“La destitución de Karim Jan como fiscal de la CPI es quizás el acontecimiento más significativo en los 24 años de historia institucional de la CPI”.
Por Iqbal Jassat
Sergey Vasiliev, profesor de derecho internacional en la Open University de los Países Bajos, afirma que la medida es “el mayor revés para los esfuerzos de la Corte por buscar justicia en situaciones que implican a grandes potencias y sus aliados que no son parte de la Corte, incluidos Estados Unidos e Israel”.
No cabe duda de que la credibilidad de la justicia internacional no se mide por cómo trata a los débiles, sino por lo que sucede cuando es manipulada por los ricos y poderosos.
Un análisis minucioso de la campaña liderada por Israel en torno al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Jan, revela un patrón recurrente. Las instituciones aclamadas como guardianas del orden internacional basado en normas se convierten en blanco de presiones políticas en el momento en que amenazan los intereses de los Estados que gozan de la protección occidental.
Según informes de medios israelíes, el ministro de asuntos exteriores del régimen israelí, Gideon Saar, lideró personalmente una campaña diplomática para derrocar a Jan. El periodista Guy Azriel, citando a un funcionario anónimo, afirmó que Saar dirigió un grupo de trabajo especializado y presionó intensamente a los Estados miembros antes de la votación del viernes.
Tras la destitución de Jan, Saar reanudó sus ataques contra la CPI, exigiendo la revocación de las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, los dos criminales de guerra.
Lamentablemente, gran parte de la cobertura mediática omite la cronología que transformó a Jan de un respetado fiscal internacional en un lastre político.
Lo mismo puede decirse de la ausencia del Sur Global para garantizar una investigación imparcial, incluso a estas alturas, para determinar qué es lo que aparentemente está impulsado por una agenda política sionista muy radical.
Durante años, la Corte Penal Internacional fue bien recibida cuando perseguía a líderes africanos, figuras de los Balcanes y, más recientemente, a funcionarios rusos.
Ese consenso se fracturó después de que Jan solicitara órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, por horrendos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
A partir de ese momento, el propio tribunal se convirtió en objeto de constantes ataques políticos.
Las acusaciones de mala conducta laboral contra Jan merecen ser investigadas de forma independiente e imparcial. Ningún funcionario público debería estar exento de escrutinio.
De igual modo, esas acusaciones no pueden utilizarse para borrar el contexto político más amplio. Ambas realidades pueden coexistir. Una investigación sobre la conducta personal no invalida los esfuerzos documentados de gobiernos y grupos de presión para obstaculizar la investigación de la CPI sobre Palestina.
Reducir todo el asunto a la conducta personal de Jan desvía convenientemente la atención de la institución que representa y de los casos que esta ha estado llevando.
Los beneficiarios de esta narrativa son evidentes. Los gobiernos decididos a proteger al régimen israelí de la rendición de cuentas internacional han cuestionado sistemáticamente la legitimidad del tribunal cada vez que sus investigaciones han involucrado a funcionarios israelíes.
Los líderes políticos, las influyentes organizaciones de presión y algunos sectores de los medios de comunicación occidentales han presentado cada vez más a la CPI como una institución que se extralimita en sus funciones, a pesar de haber defendido previamente su autoridad en otras guerras o conflictos en todo el mundo.
El objetivo va más allá de un solo fiscal. Se trata de debilitar la credibilidad de cualquier institución capaz de exigir a sus poderosos aliados el cumplimiento de los mismos estándares legales que a los demás.
Este patrón no es nuevo ni único. El derecho internacional ha encontrado repetidamente una feroz resistencia cada vez que desafía los intereses geopolíticos. Desde Irak hasta Afganistán, desde Libia hasta Palestina, el principio se mantiene notablemente constante.
Sin embargo, nos enfrentamos a la realidad de que la rendición de cuentas solo se acepta cuando se dirige a los adversarios, pero se resiste cuando afecta a los aliados. La doble moral y la hipocresía son una característica innegable del imperialismo occidental, que sigue adoptando diversas formas.
El lenguaje de un supuesto orden internacional basado en normas se vuelve condicional, dependiendo no del derecho sino de la conveniencia política.
La cobertura mediática ha reforzado en gran medida este enfoque selectivo. Para cualquier observador independiente capaz de leer entre líneas, resulta bastante evidente que los titulares se han centrado en Jan como individuo, prestando mucha menos atención a la campaña política sostenida contra la propia CPI.
El verdadero problema nunca ha sido solo Jan. La cuestión radica en si el derecho internacional puede sobrevivir cuando su alcance se extiende más allá de los políticamente prescindibles y afecta a aquellos protegidos por el poder geopolítico.
De ahí la pregunta: ¿Depende la legitimidad de la CPI de la identidad de aquellos a quienes investiga?
Al señalar el contexto, Vasiliev dice que son “las sanciones de Estados Unidos contra altos funcionarios de la CPI y su campaña para desmantelar la institución, así como la injerencia a largo plazo de Israel y sus esfuerzos más recientes para ejercer influencia sobre los Estados Partes para derrocar a Jan”.
Vasiliev se encuentra “verdaderamente preocupado por el futuro de la Corte y por si los Estados Partes estarán dispuestos y serán capaces de proteger genuinamente su independencia y garantizar su recuperación después de esta ‘decapitación’”, como él la denomina.
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