Por Virgilio Hernández E.
Como ustedes saben, en Ecuador hemos vivido días de profunda conmoción política y social a consecuencia de las medidas impuestas por el FMI y adoptadas por el presidente Lenín Moreno, quien cuenta con apenas el 15% de aceptación del pueblo ecuatoriano.
El “paquetazo”, como se llama en Ecuador al conjunto de medidas económicas, tenía dos partes. La primera se hizo a través del Decreto 883, que liberalizaba el precio de los combustibles, es decir, los ponía al precio del mercado internacional. En Ecuador los combustibles son subsidiados como mecanismo de contención de precios en toda la economía. La segunda parte consiste en una serie de reformas tributarias y laborales que aún no han llegado a la Asamblea Nacional, pero que seguirán la tónica de las exigencias del FMI, para de esa manera hacer más “atractivo” el Ecuador a la inversión y garantizar el pago de la Deuda Externa, la cual, ahora han tenido que reconocer, estaba en mayo de 2017 por debajo del 40% del PIB, que es el límite permitido por nuestra legislación. Ahora mismo, esa deuda supera el 55%.
La liberalización del precio de los combustibles no era la única alternativa existente y el gobierno del Presidente Lenín Moreno lo sabía, porque esas medidas fueron discutidas al inicio de su gestión, por ejemplo: reformar las reglas del Crédito Tributario le habría otorgado 400 millones de dólares; adoptar medidas que frenen la subfacturación en aduanas le habría permitido 700 millones; elevar 372 partidas arancelarias, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comunidad Andina, le habrían otorgado otros 400 millones, pero lo que es más, habrían evitado, en una economía dolarizada, la salida de 800 millones de importaciones no indispensables. Sólo en estas tres medidas ya se recaudaba más que el retiro de los subsidios de los combustibles, con los cuales el Estado ahorraría 1.300 millones de dólares. Cabe resaltar que la medida de eliminar el subsidio a los combustibles era claramente recesiva, puesto que retiraba esos recursos de la sociedad ecuatoriana para cumplir con exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dedicarlos al pago de la Deuda y aumento de las reservas internacionales.
Estas no eran ni son las únicas alternativas: se puede escalonar el IVA manteniendo promedio de 12%; cosa parecida se puede hacer con Impuesto a Consumos Especiales (suntuarios); se puede establecer mecanismos a través de los que se recupere recursos de los subsidios a los ricos que no los requieran (es importante señalar que eliminaron el impuesto verde cuando debían mejorarlo para permitir devolución de subsidio de sectores pudientes que se benefician del mismo). También se podría adoptar un impuesto a las ganancias extraordinarias a sectores como la banca que entre 2017 y 2018 aumentó sus utilidades en promedio del 40%; y, algunas otras alternativas que se han ido presentando ¿Por qué no se lo hizo? Simplemente porque, de acuerdo con el FMI, no se puede castigar a sectores “dinámicos” de la economía y, por tanto, se eligió el camino de sacrificar al pueblo.
El proyecto de ley con las reformas aún no ha llegado a la Asamblea Nacional.
Frente al Decreto 883 el país estalló. Primero fueron sectores de la transportación, luego el movimiento indígena y finalmente gran parte de la población se levantó, y el Ecuador estuvo paralizado por 12 días. Frente al fuego encendido el gobierno nacional respondió intentado apagarlo con gasolina: expidió Estado de Excepción, con el que ingresaron también las Fuerzas Armadas a reprimir la movilización; se suspendió la garantía de derechos constitucionales como el de reunión, asociación y manifestación; además, se decretó Toque de Queda, que no había sido usado desde la dictadura.
El Estado de Excepción encendió aún más la violencia y sirvió para reprimir con Fuerzas Armadas y Policía a la multitudinaria manifestación indígena y popular; el saldo: 8 muertos, más de 1300 heridos y más de 1400 detenidos. La represión vivida estos días es la más fuerte que mi generación recuerde.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional, durante todos los días de movilizaciones se dedicó a culpar de los hechos al “correísmo” y decir que era un complot fraguado por Correa y Maduro para desestabilizar el Ecuador.
¿Cuáles eran las pruebas de ese plan desestabilizador? Que supuestamente en semanas anteriores la actual Prefecta de Pichincha, electa apenas en marzo por voto popular, mi persona y el excanciller Ricardo Patiño nos habríamos reunido con Rafael Correa y el presidente Nicolás Maduro en Caracas. Primero, Ricardo Patiño nunca viajó a Caracas (se puede comprobar fácilmente). Segundo, jamás nos reunimos,ni estaba programado hacerlo, con Nicolás Maduro. Tercero, nuestra vista permitió realizar un balance de la situación del Ecuador y establecer como planteamiento, animados por lo que sucede en Argentina, la Coalición por la Esperanza, propuesta que expresamos públicamente. Era imposible siquiera imaginar en ese momento las medidas que iba a adoptar el régimen respecto a la liberalización del precio de los combustibles. Todo hacía prever que irían por el alza del IVA y otras reformas tributarias, que no tienen el mismo efecto sobre la población.
Durante los 12 días el país escuchó, en cadenas nacionales e internacionales, a las máximas autoridades del Estado responsabilizarnos sin ninguna prueba. El presidente, el vicepresidente y sus ministros no ahorraron calificativos para con nosotros: mafiosos, terroristas, golpistas, zánganos, desestabilizadores y otros adjetivos más usados por el poder para intentar desprestigiar la movilización, aunque los propios dirigentes indígenas tomaban distancia del correísmo.
¿Cuál es la razón de la acusación de desestabilización?
