L'Ombelico del Mondo, noticiero internacional de Radionauta FM, dialogó con el intelectual y activista colombiano por los derechos humanos, Renán Vega Cantor, acerca de la situación social en el Catatumbo y la posición internacional de Colombia en este momento histórico.
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| Catatumbo "Colombia" |
El mandatario colombiano Manuel Santos acusó a las FARC de fomentar las rebeliones que hace más de 40 días protagonizan los campesinos de la región fronteriza del Catatumbo. Mientras tanto la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) pidió públicamente refugio político a Venezuela para niños, mujeres y ancianos de la región ante la ola represiva desatada por el gobierno que ya cobró cuatro víctimas.
Todo esto en medio de un reacomodamiento de la política internacional colombiana, cada vez más alineada con la Casa Blanca y sus aliados regionales. Renán Vega Cantor, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y referente del pensamiento crítico latinoamericano, analizó la situación social y geopolítica de su país.
-¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el Catatumbo?
El Catatumbo es una zona muy rica en recursos naturales como petróleo y carbón. Tiene diversos climas y una tierra muy fértil. Pero como sucede en varios países de Nuestramérica en el medio de esta riqueza natural se desenvuelven comunidades que viven en la más absoluta pobreza y en la miseria.
Es una zona que ha sido sometida a un proceso de violencia estructural a lo largo del siglo XX por parte de compañías petroleras de Estados Unidos que masacraron a las comunidades indígenas de la región. Luego los colonos atraídos por la bonanza petrolera se convirtieron en campesinos y siempre han estado sometidos a pésimas condiciones de existencia. No hay infraestructura, no hay escuelas, no hay salud, y en los últimos quince años esto se acentuó con la presencia de grupos paramilitares que han organizado masacres terribles.
Los campesinos han soportado históricamente la represión, y en distintos momentos han organizado sus luchas desde la época de los trabajadores petroleros. De tal manera que la lucha que estamos viendo hoy es la continuación de un proceso histórico de los campesinos que luchan contra el despojo a los que son sometidos por grandes terratenientes y por grandes empresas multinacionales.
Allí hay dos tipos de política. Una del Estado colombiano ligada a los intereses de los terratenientes y capitalistas locales, que todo lo que están realizando apunta a expulsar a los campesinos de la región. Y el proyecto que se contrapone es el de otros sectores sociales que reivindican el derecho a la tierra, condiciones de vida dignas, salud, educación, y que se los reconozca como un actor social legítimo.
Hubo un hecho que fue el detonante de lo que está sucediendo. En agosto de 2011 el instituto colombiano que se encargaba de los predios rurales aprobó la constitución de una reserva campesina en el Catatumbo pero que nunca se ha hecho realidad. Los campesinos ya se cansaron de esperar y organizaron este paro que ya lleva más de un mes donde reivindican el establecimiento de la reserva campesina, que se les permita realizar un plan de desarrollo sostenible por ellos mismos, y además un punto central es la erradicación forzada de cultivos de coca en la región que sustentan los operativos militares que allí se desarrollan y que han generado una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y masacres.
-¿Qué implicaría la creación de una zona de reserva campesina?
Zonas de reserva campesina en realidad es una denominación jurídica que tiene casi veinte años y goza de reconocimiento legal en la constitución y las leyes del Estado colombiano. Sin embargo, Colombia es un país muy formal, que le rinde mucho culto a las normas, pero lo que aparece en el papel casi nunca se pone en práctica en la realidad. Más si lo que está en el papel beneficia de alguna manera a los sectores populares.
Las zonas de reserva campesina existen desde la década de 1990 pero sólo se han podido establecer seis, que han sido criminalizadas y perseguidas, gran parte de sus dirigentes han sido asesinados y su suelo ocupado. Según la ley debería ser un lugar manejado por los mismos campesinos, autónomo y con límites territoriales para que no caiga en manos de los grandes terratenientes. Para que las zonas de reserva campesina funcionen se necesita del apoyo y el reconocimiento del Estado. Esto nunca se ha hecho realidad.
Ahora que estamos en medio de las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno, volvió en la mesa del debate el tema de las reservas campesinas. Pero si se los pide las FARC, y en total serían unos 9 millones de hectáreas, esto comienza a ser un problema y los campesinos son criminalizados como miembros de la insurgencia. Y entonces sigue el conflicto entre los dos modelos.
-Y esto tiene repercusiones internacionales por su cercanía con Venezuela.
Es una zona geopolíticamente muy importante en términos fronterizos por varias razones. En primer lugar la presencia del Estado colombiano pero no en términos legales sino militares. En términos legales las fronteras del país son muy permeables, con poca presencia estatal en términos sociales y económicos. Esta es una frontera por donde circula mucho tráfico ilegal de gasolina desde Venezuela, y es lo que ha nutrido el paramilitrarismo en la región, ligado en gran medida al Estado. Pero también desde allí se han preparado agresiones paramilitares para incursionar en territorio venezolano.
Es una zona de disputa territorial y de fortalecimiento por parte del Estado colombiano, que ha invertido mucho ahí pero no para solucionar los problemas de los campesinos sino de fortalecimiento militar. Y en la frontera con Venezuela esto tiene repercusiones de tipo geopolítico internacional. Porque estamos hablando de la presencia de tropas extranjeras y servicios secretos de los EEUU que están posicionados en un lugar tan estratégico como es este y otros a lo largo de la frontera con Venezuela.
-En este sentido, ¿cuál es el rol que está jugando Colombia con respecto a la integración regional?
Colombia es la Israel de Sudamérica. No es simplemente una consigna. Si analizamos la historia colombiana nos damos cuenta de que es una cuestión profundamente real. Hay un sin número de hechos. Por ejemplo el bombardeo ilegal que realizó el ejercito colombiano en 2008 en Ecuador donde masacró a 26 personas, entre ellos cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano, y donde fue asesinado un miembro del secretariado de las FARC Raúl Reyes. Un crimen de guerra que fue condenado hasta por la OEA y que significó un conflicto diplomático de larga duración y que tuvo repercusiones inclusive en el intercambio económico con Ecuador y Venezuela.
Pero hay una gran cantidad de hechos de esa naturaleza y la política colombiana en ese sentido no ha cambiado. El ex presidente Uribe, quien fue el portador de esa política cuasi expansionista del ejército colombiano, que pretendía tener el derecho de ocupar, invadir y bombardear a otros países donde supuestamente haya miembros de la insurgencia, llegó a decir que no le alcanzó su mandato para invadir a Venezuela pero lo hubiera hecho.
Cuando Santos llega a la presidencia de la república, la situación del intercambio comercial con Venezuela era tan negativa para el país, que debió recomponer diplomáticamente las relaciones. Pero su política no ha cambiado. Eso se ha confirmado por ejemplo con el saboteo a la cumbre de Unasur que impulsó la Alianza del Pacífico, que es promovida por los EEUU con sus aliados incondicionales. O el haber recibido, sin guardar el más mínimo decoro diplomático, a Henrique Capriles con los honores que se le hacen a un jefe de Estado, cuando es un personaje de la oposición y con un pasado no muy santo. Es parte de una política a largo plazo que no creo que vaya a cambiar por más que haya acuerdos circunstanciales entre Colombia y Venezuela. Hay una estrategia de saboteo que apunta a que los procesos nacionalistas en marcha en el continente se acaben.
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