ese país.
La administración de Joe Biden negó la existencia de "laboratorios químicos o biológicos de propiedad u operación de EE.UU. en Ucrania", calificando las afirmaciones contrarias de propaganda china y rusa.
Supervisión laxa y la opaca cadena de financiación
Las actividades de los biolaboratorios investigados se enmarcan en el Programa de Reducción Cooperativa de Amenazas del Departamento de Guerra de EE.UU., que formalmente estudia patógenos para prevenir peligrosos brotes en el futuro y aumentar la bioseguridad de EE.UU.
Los críticos de ese programa denunciaban la supervisión laxa de la financiación de estas investigaciones y falta de transparencia derivada de cómo circula el dinero, que a menudo pasa por agencias estadounidenses y luego llega a beneficiarios.
Esta estructura de por sí dificulta que los estadounidenses puedan saber con certeza qué experimentos se financian, dónde, con qué patógenos y bajo qué reglas de control.
Funcionarios de la oficina de Gabbard señalaron que los ensayos clínicos que se llevan a cabo en esos biolaboratorios suscitan "importantes preocupaciones éticas, financieras y de seguridad".
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