Ahmad Manasra, detenido a los 13 años, fue liberado a los 23 con secuelas físicas y mentales tras casi una década en prisión israelí.
Por: Alireza Akbari
Detenido a los 13 años por fuerzas de ocupación israelíes, Ahmad Manasra fue liberado la semana pasada de una prisión israelí con 23 años, llevando consigo cicatrices físicas y psicológicas tras casi una década de encarcelamiento.
Su liberación provocó tanto alivio como renovada indignación respecto a la judicialización de menores palestinos en tribunales militares israelíes, en un contexto de cifras récord de niños palestinos encarcelados por Israel.
Junto a Manasra, varios otros palestinos también fueron liberados, todos ellos con signos visibles de tortura, evidencias vivientes de las condiciones inhumanas en las prisiones militares israelíes.
Esto reavivó las alarmas entre defensores de derechos humanos, quienes denunciaron nuevamente el profundo daño psicológico y físico que continúan sufriendo los niños palestinos encarcelados.
El arresto arbitrario de Manasra en octubre de 2015 se produjo tras ser falsamente acusado de apuñalar y herir a dos colonos israelíes en la ocupada Al-Quds (Jerusalén) Este.
Sin embargo, luego de varias audiencias e investigaciones, se determinó que Manasra no tuvo participación en el ataque. A pesar de ello, en 2016 fue condenado por intento de asesinato.

El caso generó interrogantes graves, especialmente considerando que Manasra era menor de la edad legal de responsabilidad penal al momento de su detención, la cual se basó en cargos endebles.
Durante años, el adolescente fue recluido en régimen de aislamiento, particularmente en la temida sección de aislamiento de la prisión de Eishel, en el desierto del Néguev, según pruebas disponibles.
Su permanencia allí tuvo consecuencias devastadoras, ya que los brutales interrogatorios, realizados sin notificación a sus padres ni presencia de abogados, le provocaron un trauma psicológico severo.
Tras su liberación la semana pasada, la alegría inicial pronto fue reemplazada por la trágica realidad del caso: Manasra apareció débil y desorientado.
Las redes sociales se inundaron de relatos desgarradores sobre su secuestro, la tortura sufrida en diversas prisiones conocidas por sus abusos, y los años que pasó en aislamiento.
El vídeo del interrogatorio, en el que se le negó la presencia de defensa legal y de sus familiares, volvió a viralizarse tras su liberación.
—¿Qué estabas haciendo? —le preguntó un oficial del régimen israelí durante el interrogatorio.
—No lo recuerdo. Lo juro por Dios, lo juro —respondió Ahmad, levantando la mano en un gesto de sinceridad.
—¿Ah sí? ¿No lo recuerdas? ¿Y juras por Dios? ¿Quién es ese Dios? —el oficial replicó.
—Ya dije que todo lo que ustedes dicen es cierto, ¿qué más quieren? Pero no diré más que eso; todo es verdad, pero no lo recuerdo —contestó Ahmad, sentado solo en la silla.
Su tan esperada libertad no llegó a las puertas de la prisión de Nafha, como anhelaba su familia, sino en Bir as-Sabi’, un lugar remoto e inaccesible para sus seres queridos.

