Intervención del canciller Ricardo Patiño en la OEA.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, manifestó la preocupación del Gobierno por lo que, a su juicio, consideró supone una clara violación de los procedimientos, la práctica y la razón de ser de la CIDH, instancia que, “más allá de promover los derechos humanos, se ha convertido en un ente meramente inquisidor”.
Así inició su intervención el canciller Patiño en la sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, en la cual Ecuador solicitó una explicación en relación con las medidas cautelares que en su momento la CIDH concedió a diario El Universo.
A continuación publicamos lo manifestado por el canciller ecuatoriano hoy en Washington
Estimados representantes,
En primer lugar, deseo agradecer su presencia en esta Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, y en especial a Usted Presidente, por convocar a esta sesión, aprovechando nuestra estadía en Washington DC.
Como ustedes saben, hemos venido a una audiencia solicitada por el Ecuador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para manifestar nuestra preocupación por lo que, a nuestro juicio, supone una clara violación de los procedimientos, la práctica y la razón de ser de una instancia que, más allá de promover los derechos humanos, se ha convertido en un ente meramente inquisidor.
Un caso que afectó los intereses de un emporio mediático, pesó más -y ha tenido más atención- en esta Comisión que otros casos similares, y peor aún, de otras situaciones en las que se encuentran en peligro derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la alimentación y otros derechos fundamentales.
El ya famoso caso de El Universo desencadenó una campaña nunca antes vista contra un Gobierno democrático en la región, la cual incluso logró instrumentalizar a la CIDH. Ni las ejecuciones masivas, ni las torturas o violaciones más atroces a los derechos humanos, han sido tan condenadas y utilizadas para desprestigiar a un país.
Todo ello porque un ciudadano, que resulta ser el Presidente de la República, se atrevió -que osadía!- a exigir el respeto de la ley a personas asociadas a un medio de comunicación que representa los intereses del gran capital, y de aquellos que no han podido vencer en la urnas, a un gobierno legítimamente constituido.
Tal como ustedes han sido testigos, la campaña contra el Ecuador ha tenido vertientes tanto a nivel nacional como internacional. Han intentado vender una imagen totalmente tergiversada del Ecuador. Por nuestra parte, este caso nos ha servido para dimensionar la envergadura de ese terrible poder fáctico, los medios de comunicación. También ha servido para validar algunas posiciones que hemos sostenido desde que el Presidente Correa asumió el Gobierno, respecto a la vigencia de los órganos del Sistema Interamericano.
Estimados representantes,
La mentira más infame que han querido posicionar en la opinión pública internacional ha sido la de señalar que nuestro país no respeta los derechos humanos. Lo que ellos denominan una violación a la libertad de prensa, pretende servir como prueba para esta aseveración.
En nuestro país, y lo digo con todo convicción, nunca antes se ha hecho tanto por respetar y garantizar los derechos humanos como ahora.
Hasta hace pocos años, el país vivió una profunda inestabilidad política, con un Estado que vivía a espaldas de los intereses de la sociedad. La pugna de poder entre caciques políticos y empresariales en esta etapa, dio como resultado la caída de nueve gobiernos entre 1996 y el 2006.
Sin embargo, en los últimos cinco años, el Ecuador ha demostrado un compromiso decidido por los derechos humanos, la paz y la estabilidad democrática, lo cual ha generado en el pueblo una confianza renovada en su sistema político.
Señor Presidente,
Los derechos humanos han orientado las principales transformaciones sociales, económicas y políticas del Ecuador desde el año 2007.
Nuestra política económica y social, incluyente y redistributiva, se ha traducido en una importante mejoría en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Esto se erige en condición sine cua non para poder garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos.
La Constitución y las políticas públicas se orientan bajo el concepto del Buen Vivir, como el más alto grado de realización personal, que implica entre otras cosas el equilibrio entre seres humanos y naturaleza.
En el plano internacional, la nueva política del Ecuador se traduce en posiciones de principio, en defensa de los derechos humanos y los órganos creados con este fin. Hemos rechazado los golpes de Estado como la más clara violación a los derechos civiles y políticos; y, desde luego, el derecho una vida.
Precisamente, apelamos a estos principios para condenar, -y oponernos- a la manipulación de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas con fines económicos y geopolíticos, y a su utilización como mecanismos para legitimar intervenciones militares. Esa es nuestra posición: una posición genuinamente radical, e irrenunciable. Pese a que esto haya significado estar solos en algunas situaciones políticamente comprometedoras para países hermanos.
