Por: Salim Lamrani*
El candidato de la derecha venezolana se niega a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del 14 de abril, a pesar de la transparencia del escrutinio que reconocieron los observadores internacionales. Al contrario, incita a sus partidarios a “expresar la rabia”. El balance es muy grave: al menos 7 muertos y 61 heridos.
Tras la victoria electoral de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, Henrique Capriles Radonski, rechazó el sufragio popular y llamó a sus partidarios a “expresar la rabia” y la “frustración” en las calles, exigiendo un recuento total de los votos. “Toda esa arrechera descárguela”, declaró en una conferencia de prensa televisiva transmitida por el canal Globovisión, llamando a manifestaciones masivas contra la autoridad electa del país.[1]
Las consecuencias de este llamado del líder de la oposición fueron dramáticas. Los grupúsculos de extrema derecha asesinaron a siete personas, entre ellas a seis militantes socialistas que celebraban la victoria de su candidato y a un policía. Hubo 61 personas heridas.[2] A una militante del partido gubernamental PSUV la quemaron viva y se encuentra en estado crítico. Luisa Ortega Díaz, Fiscal general de la República, condenó los actos de violencia: “La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en estos momentos tienen un grupo de personas”.[3]
Quemaron varios centros médicos, símbolos de los programas sociales que lanzó Hugo Chávez, así como oficinas de la empresa nacional de telecomunicaciones CANTV, almacenes alimentarios gubernamentales (MERCAL), empresas de producción y distribución de alimentos (PDVAL) que pertenecen al Estado así como numerosos servicios públicos y otros comercios.[4]
Capriles, también gobernador del Estado de Miranda, arremetió públicamente contra Tibisey Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE): “Tiene que darse cuenta que decisiones erradas aumentan la conflictividad que existe hoy en el país. Usted tiene la responsabilidad de darles la cara a los venezolanos”. Tras esas declaraciones, la oposición asedió la residencia de la Presidenta del CNE, lo que necesitó una intervención policial.[5]
Sin pedido formal
La Fiscal Díaz condenó firmemente la actitud de Capriles: “Si el candidato que el pueblo no favoreció no está satisfecho con el resultado, tiene sus herramientas para acudir al Consejo Nacional Electoral y agotada la vía administrativa, acude a la vía jurisdiccional, al Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta este momento, el candidato que no fue beneficiado por el pueblo venezolano no ha acudido ante el CNE a intentar ningún recurso, pidiendo sus derechos, o argumentando cuáles son los elementos que considera que deben ser revisados por el ente rector. Debería primero acudir [al CNE] y no estar llamando a acciones violentas de calle […]. Atentar contra Mercal, Pdval, CDI [centros médicos] y los servicios públicos que presta el Estado venezolano, es atentar contra el pueblo”. [6]
El vicepresidente Jorge Arreaza confirmó esas declaraciones e informó de que la oposición, a pesar de sus declaraciones públicas, no realizó ningún trámite formal para exigir una auditoría completa de la elección: “La auditoría del 54 % fue exacta. Para auditar el 46% restante deben solicitarlo formalmente. No lo hacen para generar violencia”. En efecto, como estipula la legislación, se volvió a contar automáticamente el 54% de los votos el mismo día.[7]
El presidente Nicolás Maduro, cuya elección fue reconocida por toda América Latina, la Unión Europea y una gran parte de la comunidad internacional[8], y que se declaró favorable a un recuento con tal de que la oposición haga la solicitud formal, condenó severamente los actos de violencia. “Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia lo que está es llamando a un golpe”, advirtió. Según él, la oposición se encuentra ahora al margen “de la Constitución y la ley”[9], y tendrá que responder de sus actos ante la justicia.[10] Maduro también acusó explícitamente a Capriles de ser responsable de la situación: “Usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando […] y tiene que responder por todo lo que hizo”.[11]
Capriles, quien no dejó de acusar de parcialidad al Consejo Nacional Electoral durante la campaña presidencial, se había mostrado mucho más indulgente hacia la institución durante las elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012. Había una razón para ello: el CNE lo declaró vencedor en el Estado de Mirando y él celebró la decisión. Tras el resultado apretado del 14 de abril de 2013 –213.473 votos de diferencia a favor de Maduro (50,75%)–, Capriles rechazó el sufragio popular. [12] No obstante, durante su elección como gobernador (51,86%), la diferencia con su opositor de izquierda Elías Jaua fue de apenas 45.111 votos sobre un total de más de dos millones. Sin embargo Jaua aceptó su derrota.[13]
Los medios informativos occidentales han ocultado cuidadosamente los llamados de Capriles a la violencia. A guisa de comparación, imaginemos un instante que tras su derrota electoral en mayo de 2012, el presidente saliente Nicolas Sarkozy se hubiera negado a reconocer la victoria de Hollande a causa del resultado apretado (3,28% de diferencia), hubiese llamado a sus partidarios a manifestar en las calles para “expresar la rabia” y que los manifestantes hubieran asesinado a seis militantes del Partido Socialista y a un policía. ¿Acaso habría sido noticia?
La oposición venezolana, mediante la voz de Capriles, que no ha presentado de momento ninguna prueba factual y no ha emprendido ningún trámite legal para rechazar la elección[14], parece apostar por la radicalidad que la llevó a orquestar un golpe de Estado en abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez, con la participación activa de la administración Bush que fue la única, además de España, que reconoció a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, en la actualidad prófugo de la justicia refugiado en Colombia. El propio Capriles participó en la ruptura del orden constitucional asediando la embajada cubana y procediendo al arresto de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Interior y Justicia del gobierno legítimo. Capriles fue enjuiciado y estuvo varios meses en prisión[15]. La derecha venezolana acaba de recibir un apoyo importante a su empresa desestabilizadora: Estados Unidos, que se niega a reconocer la elección de Nicolás Maduro. [16]
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamra...
