sábado, 24 de agosto de 2013

Pinochet poseía armas químicas durante la dictadura


La revelación sobre la posesión por parte de la dictadura pinochetista (1973-1990) de un arsenal de armas químicas en cantidades suficientes como para asesinar a miles de personas conmocionó este viernes a Chile, en especial a los ex presidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruíz, quienes exigieron al Ejército que provea la información necesaria para que pueda ser evaluada por la Justicia, según reseñó Télam.
La exdirectora del Instituto de Salud Pública (ISP), Ingrid Heitmann, desveló la existencia de las toxinas botulínicas, al precisar que la sustancia estuvo en secreto por 27 años en un subterráneo del edificio de ese organismo, junto al Estadio Nacional de Santiago, y fue descubierta e incinerada en 2008, sin informar a la Justicia ni a Bachelet, quien en ese momento era jefa de Estado.
“Eran dos cajas llenas de ampollas con toxina botulínica, suficientes para matar a la mitad de Santiago”, señaló Heitmann.
Frei, cuyo padre -Eduardo Frei Montalva- también ejerció como presidente y murió en 1982 presuntamente envenenado con armas químicas, se manifestó indignado por el hecho de que el Ejército no entregue antecedentes a 40 años del golpe que derrocó a Salvador Allende.
Por su parte, Bachelet también expresó su sorpresa por el hecho de que las armas químicas del dictador Augusto Pinochet permanecieron guardadas secretamente en el Instituto de Salud Pública hasta 2008, cuando ella gobernaba.
“Si esa información es real, verídica, y se confirma, me imagino que será de mucha importancia para los jueces”, añadió.
Investigaciones judiciales ligadas al envenenamiento de presos políticos y a la muerte del expresidente Frei Montalva detectaron documentos que corroboraron el ingreso de las toxinas desde Brasil.
Eduardo Frei Montalva, al igual que el premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, murió en el cuarto piso de la Clínica Santa María de Santiago, la justicia chilena investiga en la actualidad ambos decesos, ante la sospecha de que se trató de casos de envenenamiento.
“La Policía de Investigaciones fue muchas veces al ISP, pero no las encontró. No revisaron nunca el subterráneo”, recordó Heitmann.
La botulina, que desde hace pocos años tiene usos cosméticos, es una neurotoxina elaborada con una bacteria denominada Clostridium botulinum que provoca parálisis muscular progresiva y que como arma de destrucción masiva está prohibida por las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas.
Un adulto de 70 kilos muere si se le inyecta 0,15 picogramos de la toxina. Como antecedente, cada picogramo equivale a apenas la billonésima parte de un gramo. La toxina también puede ser suministrada oralmente.
Heitmann, quien en los albores de la dictadura fue detenida y torturada dos veces por los equipos represivos, dijo que quedó impactada cuando sus subalternos encontraron estas armas químicas. “Me espanté”, detalló.
“No pensé que pudieran ser importantes para un proceso judicial, no se sabía lo de Frei”, explicó ante la decisión de incinerarlas en silencio junto a todos los demás materiales, pese a que faltaban algunas ampollas en el par de cajas encontrado, lo que hacía presumir su uso contra opositores.
Diversos juicios por violaciones a los derechos humanos recogen de hecho testimonios y evidencias de que los equipos represivos utilizaron toxina botulínica, gas sarín y talio.
Un caso ampliamente documentado y fallado ya por la Justicia es el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ultimado en 1976 con gas sarín, luego de ser torturado.
Otro es el de los miembros del MIR, envenenados justamente con toxina botulínica el 7 de diciembre de 1981 en la Cárcel Pública de Santiago.
Este último crimen ocurrió justo un día antes de que Frei sufriera un shock séptico en la Clínica Santa María tras ser operado por un equipo de médicos que resultaron ser agentes de inteligencia, como prueba el proceso judicial a punto de terminar.
En los restos de Frei fue hallada además presencia de talio y gas sarín, como indican los exámenes histológicos realizados en el proceso que lleva el juez Alejandro Madrid y que está en etapa de secreto procesal.
Estimaciones oficiales indican que durante la dictadura pinochetista fueron asesinados, secuestrados y torturados unos 30 mil opositores

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