Deseamos que sepan que nuestra política exterior es sincera y transparente, con un discurso claro; no nos apegamos a los convencionalismos diplomáticos cuando de principios éticos y políticos se trata.
El país vive un importante momento histórico, marcado por el antes y el después que representó el cambio de Gobierno y de sistema político, producido a partir de 2007.
A partir de este momento, se han impulsado una serie de cambios estructurales en el Estado, en la gestión pública y las políticas económicas, ambientales, sociales y culturales, las cuales han logrado movilizar a la población a través de un apoyo mayoritario a un Gobierno nunca antes visto en nuestra historia reciente.
Según las últimas encuestas, tanto oficialistas como opositoras, existe cerca del 80 % de aceptación favorable a la gestión del Gobierno. Es decir, la población ha recuperado su compromiso y confianza en el sistema político y en sus derechos civiles.
Estimados representantes,
Lo anterior ha sido la base filosófica y principista para los cambios que el país ha impulsado. Por ello, el Ecuador está en condiciones de demostrar, con hechos fehacientes, que ha pasado de la teoría jurídica a la práctica efectiva en el cumplimiento de los derechos humanos.
El combate a la pobreza sigue siendo la tarea más ambiciosa y urgente para asegurar el pleno goce de derechos fundamentales. Nuestro país comprendió que, para invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, eliminar la pobreza y promover el desarrollo, era necesario una política económica soberana, libre de ataduras y de condicionamientos externos, que tanto daño habían causado al país.
Ecuador marcó así un hito en la historia de las relaciones económicas internacionales al impedir, desde el 15 de enero del año 2007, que instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dictaran las políticas públicas de un nuevo Ecuador soberano.
La auditoría integral de la deuda, realizada entre el año 2007 y 2008, confirmó algunas de las injusticias que ya alertaban muchos movimientos sociales, en lucha por una salida justa al problema de la deuda. Los indicios de ilegalidad e ilegitimidad encontrados en la auditoria, sirvieron al Gobierno para emprender un proceso de recompra de esta deuda al 35% de su valor nominal. Esto evitará el pago, entre principal e intereses, de casi 9.000 millones de dólares entre el 2.009 y el año 2.030.
El resultado ha sido una disminución significativa del porcentaje del PIB destinado al servicio de la deuda pública: de un 9,1% en el 2006, al 3,1% en el 2011. Actualmente, nuestra deuda pública es del 23% del PIB, en comparación con 33% hace apenas 5 años, y el 100% 12 años atrás.
Por otro lado, se ha duplicado la recaudación de impuestos; aquellos que no pagaban, y no porque no tuvieran, todo lo contrario; sino por su falta de compromiso con el país, ahora lo tienen que hacer. Este es un Gobierno que hace respetar la ley. La recaudación ha aumentado también porque la población ha desarrollado, en muy poco tiempo, una cultura tributaria, en tanto han podido comprobar los réditos palpables en su propio bienestar. Ahora sí podemos decir que el Estado somos todos y todas.
El recorte de la deuda pública, la honradez y eficiencia en la recaudación de impuestos, y la renegociación de los contratos petroleros, han sido la base financiera que ha permitido triplicar la inversión en educación, salud e inclusión social.
Hemos impulsado la más grande obra vial de la que la historia del Ecuador tenga memoria, reconocida hasta por los más conspicuos contradictores de nuestro Gobierno.
El Ecuador tuvo el porcentaje de inversión pública respecto al PIB más alto de América Latina y el Caribe en el 2011, ubicando al país como el segundo de la región que más ha disminuido su tasa de pobreza, según la CEPAL.
Quiero recordar a ustedes que en el año 2011, el crecimiento del Ecuador ocupó el tercer lugar de Latinoamérica, situándose por encima del 8%.
Pero el crecimiento económico no garantiza ninguna mejora sustancial de la población, si este no viene acompañado de las correspondientes políticas públicas, que canalicen este crecimiento hacia todos los grupos del espectro social.