Tomado de: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article50388
Tras la victoria electoral de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, Henrique Capriles Radonski, rechazó el sufragio popular y llamó a sus partidarios a “expresar la rabia” y la “frustración” en las calles, exigiendo un recuento total de los votos. “Toda esa arrechera descárguela”, declaró en una conferencia de prensa televisiva transmitida por el canal Globovisión, llamando a manifestaciones masivas contra la autoridad electa del país.[1]
Las consecuencias de este llamado del líder de la oposición fueron dramáticas. Los grupúsculos de extrema derecha asesinaron a siete personas, entre ellas a seis militantes socialistas que celebraban la victoria de su candidato y a un policía. Hubo 61 personas heridas.[2] A una militante del partido gubernamental PSUV la quemaron viva y se encuentra en estado crítico. Luisa Ortega Díaz, Fiscal general de la República, condenó los actos de violencia: “La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en estos momentos tienen un grupo de personas”.[3]
Quemaron varios centros médicos, símbolos de los programas sociales que lanzó Hugo Chávez, así como oficinas de la empresa nacional de telecomunicaciones CANTV, almacenes alimentarios gubernamentales (MERCAL), empresas de producción y distribución de alimentos (PDVAL) que pertenecen al Estado así como numerosos servicios públicos y otros comercios.[4]
Capriles, también gobernador del Estado de Miranda, arremetió públicamente contra Tibisey Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE): “Tiene que darse cuenta que decisiones erradas aumentan la conflictividad que existe hoy en el país. Usted tiene la responsabilidad de darles la cara a los venezolanos”. Tras esas declaraciones, la oposición asedió la residencia de la Presidenta del CNE, lo que necesitó una intervención policial.[5]
Sin pedido formal
La Fiscal Díaz condenó firmemente la actitud de Capriles: “Si el candidato que el pueblo no favoreció no está satisfecho con el resultado, tiene sus herramientas para acudir al Consejo Nacional Electoral y agotada la vía administrativa, acude a la vía jurisdiccional, al Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta este momento, el candidato que no fue beneficiado por el pueblo venezolano no ha acudido ante el CNE a intentar ningún recurso, pidiendo sus derechos, o argumentando cuáles son los elementos que considera que deben ser revisados por el ente rector. Debería primero acudir [al CNE] y no estar llamando a acciones violentas de calle […]. Atentar contra Mercal, Pdval, CDI [centros médicos] y los servicios públicos que presta el Estado venezolano, es atentar contra el pueblo”. [6]
El vicepresidente Jorge Arreaza confirmó esas declaraciones e informó de que la oposición, a pesar de sus declaraciones públicas, no realizó ningún trámite formal para exigir una auditoría completa de la elección: “La auditoría del 54 % fue exacta. Para auditar el 46% restante deben solicitarlo formalmente. No lo hacen para generar violencia”. En efecto, como estipula la legislación, se volvió a contar automáticamente el 54% de los votos el mismo día.[7]
El presidente Nicolás Maduro, cuya elección fue reconocida por toda América Latina, la Unión Europea y una gran parte de la comunidad internacional[8], y que se declaró favorable a un recuento con tal de que la oposición haga la solicitud formal, condenó severamente los actos de violencia. “Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia lo que está es llamando a un golpe”, advirtió. Según él, la oposición se encuentra ahora al margen “de la Constitución y la ley”[9], y tendrá que responder de sus actos ante la justicia.[10] Maduro también acusó explícitamente a Capriles de ser responsable de la situación: “Usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando […] y tiene que responder por todo lo que hizo”.[11]
Capriles, quien no dejó de acusar de parcialidad al Consejo Nacional Electoral durante la campaña presidencial, se había mostrado mucho más indulgente hacia la institución durante las elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012. Había una razón para ello: el CNE lo declaró vencedor en el Estado de Mirando y él celebró la decisión. Tras el resultado apretado del 14 de abril de 2013 –213.473 votos de diferencia a favor de Maduro (50,75%)–, Capriles rechazó el sufragio popular. [12] No obstante, durante su elección como gobernador (51,86%), la diferencia con su opositor de izquierda Elías Jaua fue de apenas 45.111 votos sobre un total de más de dos millones. Sin embargo Jaua aceptó su derrota.[13]
Los medios informativos occidentales han ocultado cuidadosamente los llamados de Capriles a la violencia. A guisa de comparación, imaginemos un instante que tras su derrota electoral en mayo de 2012, el presidente saliente Nicolas Sarkozy se hubiera negado a reconocer la victoria de Hollande a causa del resultado apretado (3,28% de diferencia), hubiese llamado a sus partidarios a manifestar en las calles para “expresar la rabia” y que los manifestantes hubieran asesinado a seis militantes del Partido Socialista y a un policía. ¿Acaso habría sido noticia?
La oposición venezolana, mediante la voz de Capriles, que no ha presentado de momento ninguna prueba factual y no ha emprendido ningún trámite legal para rechazar la elección[14], parece apostar por la radicalidad que la llevó a orquestar un golpe de Estado en abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez, con la participación activa de la administración Bush que fue la única, además de España, que reconoció a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, en la actualidad prófugo de la justicia refugiado en Colombia. El propio Capriles participó en la ruptura del orden constitucional asediando la embajada cubana y procediendo al arresto de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Interior y Justicia del gobierno legítimo. Capriles fue enjuiciado y estuvo varios meses en prisión[15]. La derecha venezolana acaba de recibir un apoyo importante a su empresa desestabilizadora: Estados Unidos, que se niega a reconocer la elección de Nicolás Maduro. [16]
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamra...
Tomado de: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article50388
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