Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (www.ohchr.org), 24 de enero de 2012
Traducido para IraqSolidaridad por Laura Avellaneda.
Ginebra.- Navi Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas declaró el martes que se quedó horrorizada con la información de que 34 personas, entre ellas dos mujeres, habían sido ejecutadas en Iraq el pasado 19 de enero tras haber sido condenadas por varios delitos.
“[…] Ni siquiera si se hubieran observado los procedimientos más escrupulosos de un juicio legal, esto dejaría de ser un número terrorífico de ejecuciones llevadas a cabo en un solo día”, afirma Pillay, quien añade que “[…] Dada la falta de transparencia en los procedimientos judiciales, la tremenda preocupación sobre el debido proceso y la legalidad de los juicios, así como el amplio espectro de delitos a los que se aplica la pena de muerte en Iraq, el número de ejecuciones es verdaderamente escandaloso”.
Se cree que el número de personas condenadas a muerte en Iraq desde 2004 supera los 1.200. En realidad, el número total de personas ejecutadas desde entonces se desconoce aunque se cree que solo en los dos meses pasados (desde el 16 de noviembre) se han ejecutado a 63 personas. El número de delitos a los que se aplica la pena de muerte en Iraq es de 48, lo que incluye delitos no capitales como, por ejemplo, el daño a la propiedad pública en determinadas circunstancias.
Más preocupante aún, afirma Pillay es que “[…] No tenemos ninguna información de que se haya conmutado la pena a ninguna persona que estuviera en el corredor de la muerte, a pesar del hecho de que existen casos bien documentados de que las confesiones a los reos se han logrado mediante la tortura”.
“Yo apelo al gobierno iraquí para que ponga en marcha de manera inmediata una moratoria sobre la pena de muerte”, afirma el Alto Comisionado de Derechos Humanos, quien señala que alrededor de 150 países ahora ya la han abolido bien en la práctica, mediante una ley o con la introducción de una moratoria.
Pillay subrayó la resolución 62/149, adoptada en 2007 por la Asamblea general de Naciones Unidas, así como las dos resoluciones subsecuentes, apela a que los Estados miembro establezcan una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte con vistas a su futura abolición y urgió al gobierno de Iraq a “[…] Detener las ejecuciones y, como asunto urgente, a revisar los casos de aquellas personas que actualmente están condenadas a muerte”.
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