Estimados representantes, es así cómo, en los últimos 5 años, hemos mejorado significativamente las condiciones de vida de la población: El desempleo abierto bajó del 8% en el 2006 al 5% en el 2011. El subempleo, por su parte, cayó del 57 % al 44%; 13 puntos en cinco años. En suma, la ocupación plena aumentó del 35% al 51%, un salto espectacular, que sin embargo no debe eclipsar la ingente labor que aún queda por realizar en este terreno, hasta eliminar definitivamente todas las inequidades.
No obstante, los datos de por sí son extremadamente positivos; pero lo son aún más si constatamos que simultáneamente el salario real aumentó en ese mismo período. La capacidad de compra de una familia típica ecuatoriana alcanzaba el 67% del valor de la canasta básica en el año 2006. En enero del año 2012, esa misma familia ecuatoriana puede adquirir el 93% de la misma canasta básica.
Según estas cifras, la teoría económica más convencional ha sufrido una nueva derrota en nuestro país. Siempre nos enseñaron que, para aumentar el empleo, se debían bajar los salarios o precarizar las condiciones laborales; esto es lo que nos recetaron las instituciones financieras internacionales, las mismas recetas que hoy brindan a algunos países europeos. Nosotros ahora ya sabemos que esto es falso.
Hemos aumentado el empleo, hemos aumentado el salario real, y por último, hemos sacado a centenares de miles de ecuatorianos de la vergonzosa precariedad laboral sufrida durante las últimas dos décadas de predominio neoliberal.
En el año 2008 eliminamos la tercerización laboral, la cual permitía operar a empresas que jurídicamente no tenían un solo trabajador. Todo esto para no tener la obligación de afiliar a sus trabajadores al seguro social, para poder pagar salarios de hambre, negándoles además el 15 % de utilidades que la legislación ecuatoriana les concede como derecho. Y, especialmente, para impedir el ejercicio del derecho a la organización sindical.
A la vista de todo esto, yo les pregunto a los miembros de la CIDH: ¿dónde estaba la Comisión entonces, para pedir medidas cautelares y condenar a las autoridades responsables de estos atropellos?
Hasta el año 2006 el Ecuador era un país en el que a las trabajadoras domésticas se las mantenían bajo un régimen legal infrahumano, su salario promediaba los 80 dólares mensuales, mientras el salario mínimo legal para el resto de trabajadores era de 160. El horario de trabajo superaba las 10 horas, no ganaban horas extras, no tenía derecho a sobresueldos ni a vacaciones, tampoco era obligatoria su afiliación a la seguridad social. Los medios de comunicación que hoy atacan al gobierno nunca denunciaron esto y la Comisión no actuó para conocer este acto de violación masiva de los derechos humanos.
Este año 2012 y después de 5 años de Gobierno, la situación de este importante segmento de la población ha cambiado; su salario mínimo es de 292 dólares, igual al conjunto de trabajadores, tienen derecho a recibir sobresueldos, es obligatorio el pago por las horas extras que laboren así como la afiliación a la Seguridad Social. El impacto de estas reformas se extendió a más de 62.000 familias.
En el sector salud, ampliamos las consultas médicas de 14 millones en el 2006 a 34 millones en el año 2011. Este dato explica en gran medida el avance positivo en los indicadores de salud.
Por otra parte, el Estado ha impulsado una política pública nunca antes registrada, a favor de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, cuya cobertura de atención ha rebasado los límites internacionales, en América Latina y otras latitudes.
Se han localizado y estudiado la situación de cerca de 300 mil personas con discapacidad, quienes son atendidas de manera integral, en asuntos médicos, en ayuda económica, y lo más importante, en su reconocimiento como sujetos plenos de derechos.
Realizamos una importante reforma al Código del Trabajo en el año 2008, para asegurar que nuestros hermanos con discapacidad tuvieran acceso a empleos dignos. El resultado ha sido que todas las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados, contratan a personas con discapacidad para ocupar al menos el 4 % de su personal. Antes existían leyes de protección, sí, pero las cifras de inserción eran mínimas debido a la poca diligencia del Estado por hacerlas cumplir.
Estimado Presidente y representantes,
Un tema pionero en el derecho comparado es el principio de ciudadanía universal que promueve el Ecuador, el cual reconoce y protege los derechos de todas las personas en situación de movilidad y de los migrantes y sus familias. Se ha creado un marco institucional y de política pública único para atender a los nacionales que viven en el exterior, los cuales suman más de 2 millones.