La historia de Manasra no es un caso aislado. Cientos de niños palestinos continúan presos en cárceles israelíes bajo condiciones igualmente inhumanas, robándoles su infancia, según diversas organizaciones de derechos humanos.
En las últimas dos décadas, el régimen israelí ha detenido a unos 10 000 menores palestinos mediante detención administrativa, según datos de la ONU. Las cifras no oficiales son aún mayores.
Según la ONG Save the Children (Salven a los Niños), los menores palestinos son “los únicos niños en el mundo que son procesados sistemáticamente en tribunales militares (israelíes)”.
La misma organización humanitaria señala que el 86 % de estos niños son golpeados, el 69 % sometidos a inspecciones corporales humillantes, y el 42 % resultan heridos durante su detención.
Las campañas de detención por parte de las fuerzas israelíes se han intensificado desde octubre de 2023, en paralelo con la ofensiva genocida en curso en la Franja de Gaza.
Una declaración de la Defensa Internacional de Niños (DCI, por sus siglas en inglés), ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, también evidenció la larga historia de detenciones militares israelíes.
Desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967, los palestinos —incluidos menores— han sido juzgados en tribunales militares israelíes, contraviniendo el derecho internacional humanitario.
Según estimaciones de la ONU, más de 700 000 palestinos han sido arrestados desde el inicio de la ocupación, una parte considerable de ellos siendo menores de edad.
Cada año, entre 500 y 700 menores palestinos de la Cisjordania ocupada son procesados en tribunales militares, en su mayoría varones entre los 15 y 17 años.

Arrestados, interrogados y detenidos por el ejército y la policía israelíes, estos niños enfrentan un sistema legal que, según activistas, no ofrece protección ni justicia.
Desde el año 2000, alrededor de 7500 menores palestinos han sido detenidos y procesados por tribunales militares israelíes, según estimaciones conservadoras.
Esta cifra es la más alta registrada desde que la Defensa Internacional de Niños-Palestina (SCIP, por sus siglas en inglés) comenzó a monitorear estas detenciones en 2008, representando ahora más de un tercio de los menores palestinos prisioneros.
La mayoría de estas detenciones ocurrieron tras los eventos del 7 de octubre de 2023, en medio de la escalada de violencia en Cisjordania ocupada.
—Detener indefinidamente a menores, sin cargos ni juicio, equivale a detención arbitraria —afirmó Ayed Abu Eqtaish, director del programa de rendición de cuentas de la DCIP.
—Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han intensificado las campañas de arresto de menores palestinos, deteniendo una cifra récord sin presentar cargos.
Según el Servicio Penitenciario de Israel, más de un tercio de los menores palestinos detenidos están bajo órdenes de detención administrativa, una práctica que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional debido a la ausencia de debido proceso.
Se estima que la cifra de niños palestinos detenidos sin cargos es cinco veces mayor que antes de octubre de 2023.
Algunos han sido liberados como parte de acuerdos de tregua entre HAMAS y el régimen israelí, 40 muchos de ellos estaban en detención administrativa.
La documentación de DCIP revela un patrón preocupante: los menores detenidos han reportado un aumento constante en el maltrato y la tortura, mientras que las condiciones carcelarias han empeorado drásticamente.
La detención administrativa —una medida que permite encarcelar a personas sin acusación ni juicio— se ha convertido en un instrumento central de represión contra los palestinos.
Los menores palestinos bajo estas órdenes enfrentan un panorama sombrío. No se les presentan cargos y las supuestas pruebas en su contra permanecen en secreto.

La policía de fronteras israelí arresta a Ahmad Abu Sbitan, de 11 años, frente a su escuela en Jerusalén Este. Lo acusan de arrojar una piedra.
Este proceso opaco, que impide tanto a los menores como a sus abogados acceder a las supuestas pruebas en su contra, hace prácticamente imposible impugnar legalmente su detención o la justificación de la misma, según documentación recopilada por la Defensa Internacional de Niños.
Dicha práctica constituye una violación flagrante de los estándares internacionales de justicia juvenil, a los que Israel se comprometió al ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en 1991.
La Convención exige que los niños solo sean privados de su libertad como último recurso y prohíbe toda detención arbitraria o ilegal.
Continúan saliendo a la luz informes de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en las cárceles israelíes, donde los detenidos palestinos soportan la peor parte de los abusos.
La documentación de DCIP revela las realidades estremecedoras que enfrentan los menores en prisión, especialmente por la violencia con la que son arrestados.
Frecuentemente, los niños son sacados de sus casas durante la noche por soldados fuertemente armados, que los someten a restricciones dolorosas y los vendan antes de llevarlos a centros de interrogatorio y detención.

