El mandatario boliviano, Luis Arce, advierte que su país no admitirá impunidad alguna ante las peticiones de liberar a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.
“Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubo muertes, y 50 años después sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe de Estado. El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio”, señaló el lunes Arce durante un acto oficial en el Estado Mayor General del Ejército, tal y como recogió la agencia boliviana de noticias ABI.
Las declaraciones del mandatario se produjeron dos días después de que la expresidenta de facto, acusada de cometer genocidio y otros crímenes en el marco del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, se autolesionara en un brazo en la madrugada del sábado en el penal de Miraflores y tras las llamadas a liberarla debido a su estado de salud.
De acuerdo con Arce, la forma “correcta, real y concreta” de pacificar Bolivia es la aplicación de la justicia, “como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas” durante el interinato.
Conforme a las declaraciones de Arce, el pueblo de Bolivia es el “último fiscal”, al que las autoridades bolivianas tienen que rendir cuentas. “Solo así contribuiremos a la construcción de una sociedad más abierta y democrática, y enterraremos de una vez por todas el fantasma de la dictadura y de la oscuridad que vivió lamentablemente en el pasado nuestro país”, concluyó.
Por su parte, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, rechazó el mismo lunes todas las acusaciones contra la administración penitenciaria sobre la supuesta vulneración de los derechos de Áñez y recalcó que el estado de salud de esta última es estable y que se están respetando sus derechos, haciendo hincapié en que “guarda detención acompañada por sus familiares para ayudarla en su recuperación anímica”.
El 13 de marzo, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez por su papel en el golpe de Estado de 2019. El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio contra la política derechista por cargos de genocidio, que, de probarse, enfrentaría una pena de cárcel de 10 a 20 años.
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