Protegemos a todos aquellos que tuvieron que huir de su propio país, empujados por una gestión calamitosa de aquellos gobiernos secuestrados por la oligarquía financiera; unos y otros llevaron a nuestro país a la más grave crisis económica de su historia, generando un éxodo masivo al exterior.
El punto culminante se produjo con la mayor expropiación de recursos privados en Ecuador por parte del Gobierno del señor Jamil Mahuad. Este personaje, hoy prominente profesor de gobernabilidad de la Universidad de Harvard, dispuso el denominado congelamiento bancario, que no fue otra cosa que la confiscación de los depósitos de una inmensa mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Con excepción, por supuesto, de los grupos de poder, que tenían la información anticipada de lo que iba a suceder, y pudieron retirar sus depósitos antes de la hecatombe financiera. Se afectó fundamentalmente a la clase media, reduciendo el valor de sus recursos en un 60 %. El drama arrastró incluso al suicidio a muchos compatriotas, especialmente adultos mayores, al ver que los ahorros de toda su vida se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos.
Así que otra vez, pregunto: ¿dónde estaba la CIDH cuando se cometieron estos atentados tan graves contra los derechos humanos? Los afectados en sus derechos están ahí; podrían ir a visitarlos, por ejemplo en España, y dar una vuelta por el Barrio de Cuatro Caminos; verán a nuestros compatriotas en las calles, como vendedores, como trabajadores domésticos, como albañiles. Todas ellas, personas arrancadas del suelo que las vio nacer, con el corazón partido por estar lejos de sus familias. Hagan este mismo ejercicio en Italia, o aquí mismo, en Estados Unidos.
Por otro lado, en materia de refugio, el Ecuador es reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados como un país modelo. Al 31 de enero de 2012, hemos recibido 55 mil refugiados, de los cuales 54 mil son hermanos y hermanas colombianas, que no residen en tiendas de campaña, o hacinados en campos de concentración, sino que viven –y se les trata- como hermanos que son, a lo largo de la geografía nacional.
En el último año, después de la suscripción del Estatuto de Regularización Migratoria con el Gobierno peruano, hemos terminado con la explotación laboral que sufrían los trabajadores de ese país que llegaban al Ecuador, motivados por los mejores salarios. Su situación irregular era aprovechada para explotarlos. Pues bien, este año hemos regularizado a más de tres mil quinientos ciudadanas y ciudadanos peruanos.
Como un gesto de hermandad y de solidaridad de nuestro pueblo con Haití, después del terremoto de 2010, regularizamos la situación migratoria de 400 ciudadanos haitianos, a quienes apoyamos decididamente, además, para que se reencontraran con sus familias, recibiéndolas con los brazos abiertos en el Ecuador.
Estimados representantes,
Mi país considera que los derechos humanos no solo se atienden mejorando las condiciones de empleo, salud, y otros indicadores, sino que existen otras dimensiones referidas a aspectos culturales, étnicos e históricos de nuestros pueblos. Debemos reconocer que en el Ecuador ha existido una cultura racista y discriminatoria, por lo cual el Gobierno Nacional diseñó y aplica el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.
Un ejemplo concreto de las acciones de este plan, lo constituye la decisión histórica de la Cancillería ecuatoriana para incorporar a la carrera diplomática, aplicando medias de acción afirmativa, a indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios. Esto representará una reparación largamente postergada, frente a la discriminación existente en los casi 200 años de servicio exterior ecuatoriano.
A pesar de que entre el 20 y el 30 % de ecuatorianos corresponden a estos grupos poblacionales, ni siquiera un representante –uno sólo- formaba parte de la carrera diplomática.
Lamentablemente la discriminación aún persiste. Una funcionaria del servicio exterior comentó, a propósito de esta iniciativa, que podía llegar a entender que se nombrara a un indígena como embajador, pero, señaló, “esto de que entren a la carrera diplomática es ya un verdadero despropósito”. Es decir, estos grupos podían ser parte del folclor, pero jamás estar en los centros de discusión política.
En materia de medio ambiente, la Constitución Ecuatoriana es la primera en reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos. Esto marca un “Antes” y un “Después”, no sólo en Ecuador, sino en la normativa y praxis de los Derechos Humanos y ambientales reconocidos por la comunidad internacional. Además, adquiere un valor especialmente significativo en plena crisis ambiental por la que atraviesa el planeta.