En mi caso, haber dicho al siguiente día de la adopción de las medidas que el Gobierno tenía una disyuntiva: “Se cae el paquetazo o se cae el gobierno”, algo obvio para quienes conocemos la historia del Ecuador; y luego porque, ante la cruenta represión, propusimos la aplicación de la Muerte Cruzada, que es como en Ecuador nos referimos al llamado a elecciones generales anticipadas y es una figura constitucional contemplada en los artículos 130 y 148 de nuestra Carta Magna. Mediante esta figura la Asamblea Nacional puede destituir al presidente y viceversa, precisamente cuando hay grave crisis política y conmoción interna. (Cabe mencionar que este mecanismo lo adoptamos en la Constituyente con la actual ministra del Interior, María Paula Romo)
En el caso de aplicarse la Muerte Cruzada, se “van todos a su casa” y se convocan elecciones anticipadas; es un mecanismo de contención del Presidencialismo.
¿Se puede llamar golpismo a invocar la aplicación de la Constitución? Indudablemente que no, a menos que la propia constitución (la minúscula es intencional) sea la primera asesinada por el Estado de Excepción. Responsabilizarnos a los correístas de los hechos vandálicos es también un absurdo porque Inteligencia del Estado sabe exactamente la composición de nuestra militancia; nos han venido investigado desde hace meses y tienen certeza de que hemos sido sus firmes opositores, pero en el marco de la Constitución.
Finalmente, el 13 de octubre el gobierno aceptó la reunión con la cúpula del movimiento indígena y derogó el Decreto 883; anunció uno nuevo con focalización de los beneficios del subsidio, que aún no se conoce; también ha señalado que esta semana ingresará el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, como de urgencia económica, que debe tramitarse en 30 días improrrogables.
Durante las manifestaciones tuvimos, al menos, un centenar de detenidos de nuestros militantes y varios heridos (tres de gravedad que siguen hospitalizados); la ex alcaldesa de Durán, Alexandra Arce y la activista digital Magdalena Robles fueron detenidas en Guayaquil para fines investigativos y están siendo procesadas por asociación ilícita e incitación.
Desde la madrugada del lunes 14 se desató la persecución contra el “correísmo”. Ese día fueron allanados los domicilios de la Prefecta de Pichincha, el mío destruido y el de 5 personas más, entre ellos, de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien ha solicitado refugio en la Embajada de México, con otros tres asambleístas. Se detuvo a Paola Pabón, otro dirigente de Revolución Ciudadana, Cristhian González y una persona vinculada a la pastoral social, y se emitieron órdenes de detención “con fines investigativos” para mí y otras tres personas. No me encontraba en mi domicilio por elementales razones de seguridad. Vale indicar que la Prefecta había señalado que ella permanecería despachando en su oficina y la detienen en su casa.
En mi caso, siempre he dicho que quiero permanecer en Ecuador y defenderme en el país y que sólo pido la aplicación de las garantías de la Constitución. Como ha sucedido en otras ocasiones, cuando se trata de correístas, la detención con fines investigativos derivó en audiencia de formulación de cargos y la medida cautelar, que debía ser de última ratio, de la prisión preventiva, se convirtió en la que impusieron a la autoridad electa de la provincia de Pichincha y a Cristhian González; mientras se liberó con prohibición de salida del país y obligación de presentarse cada 8 días a Pablo Del Hierro, que jamás fue mi colaborador, como dicen en medios desinformativos; militante, más bien, de movimientos cristianos de base. El delito por el que se nos acusa: rebelión, que podría tener penas que van desde los 5 a 10 años. Las evidencias: publicaciones de Twitter y orientaciones a la militancia para que acompañe a la movilización indígena; todas ellas en el marco de la ley; de hecho, circulaban públicamente por redes sociales.
A la Prefecta, además, se le acusa de colaborar en la movilización con volquetes, sin mostrar una sola foto o prueba de dicha acusación que la sustente, cuando paradójicamente la alcaldesa de Guayaquil anunció por medios de comunicación y redes que ella sí colocó volquetas cargadas con piedras para evitar la entrada de manifestantes indígenas a Guayaquil. Cabe indicar que en la Audiencia de Formulación de Cargos de la Prefecta ante el presidente de la Corte Provincial estuvo entre el público, la Fiscal General del Estado. ¿Podían actuar el fiscal y juez de acuerdo a la constitución y la ley con personaje tan importante sentada en la sala y la presión de los medios de comunicación social? ¿No tenía otras causas que atender, propias de su alto cargo, la Fiscal General? ¿Puede existir la mínima objetividad con dicha presión?
La acusación de Rebelión es sostenida con los “argumentos demoledores” de publicaciones en redes públicas; ni un solo elemento más para sustentar una acusación tan grave, y medida cautelar que priva del ejercicio de su cargo a la principal autoridad de la Provincia en la que está Quito, la capital del Ecuador y otro dirigente del Correísmo.
En mi caso, ratificó, ante ustedes, mi voluntad de concurrir al proceso; simplemente quiero que se me brinden las garantías de la Constitución y convenciones internacionales de derechos humanos, como la de ser considerado inocente y tratado como tal y que se apliquen normas del debido proceso; nada más. El concurrir al proceso también permitirá que presidente de la República y altos funcionarios demuestren las graves acusaciones o queden en evidencia frente al país. No espero disculpas ni indemnizaciones, simplemente la verdad para que mis hijos, el último de 14 años, puedan saber que las cosas que se dijeron de su padre sólo eran un abuso de poder.
Un abrazo.
Fuente: Carta Publica
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