Los observadores del Consejo de Europa y de la OSCE emitieron duras críticas sobre las elecciones legislativas turcas del 1º de noviembre de 2015. Pero, por ser Turquía miembro de la OTAN, ninguno se ha atrevido a sacar las conclusiones que se imponen sobre el carácter ilegítimo de los resultados de esa consulta.
«La campaña electoral se vio desgraciadamente empañada por la desigualdad y, en cierta medida, por el miedo», declaró Andreas Gross, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
«Los hechos de violencia en el sudeste del país, de población mayoritariamente kurda, han influido tremendamente en el escrutinio y las recientes agresiones y arrestos de candidatos y militantes, principalmente del HDP, son preocupantes en la medida en que dificultaron su posibilidad de hacer campaña», declaró Margareta Cederfelt, jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. También señaló: «Para que un proceso electoral sea realmente democrático, los candidatos tienen que tener la impresión de que pueden hacer campaña y los electores tienen que tener la impresión de que pueden ir a las urnas con total seguridad»
En realidad:
A numerosos ciudadanos se les impidió votar con el pretexto de que no habían cumplido su servicio militar obligatorio o de que habían sido condenados por alguno de los delitos que figuran en una larga lista de actos censurables, aunque a veces de menor importancia. También se vieron privados del derecho a votar los reclutas del servicio militar y los ciudadanos sujetos a medidas de detención preventiva. Los medios de prensa de la oposición estuvieron amordazados: los importantes diarios Hurriyet y Sabah así como el canal de televisión ATV fueron atacados por los matones del partido en el poder; se abrieron investigaciones judiciales contra periodistas y órganos de prensa bajo acusaciones de respaldar el terrorismo o de difamar al presidente Erdogan; numerosos sitios web fueron bloqueados; proveedores de servicios numéricos cancelaron sus servicios a varios canales de televisión; 3 de los 5 canales de televisión con alcance nacional –incluyendo la televisión pública– fueron en sus programas claramente favorables al partido en el poder. Los otros canales de televisión con cobertura nacional fueron simplemente cerrados por la policía. Una potencia extranjera, Arabia Saudita, aportó 7 000 millones de dólares en «donaciones» para «convencer» a los electores de que tenían que respaldar al presidente Erdogan. 128 oficinas del partido de izquierda HDP fueron atacadas por los matones del partido del presidente Erdogan. Numerosos candidatos y miembros de sus equipos de campaña sufrieron golpizas. Más de 300 comercios pertenecientes a personas de la etnia kurda fueron saqueados. Decenas de candidatos del HDP fueron arrestados y sometidos a detención provisional en plena campaña electoral. Más de 2 000 opositores fueron asesinados durante la campaña electoral, tanto en atentados como durante la represión gubernamental desatada contra el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). Varias localidades del sureste de Turquía fueron parcialmente destruidas por los blindados del ejército turco. A los observadores internacionales se les invitó a abandonar 7 colegios electorales y a los observadores de la ciudadanía acreditados por los partidos políticos se les impidió el acceso en varios colegios electorales. La disposición que exige que una lista obtenga como mínimo el 10% de los sufragios para estar representada en el parlamento limita el pluralismo político y el sistema utilizado para determinar la cantidad de escaños por circunscripción impone importantes desequilibrios en el número de electores representados por cada diputado, favoreciendo escandalosamente al AKP (partido del presidente Erdogan). La Corte Constitucional anunció que no pueden revisarse las decisiones de la Comisión Electoral, ni siquiera en los casos en que dichas decisiones violan las libertades y los derechos fundamentales. No existe, por consiguiente, ninguna posibilidad de recurrir a la justicia para cuestionar el carácter injusto de la campaña, ni las restricciones del derecho a presentarse como candidato, ni las restricciones del derecho al voto, todas violatorias de los compromisos internacionales contraídos por Turquía. Tampoco hay posibilidades de recurrir a la justicia para denunciar los fraudes realizados mediante la utilización de urnas llenas de votos antes del inicio de la consulta.
El resultado proclamado atribuye al AKP el 50,81% de los sufragios.
Fuente: Red Voltaire
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