Estimados representantes,
Nosotros nos preguntamos, ¿acaso quienes promueven la imagen del Ecuador como un país que viola los derechos humanos desconocen la realidad nacional? La respuesta es NO; ellos conocen perfectamente lo que sucede en nuestro país. Pero esto afecta directamente a sus intereses, y por eso negarán siempre los extraordinarios resultados obtenidos, pese a que las cifras hablen por sí solas.
Libertad de prensa para ellos significa manejar la información a su antojo. Significa informar –o no- en función de sus intereses económicos y políticos. Es así que utilizan los medios para denigrar y atacar a los funcionarios públicos, de forma tan penosa y lamentable, que ofenden a cualquier ser humano que los escuche o los lea.
Cuando hemos presentado argumentos, frente a sus ojos, sobre la base de políticas y resultados concretos, o miran a otro lado o los cierran. Se inventan un país que no existe, y difunden esta visión en forma de monótona letanía.
Nadie podría reconocer el verdadero Ecuador de nuestros días si lo ven a través de algunos medios nacionales. Por eso, insistimos tanto en que vengan a nuestro país, y comprueben in situ donde está la censura, dónde está la represión... en definitiva, dónde está la dictadura de la que ellos hablan.
Descubrirán, seguramente, que ésta se instaló en los consejos de redacción de algunos medios, desde donde se han firmado cartas de despido contra periodistas que osaron hacer una crítica constructiva contra el Gobierno, reconociendo errores, pero también aciertos del mismo. Terrible pecado, según parece, para estos autoproclamados adalides de las libertad de prensa.
Nunca un Presidente ecuatoriano desde los tiempos de el más grande personaje de nuestra historia, el General Eloy Alfaro Delgado, fue tan insultado, caricaturizado y ofendido por algunos medios de comunicación nacionales. Ellos llevaron a la hoguera al General. En nuestro caso, nunca lo lograrán.
La sabiduría popular nos dice que para muestra basta un botón. El señor Marcelo Dotti, ex diputado de los dos partidos políticos más representativos de la vieja partidocracia, presentó un editorial radial el día 23 de febrero. En medio de ataques furibundos contra nuestro Gobierno, contra nuestras familias, todavía tuvo la desfachatez de denunciar que no existe libertad de expresión, y que los periodistas en nuestro país viven atemorizados y asediados.
Empiezo la cita textual: “Quiero entregarles una reflexión editorial, que la he titulado “lo que hoy se lee en la prensa” y del repudio mundial. Con respeto para las aldeas africanas todavía sin estructura política, esas aldeas en estado todavía embrionario, con respeto para ellas, pero el régimen ecuatoriano actúa exactamente como si el país fuera el campamento ocasional de una horda trashumante centroafricana.
Continúo citando al Señor Dotti: “…. Hoy en día lamentablemente se ha confundido eso de la “revolución” con conductas desfachatadas, con audacias protagonizadas por una hueste de suburbanos en toda la extensión literal de este término, suburbanos, gentuza que está por debajo de lo que se concibe como urbano, como civilizado, como urbanidad”.
Más adelante en su intervención editorial, el señor Dotti continúa diciendo, cito textualmente: “… De la preparación académica de esta gente que ha ido a parar en la Cancillería mejor ni hablemos…Pobres pelafustanes, inconscientes de que son el hazmerreir de los foros a donde van a meter la pata y la meten deliberadamente en la creencia de que, su patética ALBA o su pintoresca UNASUR, eso creen, son la semilla y el abono del futuro. Pelagatos, inconscientes de que eso en lo que creen no es más que majada de dinosaurio marxista imposible de resucitar a la vida …”.
Cierro la cita textual, y dejo que ustedes juzguen.
Estimadas amigas y amigos,
No es mi intención describir un panorama idílico de la situación de los Derechos Humanos en el Ecuador. Sigue habiendo amenazas a los mismos; sigue habiendo incumplimientos. La integración plena de algunos grupos a la vida política y social del país aún no se ha culminado. La erradicación de la pobreza extrema no se ha conseguido todavía.
La universalización del sistema de atención de salud debe ser completada. La violencia de género es un penoso lastre que aqueja a nuestra sociedad. Mientras no se cierren estas y otras brechas, los Derechos Humanos en el Ecuador no serán la realidad que deseamos para nuestro país. Es ahí donde debemos concentrar todos nuestros esfuerzos.
