Juan J. Paz y Miño Cepeda
El 28 de enero se recordará en Ecuador a Eloy Alfaro (1847-1912), en el centenario de su escandalosa muerte.
Alfaro encabezó la Revolución Liberal, la más importante transformación del país después de la revolución independentista, porque consolidó el Estado Nacional, separó Iglesia y Estado, introdujo la educación pública laica, secularizó la cultura, proclamó los más amplios derechos individuales, profesionalizó al Ejército, promovió la modernización “protocapitalista” y trató de mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población.
Alfaro también fue un consecuente latinoamericanista. No solo trató con prestantes liberales de la región para afirmar solidaridades y recursos por la causa común del liberalismo, sino que tuvo acciones específicas a favor de Venezuela por la Guayana Esequiba y de Cuba por su independencia.
No fue “enemigo” de los Estados Unidos, pero advirtió su expansión imperialista sobre el continente. Precisamente con el propósito de crear un Derecho Público Americano que frene la manipulación de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) por parte de los EE.UU., Alfaro convocó a un congreso continental que debía reunirse en México, el 10 de agosto de 1896, fecha que recordaría al Primer Grito de Independencia proclamado en Quito, el 10 de agosto de 1809.
Ese congreso fue boicoteado por los EE.UU. Su secretario de Estado, Mr. Olney, exigía que el Congreso se realizara en Washington y bajo la condición de que asistieran todas las repúblicas americanas. El ministro mexicano Matías Romero informaba a su gobierno la “ninguna disposición” de Washington para la celebración del Congreso. Y el encargado de Negocios de México, Miguel Covarruvias, informaba que Olney sostenía que “el Ecuador no tenía el prestigio bastante para acometer ni para llevar a cabo una empresa de la importancia que debía tener un Congreso americano”.
Como resultado de las presiones ocultas o las influencias directas, el día fijado solo se reunieron en el Palacio de Chapultepec de México los representantes de ocho países. Sin embargo, ellos aprobaron una contundente declaración, reconociendo que la Doctrina Monroe era una simple regla de conducta internacional aplicada a conveniencia de los EE.UU. Y que, por tanto, era necesario someterla a un verdadero Derecho Público continental.
Pero la declaración quedó en el aire y el “americanismo” continuó largamente como norma al servicio de los intereses norteamericanos.
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