La Fiscalía de Estados Unidos ha retirado siete de ocho cargos presentados por el Gobierno contra el diplomático venezolano Alex Saab.
Un escándalo que no cuenta ni con precedentes similares es el ejecutado el 16 de octubre de 2021 por el Gobierno de Estados Unidos, quien en su desespero por derrocar al Gobierno legítimamente constituido en Venezuela, se atrevió a secuestrar al Diplomático venezolano, Alex Saab Morán, claramente identificado con el Pasaporte Diplomático nro. 045778720, acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela como “Enviado Especial” de Venezuela desde el 9 de Abril del año 2018, acreditación que le otorga automáticamente inmunidad diplomática tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas referente a la inviolabilidad de la figura del Enviado Especial (arts. 14, 29 y 40).
Lo cierto es que una vez que identifican desde Estados Unidos el papel que desempeñaba Alex Saab en los proyectos que permitían a la República Bolivariana de Venezuela esquivar las sanciones, importando alimentos, medicamentos y otros productos al país, comienza una persecución contra el Diplomático y en julio de 2019, siendo Saab Enviado Especial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le impuso sanciones a Saab y varias entidades financieras para bloquear la actividad comercial de importación de alimentos y medicamentos a Venezuela.
El mismo mes de julio se presentó ante Tribunal Federal en Miami una demanda contra el Enviado Especial venezolano, Alex Saab, por participar en la transferencia de unos US$350 millones por un proyecto de construcción de viviendas en Venezuela, dice la demanda “entre los años 2011 y 2015”. Dicha demanda a todas luces padece de fundamentos y pruebas, que se basa solo en versiones de medios de comunicación. Para mostrar su inconsistencia, es necesario recordar que ya en Suiza desde el 2018 se tenía un procedimiento abierto para investigar esa misma transacción de US$350 millones que alega Estados Unidos fueron producto del lavado de dinero, y en diciembre de 2020, luego de tres años de investigación, la Fiscalía de Ginebra decidió cerrar el caso por falta de pruebas.
Es aquí donde se desmiente las versiones de los medios por cuanto los abogados al acceder a la acusación contra Alex Saab en el Tribunal estadounidense pudieron observar lo siguiente: la acusación manipula la “Ley de prácticas corruptas en el Extranjero” de Estados Unidos para hacerla aplicable a un contrato celebrado en Venezuela y con el Gobierno de Venezuela. Además, la demanda tiene marcadas inexactitudes y falta de pruebas, por ejemplo: se refieren a un contrato del que no conocen la fecha exacta que se firmó, solo dicen “entre 2011 y 2015”, lo que verifica que no lo tienen en su poder; también afirman la existencia de pagos corruptos, pero no nombran a ninguna persona a quien le hicieron los pagos; igualmente se refieren a transferencias electrónicas para la distribución de ganancias sin siquiera referirse a quienes le distribuyeron dichos beneficios. Todo evidencia lo ya ratificado por el Gobierno venezolano y es que los fiscales han manipulado la acusación contra Alex Saab y las leyes estadounidenses para hacerla aplicable, sin fundamentos, a hechos ocurridos en el exterior y solo por razones de persecución política.
Todo lo anterior desmiente las excusas que dan los medios sobre la solicitud de la fiscalía de retirar siete de los ocho cargos que han presentado contra el Diplomático venezolano, ya que dicha solicitud solo fue motivada en razón a la falta de pruebas que tienen contra Alex Saab. Sin embargo, mantuvieron solo el cargo más ambiguo y vago que es el de “Conspiración para el lavado de dinero”, una acusación que permite imprecisiones, suposiciones e incluso la falta de pruebas.
Que a nadie le quede la menor duda que estamos frente a mayor montaje político por parte de Estados Unidos que compromete la credibilidad de todo un país y su sistema de justicia. Alex Saab es un Diplomático secuestrado por el Gobierno de Estados Unidos.
Por: Laila Tajeldine
Abogada, Profesora Universitaria
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