En medio de esta polémica por la libertad de expresión, aparece un órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos haciéndose eco de las mentiras y los ataques mediáticos, contribuyendo así a desprestigiar la imagen del Ecuador a nivel internacional.
Ningún avance significativo en los derechos humanos, entendidos en su carácter indivisible e interdependiente, parece ser relevante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No evalúan avances, no analizan y sistematizan experiencias exitosas replicables en nuestros países. La realidad es que las actividades de promoción no están recibiendo la atención requerida de parte de la Comisión, porque ésta no es capaz de ver más allá de su rol fiscalizador contra los Estados.
Amigos y amigas,
El papel de la Comisión en el caso de El Universo, haciéndose cómplice de personajes como el señor cuyas palabras hemos trascrito literalmente, ha sido lamentable. Las fallas en las que incurrieron se pueden resumir en las siguientes:
En primer lugar, la Carta de la OEA no concibió a la Comisión con la potestad de otorgar medidas cautelares de carácter vinculante. La forma en que estas fueron presentadas –y utilizadas- estuvo destinada a convencer a la opinión pública de su carácter obligatorio. En el caso de El Universo, con una exagerada diligencia y celeridad, se dictaron medidas cautelares, con un fin eminentemente político, para ser utilizado como herramienta por la prensa para atacar al Gobierno.
La Comisión tampoco tiene la facultad de adoptar y recomendar medidas cautelares sin haber considerado su otorgamiento, de conformidad a su propio Reglamento.
El artículo 25 de este Reglamento establece que en situaciones de gravedad y urgencia se podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas. Los requisitos necesarios para que esto se considere son los siguientes: la necesidad de evitar daños irreparables a las personas, la gravedad y urgencia del caso, y que el objeto de la medida sea precisamente evitar que se consume el daño irreparable.
Estimado Presidente,
Es obvio que ninguna de las tres situaciones se presentaba en este caso. Los daños irreparables sólo aplican a los intereses de las oligarquías según parece. La Comisión defendió el capital de la empresa privada como si fuera el derecho fundamental más preciado, la vida. Es increíble lo sucedido!
La gravedad y la urgencia no existían. La celeridad con la cual actuó la Comisión fue asombrosa, si se compara con otros casos que se encuentran bajo su consideración. Tampoco existía nadie cuya vida o salud estuviera en peligro.
En segundo lugar, estimados representantes, el derecho al debido proceso y a la defensa del Estado ecuatoriano fue violentado abiertamente por la Comisión en este caso, hecho ante el cual aún no brindan ninguna explicación. La rigurosidad con la que la Comisión analiza las solicitudes de medidas cautelares debe ser la misma para ambas partes procesales, garantizando así el principio de equidad procesal y el derecho a la defensa de las partes.
Ustedes se sorprenderán de esto sino lo conocen aún: la Secretaría de la CIDH remitió adulterada la solicitud de medidas cautelares en dos ocasiones, con el objeto de no transmitir al Estado la petición de las medidas, razón por la cual ha violado los derechos al debido proceso y a la defensa del Ecuador durante este trámite.
Otro hecho grave de este caso está relacionado con la actuación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, cuyos comunicados se han convertido en auténticos dardos políticos contra nuestro Gobierno, desprestigiando de paso al país frente a la comunidad internacional sin fundamentos.
Estimadas y estimados representantes,
Es una preocupación del Estado ecuatoriano que esta Relatoría utilice fuentes no oficiales en sus comunicados, y que se sobrevalore -gracias a su poder económico- el bien jurídico que protege, el derecho a la libertad de expresión, por sobre tantos otros derechos.
Nos preocupa el trasfondo político de las donaciones que recibe, ya que a quienes vigila esta Relatoría no son los mismos que la financian. De ello, se deduce este evidente riesgo de manipulación política.
Estimadas amigas y amigos,
Lamentablemente, los problemas relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no son los únicos en esta Organización. Ya el mundo no es el mismo de 1948, cuando se decidió su creación. Los foros políticos para el diálogo, la integración y la toma de decisiones han tomado un rostro latinoamericanista tal como lo soñaron nuestros próceres y nos obligan a repensar la OEA.