En numerosos casos, los centros de interrogatorio y detención donde se recluye a menores palestinos están situados dentro de asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional.
El arresto y traslado de estos niños suele estar envuelto en secretismo, sin que ni ellos ni sus padres sean informados de los cargos en su contra o del destino al que serán llevados.
Esta falta de transparencia se ve agravada por un patrón sistemático de abusos físicos y verbales, lo que convierte el proceso en una experiencia aún más traumática, según organizaciones de derechos humanos.
Una vez en los centros de detención, los menores son interrogados en solitario, sin la presencia de abogados ni familiares. En la mayoría de los casos, no existen grabaciones de audio ni video, lo que impide una supervisión independiente del proceso.
El ambiente en estos centros es de intimidación y temor, donde los menores son amenazados y agredidos físicamente de forma rutinaria, según activistas.
Estas prácticas no solo violan el derecho internacional, sino que evidencian el abuso sistemático al que se enfrentan los niños palestinos en detención israelí. Los informes comunes describen golpizas, patadas, amenazas contra ellos y sus familias, así como exposición a condiciones climáticas extremas.
Algunos menores son confinados en celdas de aislamiento, muchas veces sin ventanas y con una tenue luz amarilla encendida las 24 horas del día, una forma de tortura psicológica que puede prolongarse durante semanas o incluso meses.
Uno de esos casos fue el de Rashid S., un niño de 11 años arrestado por la policía fronteriza israelí por presuntamente lanzar piedras.

“Me lanzaron una granada aturdidora y luego me sujetaron con una llave de estrangulamiento”, declaró Rashid.
Según el informe anual más reciente del tribunal militar, el 99,74 % de los casos que involucran a menores palestinos terminan en condena, y en el 98 % de estos casos se impone una pena privativa de libertad.
Esta cifra contrasta drásticamente con el sistema de justicia juvenil civil israelí, en el cual solo alrededor del 6,5 % de los menores reciben penas de encarcelamiento, de acuerdo con un informe.
Una vez condenados, el 72 % de estos menores son trasladados a cárceles y centros de detención ubicados dentro de los territorios ocupados, lo cual constituye una violación flagrante del Artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el traslado de personas detenidas fuera del territorio ocupado.
Esta práctica sistemática pone de manifiesto el ciclo continuo de injusticia al que son sometidos los niños palestinos en los tribunales y prisiones militares israelíes.
La vulneración de los derechos de la infancia palestina bajo detención israelí trasciende el abuso físico. Debido a los extensos trámites para obtener permisos, o su constante denegación por motivos de seguridad vagamente definidos, muchos niños quedan incomunicados con sus familias.

Los menores palestinos también tienen prohibido el uso del teléfono, así como enviar o recibir correspondencia mientras permanecen encarcelados, lo que profundiza aún más su aislamiento durante una experiencia ya de por sí profundamente traumática, según testimonios de palestinos liberados de cárceles de ocupación.
La propia naturaleza de los tribunales militares en los que son juzgados estos menores genera una preocupación considerable. Dichas instancias no cumplen con los estándares mínimos de un juicio justo ni de justicia juvenil, negando a los niños las garantías jurídicas que les corresponden según el derecho internacional.
El Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el régimen israelí en 1991, exige que los procedimientos judiciales consideren la edad de los menores y la necesidad de centrarse en su rehabilitación.
Este principio es reforzado por la Convención sobre los Derechos del Niño, también ratificada por el régimen en 1991, la cual establece que ningún menor debe ser obligado a confesar su culpabilidad.
Además, el comité encargado de interpretar dicha Convención ha declarado explícitamente que los menores tienen derecho a solicitar la presencia de un padre, madre o tutor legal durante los interrogatorios.
La ausencia de un familiar o abogado debe ser considerada por los jueces al momento de valorar la veracidad de una confesión hecha por un niño.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.
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