Debido a la fuerte influencia estadounidense, creemos que la OEA transita por una crisis de legitimidad. Prueba de esa influencia lo constituye el poder de veto para excluir a un país de un foro que, si bien no es parte formal de esta Organización, ha sido institucionalizado en la práctica como un mecanismo paralelo, bajo el nombre de Cumbre de las Américas.
Hasta la fecha, la OEA no ha tenido como objeto de su trabajo el desarrollo de nuestros pueblos, aunque así lo establece su carta constitutiva. El espacio de encuentro Norte-Sur que supone este foro, no ha servido para que el Norte apoye solidariamente a nuestros pueblos en las tareas del desarrollo, pero si para que el Sur colabore en su denominada “lucha contra las drogas” o el “terrorismo”, tal como lo entiende el Norte.
La agenda priorizada de la Organización se ha centrado en los asuntos de seguridad y gobernabilidad, por la visión y los intereses de Estados Unidos.
La defensa a los derechos humanos y de la llamada “democracia representativa” se ha puesto en práctica en detrimento de la pluralidad de proyectos políticos de la región. Su prestigio ha ido en descenso continuo, por no ser consecuente con sus propios argumentos, y por aplicar dobles raseros al evaluar de forma diferenciada acontecimientos de naturaleza similar. También han contribuido a precipitar su reputación la ausencia de voluntad para combatir agresiones, recusadas por toda la comunidad latinoamericana e internacional, como el bloqueo a Cuba o las pretensiones inglesas contra el derecho de Argentina respecto a las Malvinas.
El replanteamiento de los principios de acción de la OEA resulta un tema de suma importancia, si la Organización pretende mantenerse vigente, y ocupar así algún rol como foro de debate político en el continente.
Quizá su futuro más realista sea convertirse en un espacio de diálogo franco entre América Latina y el Caribe, por un lado, y nuestros vecinos del Norte, por otro.
Cualquier transformación profunda de la Organización requerirá un proceso de debate ambicioso, en el cual el Ecuador está dispuesto a embarcarse. Por el momento, creemos que podemos resolver algunos de los problemas más acuciantes de la Organización. Entre ellos, se encuentran las fallas de origen -y de operación- del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por ejemplo, es claro que debemos alcanzar la universalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; esto es, que todos los Estados miembros de la OEA adhieran a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Creemos que el manejo de la CIDH debe recaer, exclusivamente, en aquellos Estados que se han comprometido con todas las obligaciones que emanan de la Convención. En este sentido, los nacionales cuyos países no son adherentes de la Convención, no deberían tener la facultad de ser elegidos, ni como jueces de la Corte ni como comisionados.
Debemos garantizar la protección de todos los derechos humanos, -y subrayo todos- lo que implica que todas las relatorías reciban tratamiento igualitario en cuanto a su financiamiento y dotación de recursos humanos.
También debemos avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la CIDH, lo que significa dotar al organismo de un sistema exhaustivo de rendición de cuentas.
Por último, digámoslo de una vez; la sede de la CIDH debe trasladarse, desde Washington a otro Estado miembro, y esto es tan evidente que ni siquiera me voy a detener en argumentar el por qué. Cabe anotar que Panamá ya ha ofrecido en dos ocasiones a su país para ello.
Para alcanzar estos objetivos, sólo cabe pensar en una reforma del Estatuto de la CIDH mediante un proyecto de Resolución que podría ser adoptado por la Asamblea General de la OEA, a realizarse en Cochabamba, Bolivia, en junio venidero.
Estimados representantes, he querido detenerme en esta valoración cualitativa que traemos desde el Ecuador para una organización que también es nuestra, porque creemos que ha llegado el momento de transformarla. O mejor dicho, reinventarla, si queremos que sobreviva a los retos del siglo XXI, y siga siendo válida en un escenario de creciente integración dentro de América Latina y el Caribe. Si no lo hacemos, la OEA -junto con sus instituciones- pasará a ser un fantasma y, en el mejor de los casos, irrelevante.
Muchas gracias.
Fuente:
En la víspera de una reunión cumbre en Riad (Arabia Saudita) entre los Estados Unidos y las naciones árabes del Golfo Pérsico para profundizar los lazos de seguridad, uno de esos países, los Emiratos Árabes Unidos, anunció que había cerrado una organización financiada con dinero estadounidense que “promueve la democracia”, 
